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Miguel Ángel Yunes Linares dejó dos estacas clavadas en el nuevo gobierno para que respondan a sus intereses y traten, a toda costa, de impedir el avance de Veracruz con Cuitláhuac García como gobernador del estado. Uno es el multicitado en todas las publicaciones Jorge Winckler Ortiz, Fiscal del Estado, a quien todo mundo aborrece pero que en cumplimiento de las órdenes que le manda su jefe nato Yunes Linares, se agarra de lo que sea con tal de que no lo echen de la Fiscalía. La otra es la seudoperiodista y peor política María Josefina Gamboa Torales, diputada local, quien en completo estado de ebriedad asesinó a un joven en el puerto de Veracruz en los momentos en que conducía su automóvil con cuando menos un litro de caña entre pecho y espalda, por lo que en la inconciencia etílica y corriendo a toda velocidad dio fin a la vida del joven José Luis Burela López, de 30 años, cuando éste intentaba cruzar la avenida en la que se topó con el vehículo de la entonces directora del Instituto de la Mujer del municipio de Boca del Río. Y ya es algo común que en las sesiones del Congreso la autollamada “Marijose”, suba a tribuna únicamente para insultar a sus homólogos, solo que de Morena, a los que grita ¡patanes! y otras lindezas, en evidente estado de ebriedad pues no deja de mascar un chicle que apenas le permite hablar. Ya es tiempo de poner a cada quien en su sitio y hacerles entender que no son más que servidores públicos, en este caso representantes populares, y no empleados del anterior gobernador quien los manipula para ofender a los adversarios políticos con palabras soeces y no con planteamientos inteligentes que hagan crecer el nivel del debate. Gamboa Torales se comporta como “La Chupitos” en el Congreso.

El cambio pacífico que el gobierno de Morena propuso, no solo para Veracruz sino en todo el país bajo la inspiración de su líder máximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya está causando las primeras manifestaciones de inconformidad entre la ciudadanía que, angustiada, ve cómo los perversos de los gobiernos anteriores, corruptos y criminales, siguen haciendo de las suyas sin que una autoridad los detenga. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares lo advirtió y lo está cumpliendo, los esfuerzos que hace por enlodar la imagen del gobierno de Cuitláhuac García están dando los resultados que él quiere, provocar que los veracruzanos se inconformen responsabilizando al morenismo por dejar en libertad a peligrosos delincuentes, como Arturo Bermúdez Zurita, señalado de 15 desapariciones cuando se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, cuando el Fiscal Winckler integró mal, a propósito, los expedientes de este y otros delincuentes que han logrado su libertad en los primeros día del gobierno morenista. La idea era responsabilizar al de Morena de haber pactado con ellos impunidad. Lo malo del caso es que el gobierno de Cuitláhuac pierde el tiempo combatiendo a Yunes y Winckler con amenazas, con revelaciones sobre sus actuaciones, es decir, solo mediáticamente, cuando tienen en sus manos el instrumento más poderoso que es el Estado. ¿No tendrán, en las filas del nuevo gobierno, a un abogado competente que les diga cómo denunciar a Yunes, con las pruebas que tienen, por los actos de corrupción que cometió para meterlo a la cárcel y que le pare ya con sus acciones perversas; no les podrán orientar sobre las mil formas que hay para echar del cargo de Fiscal a Jorge Winckler, en vez de andar pidiendo a los veracruzanos que opinen si se va o se queda, mientras hay un Congreso en donde estamos representados? En vez de amenazas mediáticas y de perder el tiempo en ruedas de prensa, hay que actuar ¡ya!

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república y de Cuitláhuac García Jiménez a la gubernatura del estado, permite presumir a la mayoría de los ciudadanos que por fin vivimos en otro país y en otro estado. En el discurso, sobre todo el de López Obrador, las cosas han cambiado: no más corrupción, no más abusos de autoridad, no más uso del poder con fines personales y para beneficio de una camarilla en el poder. El poder, quiso decir, pasó a manos del pueblo y este pone o quita. Entre los ciudadanos hay fiesta, hay esperanza, existe la idea de que la delincuencia va a disminuir y que la corrupción es un cáncer que ha quedado extirpado para siempre. Pronto volverán a recibir sus ayudas los adultos mayores de 65 años; los ninis serán contratados con un sueldo de 3 mil 500 pesos, para que no se dediquen más a pensar en cosas malas; se comenzará a construir una refinería en Tabasco y se rehabilitarán las que están funcionando mal para procesar nuestro petróleo y producir gasolina y, con ello, baje el precio de este combustible; llegarán los recursos al campo para detonar la producción y los labriegos puedan acceder a una mejor forma de vida arraigados a sus tierras; se creará un comité de recepción para los cientos de inversionistas que se dejarán venir a México a instalar en nuestro país sus empresas con lo que se crearán miles y miles de empleos; la nueva policía conformada por militares, marinos y las corporaciones estatales les dará su merecido a los miembros de la delincuencia organizada y aunque a Enrique Peña y su camarilla no se les moleste ni con el pétalo de una rosa por haber endeudado al país con ¡cinco mil billones de pesos! más, que se vayan a disfrutar sus fortunas porque aquí no queremos hacer circo, no queremos perseguir a nadie, esa no es la misión de la cuarta transformación…  ¿A poco no somos otro país?

