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Ahora que el influyente diario norteamericano The New York Times revela el espionaje que el gobierno de Enrique Peña Nieto viene realizando en contra de periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y otros actores políticos, y nos enteramos que esa actividad se sustenta en la activación del software de Pegasus en los teléfonos inteligentes, los veracruzanos no nos sorprendemos, eso del espionaje en contra de periodistas y dirigentes de organizaciones políticas es añejo y se recrudeció, por cierto, en el gobierno de Patricio Chirinos, cuando su Secretario General, Miguel Ángel Yunes Linares, invirtió millones de pesos en equipo para instalarlo en la azotea del Palacio de Gobierno, donde puso a trabajar a un equipo de espías profesionales bajo el mando de Enrique Ampudia Mello. La vida íntima de los periodistas estuvo ahí documentada para inhibir, amedrentar, amenazar y difamar a los comunicadores que no se alineaban con él, no con el gobierno chirinista. Hoy que Yunes Linares es gobernador del estado, con la obsesión que tiene para espiar o realizar labores de espionaje en contra de todos los que considera sus enemigos, los pocos recursos de la Sefiplan se deben estar invirtiendo en la adquisición de sofisticados equipos que le permitan al gobernante tener en un puño a todos.  

La reacción de indignación que se percibe en la sociedad veracruzana por las revelaciones que hizo la semana pasada la diputada local panista Cinthya Lobato Calderón, está más que justificadas. No es posible que mientras miles de empleados perdieron su empleo al arranque de la actual administración y millones de paisanos se encuentren en situación de pobreza extrema, los miembros de la bancada panista en el Congreso local dispongan de dinero público para satisfacer sus adiciones personales como es el alcohol, la droga y el pago de prostitutas. Eso es lo que denunció la valiente diputada Lobato mediante un audio que hizo circular entre los medios de comunicación, en el que se escucha cómo increpa fuertemente al diputado Sergio Hernández Hernández, coordinador de la bancada panista y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, quien puso al frente del área administrativa del poder legislativo a un conocido lenón, a su amigo proveedor Carlos Fuentes Urrutia, alias “Chico Fuentes”, quien desapareció ¡73 millones de pesos! que dejó en caja la Legislatura anterior, entrega mensualmente a su jefe Sergio Hernández un millón 600 mil pesos para “gastos personales” además de pagar francachelas, putas y droga para sus diputados, los hipócritas diputados panistas. Si el Fiscal, que ha citado a Lobato a comparecer en el tema de las denuncias, quiere ahondar realmente en el reconocimiento de las fallas señaladas, nomás que se dé una vuelta a la calle de Bucarest, en el Fraccionamiento Monte Magno, en cuya casa marcada con el número 14 se sospecha el intercambio de flujos corporales entre los fogosos panistas y las bellas mujeres que cobran lo que antes decenas de empleados tirados a la calle… ¿Ese fue el cambio? ¡Peores por malos!

La administración de seis meses del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, no pasó la prueba en la elección de ayer. Según los analistas su partido en alianza con el PRD logró un millón 32 mil votos mientras que el resto de los partidos, los de oposición al PAN donde se refugia parte del descontento social sumaron dos millones tres mil votos, más el abstencionismo conformado por los que no creen en ningún partido político, menos en el PAN-PRD en el gobierno, es lo que hay que tomar como referente sobre el rechazo al llamado “gobierno del cambio”. De un padrón electoral de más de cinco millones de veracruzanos, más de la mitad prefirieron no salir a votar o no pudieron por el miedo a ser víctimas de la violencia que se engendró desde las entrañas del poder para evitar hacer realidad la voluntad popular, que en nada favorece a un gobierno que ha decepcionado a los habitantes de esta entidad sumidos en la miseria y la inseguridad.      

Con el anuncio sobre la participación de 5 mil elementos policiacos para ‘garantizar’ la seguridad en los comicios del domingo 4 de junio, los partidos políticos se sienten más inseguros, dada la participación de la fuerza pública en la represión de las protestas preelectorales. La noche del lunes, militantes del PRI rodearon las oficinas locales del OPLE en el Puerto de Veracruz para evitar que, con el pretexto de reparar un error en las boletas impresas (donde el nombre del candidato del PT, Luis Fernando Ruz Bravo, aparece como Ruiz), se utilicen las boletas desechadas para beneficiar al candidato oficialista Fernando Yunes Márquez. Los priistas fueron desalojados violentamente por elementos policiacos, varios de ellos vestidos de civil. En la refriega, los valientes policías descalabraron a tres mujeres y a una jovencita, Margaret Rascón, a quien le fracturaron la mano y el brazo, además de salir con golpes en la cabeza. Los policías patearon a muchas mujeres cuando estaban en el suelo.

