La coordinadora del Grupo Multisectorial VIH-Sida, Patricia Ponce, advirtió que la iniciativa para reformar la Ley de Salud de Veracruz y que abroga la Ley Relativa a la Prostitución y Profilaxis Social, significa la “institucionalización” de las violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
Al referirse a la iniciativa presentada ante el Congreso local por la diputada Itzel Yescas Valdivia, en coautoría con el diputado Enrique Cambranis Torres, señaló que violenta acuerdos internacionales sobre el VIH y otros firmados por México desde 1949 con la ONU en donde se establece que no es legal ni obligatorio el control sanitario, tampoco la credencialización forzosa ni las zonas de tolerancia para esta actividad.
“Si se promueven zonas de tolerancia habría que revisar si no hay contradicción con el Código Penal federal que señala que hay lenocinio en donde hay zonas de tolerancia y espacios que alguien va a financiar, que alguien va a regentear y en este caso parece ser que serían los municipios y me parece que sería muy grave y delicado”, dijo.
La activista indicó que esta iniciativa significaría la institucionalización del lenocinio al legalizar lo que actualmente ya hacen los municipios al realizar de manera ilegal la credencialización de las trabajadoras, cobrando por ello y enviándolas a someterse a exámenes médicos que en muchos casos están cargo de “compadres o conocidos”.
“Las supuestas tarjetas de salud se convierten en un permiso para trabajar y un mecanismo de explotación. Muchas veces las mandan a hacerse análisis con el compadre o familiares de quien está en la regiduría de Salud, les cobra, no les hace los exámenes y les dicen que están bien”, acusó.
Patricia Ponce recordó que en una investigación que realizó en 2008 determinó que en el estado de Veracruz había 13 mil trabajadoras sexuales y que a través de las tarjetas de identificación los ayuntamientos obtenían entre 11 y 22 millones de pesos mensuales.
“El tarjetón sirve como un mecanismo de explotación económica y da falsa seguridad; los análisis en algunos municipios se los hacen cada 15 días, en otros cada mes, cada tres o cada seis meses pero no toman en cuenta el periodo de ventana tras una relación de alto riesgo. A través del control sanitario también hay una explotación de la policía municipal a través de operativos porque se les detiene de manera violenta e ilegal, se les viola”, dijo.
A ello se suma que tras conocer que alguna vive con VIH son exhibidas por el propio municipio pues violando la confidencialidad de los exámenes médicos dan a conocer el nombre de personas con VIH.
“Las medidas punitivas no sirven para nada, no hay control sanitario, pero sí sirve como un mecanismo de explotación y enriquecimiento para un montón de servidores públicos”.
En ese sentido, dijo que el control sanitario establece la obligatoriedad de las pruebas de VIH pero es una violación a la Norma Oficial Mexicana 0010SSA que señala que las pruebas de detección deben ser voluntarias, gratuitas y confidenciales.
“Es preocupante que se siga colocando al trabajo sexual como un foco de infección. A ellas se les obliga a someterse a exámenes, ¿y al cliente, al resto de la población? El VIH no se contagia se transmite y no hay enfermedades de transmisión sexual, sino infecciones”.
La activista afirmó que la iniciativa no representa ningún avance sino retrocesos porque la obligatoriedad de exámenes como el VIH deben ser pagadas por ellas.
“Si tienen el tarjetón te dejan trabajar y si no las detienen, te cobran multas, las violan o pagan 200 pesos y aunque no tengas tarjetón o la tarjeta de salud esté vencida te dejan servir trabajando (…) Vemos muchas obligaciones que les imponen pero ni un solo renglón de los derechos que tienen, ni siquiera el derecho a la salud porque este servicio se les niega”.
Por ello, insistió en que el riesgo de que la propuesta sea aprobada es que se institucionalizaría la violación de todos los derechos de los trabajadores sexuales.
“Habrá mayor explotación, implicaría explotación económica por el pago para su protección; además de mayores gastos para trasladarse a las zonas de tolerancia”.
Trabajo sexual se incrementó desde la pandemia
La coordinadora del Grupo Multisectorial VIH-Sida, Patricia Ponce, recordó que en 2008 realizó un diagnóstico sobre el trabajo sexual en Veracruz, con más de 600 encuestas y más de 80 testimonios y en este se observó que el 93 por ciento de las trabajadoras sexuales no tiene estudios; el 70 por ciento carece de vivienda; el 67 por ciento no tiene servicio médico y cerca del 70 por ciento no cuenta con asistencia legal.
Para 2018 eran 13 mil trabajadoras sexuales y eso se sabe porque en los municipios de manera ilegal tienen un padrón con los nombres y datos generales de las trabajadoras.
Sin embargo, la investigadora señaló que tras la pandemia por covid-19 esta actividad se incrementó y por lo tanto el número de personas en condiciones de vulnerabilidad también.
“Dadas las condiciones de este país y de la pandemia, uno de los trabajos que más se expandió fue el trabajo sexual”.
Patricia Ponce dijo que Veracruz es el segundo estado a nivel nacional con más trabajo sexual después de Chihuahua y por ello es necesario atender que el trabajo sexual es un fenómeno multicausal, que ver con desigualdades, falta de oportunidades, por violación de derechos y una cuestión de género.
AVC/Perla Sandoval
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