La desesperación del gobierno panista ante la inminente derrota de sus candidatos en las elecciones del próximo domingo ha ocasionado que los hechos violentos que se vienen registrando en diversos municipios del estado no se traten de frenar, por el contrario, da la impresión que desde las altas esferas del poder se alientan para crear un clima de ingobernabilidad que inhiba la asistencia de votantes a las urnas. El escenario que tenemos al frente es preocupante, aparte de los municipios que el OPLE considera como “focos rojos” por hechos de violencia que se han registrado en días previos a la elección del domingo 4 de junio, como Coatzacoalcos, Veracruz, Mixtla de Altamirano, Coxquihui y Alvarado, hay muchos más en los que la efervescencia política y los intereses de grupos podrían provocar actos de vandalismo, violencia en contra de votantes e, incluso, funcionarios de casillas, como Papantla, Tantoyuca, Pánuco, Coatepec y Xalapa. En estos municipios, los cacicazgos que ven en riesgo su permanencia en el poder se disponen a reventar el proceso a como dé lugar. Mientras, el PAN en el gobierno contempla cómo se comienza a incendiar el estado.

Personaje clave en el equipo de Enrique Fernández Peredo, candidato de la alianza PAN-PRD a la alcaldía de Coatepec, es el actual regidor séptimo de la comuna, Jorge Salazar Carmona, quien en el periodo de José Manuel Sánchez Martínez  (2011 2013) en la que se desempeñó como Oficial Mayor, dejó una deuda de 80 millones de pesos, protegido por Edmundo Monge Villalobos, actualmente regidor cuarto. En la rebatinga del poder, ubican a Salazar Carmona en la tesorería, tal vez por eso el fuego amigo le ha sacado a relucir su homosexualismo. Jorge Salazar Carmona es el verdadero artífice de Cydiver, la asociación patito que impulsó a Enrique y, según redes sociales, se caracteriza de rodearse de jovencitos, por lo que en el Pueblo Mágico se le conoce como George y sus niñas. Al jalarlo, el hilo de esta madeja nos lleva  a la Casa de Nuestra Señora de la Paz en el poblado de Teocelo, donde se practican retiros y otras cosas: hace tiempo, el padre Francisco Javier Hoyos Gálvez, director de la mencionada institución, descubrió en pleno trance a Enrique Fernández Peredo con Jorge Salazar Carmona, a los que corrió para siempre de ese centro; posteriormente, el padre Hoyos Gálvez permaneció nueve años en la iglesia de San Jerónimo adquiriendo fama como el enlace para conseguir obra y permisos para fraccionamientos en el Ayuntamiento de Coatepec.

Aunque fue exhibida por el dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), Gonzalo Guízar Valladares, de que solo ella había declinado, no la planilla, el caso de la doctora Brenda Blanco Aguilar, quien renunció a la candidatura del PES a la alcaldía de Xalapa para sumarse a la candidatura de la alianza PAN-PRD, que ostenta Ana Miriam Ferráez, es una de tantas muestras que hay sobre las acciones que viene realizando el Partido Acción Nacional en el poder para tratar de ganar las más importantes alcaldías el próximo domingo 4 de junio. En Coatepec hay una campaña de desprestigio en contra del candidato de Morena, Raymundo Andrade Rivera, la cual se orquesta y opera desde la Subsecretaría de Gobierno, dependencia a cargo de este “paquete” para favorecer al abanderado del PAN, Luis Enrique Fernández Peredo. En Tantoyuca, donde la candidata del PRI, Sara Iraís Morales López, cuenta con amplias posibilidades para tumbar un cacicazgo de más de 20 años impuesto por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, a través de su hermano Amado, se ha recurrido al apoyo de la célula delincuencial a su servicio para amenazar a los ciudadanos con matarlos si no votan por el PAN o si este partido pierde, algo similar a lo que ocurre en el municipio de San Rafael, donde el alcalde Héctor Lagunes trata a toda costa de lograr el triunfo de su hijo Luis Daniel, candidato de la alianza PAN-PRD, y no se detiene en gastos y en amenazas directas. La desesperación del neopanismo en el poder está a flor de piel en forma peligrosa, y son capaces, en municipios como Xalapa donde ya contrataron golpeadores, de reventar el proceso mediante operativos violentos.

Aunque tiene sentido electoral, no deja de alegrar a muchos veracruzanos (en especial, reporteros y algunos empresarios mediáticos) la detención este sábado de Gina Domínguez Colío, exvocera de Javier Duarte de Ochoa, quien pasó de una humilde reportera a una empresaria millonaria en tan solo cuatro años de estar al frente de negocios al amparo de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), donde se habla de contratos con empresas fantasma, al igual que su sucesor, el diputado federal con fuero Alberto Silva Ramos. Este sábado, como es costumbre de la Fiscalía General, Gina Domínguez cayó en Pacho Viejo, donde la jueza de control dictó prisión preventiva de un año por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en contra del servicio público, agrandando su leyenda. La FGE acusó a la exvocera de un presunto quebranto de 100 millones de pesos durante su encargo en la CGCS, entre 2010 y 2014. Los priistas deben estar recriminándose no haber tenido los aprestos necesarios para despojarla de la presidencia de la Fundación Colosio, pese a que debieron haberla despojado de su carácter de militante priista por estar en investigación ministerial, y hoy deben cargar (a casi una semana de concluir las campañas para la elección municipal) con la deshonra de una ladrona manifiesta entre sus filas.

En el municipio de Playa Vicente apareció ayer un tráiler de la Secretaría de Salud con los logotipos de la dependencia y otras identificaciones, medio tapadas. En ese enorme autobús se transportaron toneladas de propaganda a favor del candidato del PAN a la presidencia municipal, Gabriel Antonio Álvarez López. Los encargados del transporte eran esperados por operadores políticos de Acción Nacional, quienes fueron llamando a los habitantes para que treparan al tráiler, les entregaran los accesorios de propaganda electoral y descendieran. Así como este ejemplo, abundan por toda la geografía veracruzana, otros casos de transportes oficiales que están siendo utilizados por el Partido Acción Nacional para llevar a los municipios donde tienen candidatos, propaganda para comprar el voto ciudadano del 4 de junio. Es a todas luces una elección de Estado peor que las que hicieron los priistas cuando estuvieron en el poder, con un mayor alarde de cinismo, con cargamentos que ofenden la miseria de los veracruzanos y con el apoyo del panismo en el gobierno. No sabemos qué espera el OPLE para actuar, porque denuncias en contra del panismo abusivo y gandalla ya las han hecho los candidatos de otros partidos afectados. ¿Tendrán miedo los consejeros del OPLE de ser víctimas de la ira del mandatario por aplicar castigos a los delincuentes electorales del PAN?... Al parecer, sí, lo malo es que nuevamente se pone en juego la validez de un proceso electoral que debiera ser limpio.

Casi todos los gobernantes traen consigo a un colaborador que, sin importar sus capacidades o su preparación, se convierten en los hombres poderosos del régimen, algo así como el alter ego del gobernante en turno. Estos afortunados personajes representan el hijo que no pudieron tener o la figura en la que se sienten reflejados. Fidel Herrera Beltrán, por ejemplo, se veía en Erick Lagos Hernández, un joven ladino, abusivo, con una cleptomanía incontrolable y una proclividad al sexo (indistinto), a quien El Tío le perdonaba todo, se lo tomaba como “travesuras” de un adolescente. Javier Duarte de Ochoa tuvo en Alberto Silva Ramos, “El Cisne”, a un ejemplo que intentó seguir; por eso lo nombró “el rey de la perversidad”. Silva fue, en el sexenio de Duarte, aquello a lo que “el gordo” aspiraba a ser: además de adicto a muchas cosas, entre ellas el dinero, presuntuoso y arrogante. Duarte se veía en Beto Silva cuando tuviera más edad, su alter ego, de ahí que le perdonara todos sus excesos, todos sus dislates y todas sus tranzas. Ese fenómeno lo vemos hoy con el joven Fiscal, Jorge Winckler Ortiz, el que usa el poder para cobrar venganzas, el que humilla a los más necesitados de justicia, el que ofende a los diputados tildándolos de “corruptos”, el que desprecia a todos los que reclaman su atención porque es el Fiscal. Y tan protegido está por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que, a pesar de no contar con el perfil, lo impuso como Fiscal y, a pesar de sus constantes pifias, lo defiende contra todo porque seguramente se ve en él.