En cumplimiento de la ley que él mismo ordenó reformar a sus vasallos del Congreso Local anterior, para cambiar el formato del informe, Miguel Ángel Yunes Linares acudió este jueves a comparecer ante los miembros de la nueva Legislatura del Estado, con motivo de su segundo informe de “gobierno”. Desde muy temprana hora se apersonaron en la entrada del palacio legislativo personas bien vestidas quienes con su presencia impidieron el paso hasta que abrieron las puertas y corrieron a ocupar todas las butacas del lunario para desde ahí aplaudir todas las intervenciones del aun titular del Ejecutivo, o sea, mandó a sus porristas. El discurso del gobernante saliente fue el mismo que hemos escuchado a lo largo de este año: el combate a los corruptos del pasado, la disminución de la delincuencia, la atención a los veracruzanos a través del sector salud, con dinero del decomisado a Javier Duarte; la reconstrucción de la infraestructura carretera (quién sabe cuál) y los grandes logros de su mini administración que los veracruzanos reclaman y que solo él y sus aplaudidores pagados reconocen. Fue la comparecencia de un mitómano profesional que no acepta que en las urnas los veracruzanos calificaron su fracasado paso por la gubernatura, lo que hizo que su hijo perdiera la elección y se fuera al bote de la basura el proyecto trasexenal que traía para permanecer cuando menos dos sexenios en el poder a través de sus hijos. Los diputados de Morena fueron severos en sus juicios, como era de esperarse, y el señor saltó un obstáculo más en su huida tras concluir el más desastroso de los gobiernos que de que tengamos memoria los veracruzanos.

Durante su comparecencia en el Congreso del Estado, el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, dijo que el gobernador que se comprometió a acabar con la inseguridad en Veracruz en menos de seis meses, sin cumplirlo, tras dos años de gobierno deja a Coatzacoalcos y los municipios del sur de Veracruz con índices tan graves que están por arriba de los estándares internacionales. Cuando asumió el poder Yunes Linares, en Veracruz operaban abiertamente, en complicidad con el gobierno de Javier Duarte, solo dos cárteles: el de Los Zetas y el de Jalisco Nueva Generación; hoy hay que sumar el de Los Zetas 35, el de Las Sombras y el de Sinaloa, es decir, se multiplicó a cinco la presencia de organizaciones delictivas en vez de disminuir como lo había ofrecido el gobernante. Y cuando Téllez Marié fue cuestionado por su relación con miembros de los carteles, con cinismo reconoció que en su momento se apoyó de Guadalupe Hernández Hérviz, “La Jefa”, para detener a Hernán Martínez Zavaleta “El H”, presunto líder de los Zetas, que se codeaba con los empresarios de Coatzacoalcos, municipio en donde se ha implementado el mayor número de operativos en coordinación con fuerzas federales. Narró que la mujer en cuestión es sobrina de un amigo suyo, quien le contactó para informarle que su familiar ofrecía datos sobre la operación delictiva de un delincuente. Dijo que, gracias a esta comunicación, lograron detener a Hernán Martínez Zavaleta, “el H”, jefe de plaza de la organización criminal Los Zetas, “quien se movía entre la sociedad de su distrito y nadie lo denunciaba”. Al respecto, en el sur de Veracruz se sabe que la relación de “El H” con el actual gobierno fue traicionada por el estado luego de que trascendieron a los medios fotos comprometedoras de importantes actores políticos con el delincuente. En tiempos de hacer recuentos, el saldo que deja Yunes en materia de inseguridad puede considerarse por encima de los estándares internacionales.

En el medio político local ha sorprendido la acción de la activista y excandidata de Morena a la diputación local por Boca del Río, Silviana Rivera Figueroa, quien acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar denuncia en contra del exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, por actos de corrupción relacionados con la construcción del Foro Boca y la modificación de su decreto. En esta ocasión, Silvana Rivera se presentó en la Fiscalía para dar seguimiento de las dos denuncias interpuestas en junio de 2015 ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Fepade y la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente. Dijo que la posesión de la superficie donde iban a construir el Foro Boca era de la compañía La Bocana del Corsario y no tenía la autorización del ayuntamiento local. Afirma la denunciante que con las afectaciones del medio ambiente siempre se termina en hechos de corrupción, y que si pudieron clausurar en su momento la construcción del Foro Boca, ahora podrán demostrar otra vez que nunca tuvieron la posesión legal y se puso en riesgo el presupuesto y la obra pública. Lo más grave de este asunto, que se incluye en una nueva denuncia, es que mediante acciones legaloides Miguel Ángel Yunes Márquez se ha querido quedar con la propiedad del Foro Boca lo que se debe impedir porque ese inmueble se construyó de manera ilegal y con dinero de los boqueños. El nuevo gobierno morenista tendrá que revisar a fondo cómo está este enredo que lleva a una sola conclusión: se trata de un intento de parte de los Yunes de quedarse con otro inmueble propiedad en este caso del municipio de Boca del Río. No tienen llenadera.

De jugador compulsivo, tramposo y corrupto no han bajado al diputado panista Juan Manuel de Unanue, quien fungió en la anterior Legislatura como Presidente de la Comisión de Vigilancia a través de la cual incurrió en delitos como la extorsión en contra de cerca de 40 exalcaldes que tenían problemas para solventar faltantes millonarios de la cuenta pública 2017, de lo que Unanue se aprovechó para extorsionarlos usando el mecanismo propio “de la casa Yunes”. En complicidad con el también diputado Rodrigo García Escalante, vocal de la misma comisión y del también diputado suplente José Luis Enríquez Ambell, presidente de la comisión de Justicia, usando los servicios de Carlos Ochoa Lendechi, director de Auditoría de la anterior Legislatura, Unanue se encargó de contactar personalmente a los alcaldes con mayores irregularidades (cantidades que no justificaban de la cuenta 2017) y se los traía a Xalapa, donde en una oficina que se encuentra en la avenida Orizaba número 87 del Fraccionamiento Veracruz, sitio en que funcionan los laboratorios Guerrero, los vivales se entrevistaban con el “cliente”. Unanue, García Escalante y Enríquez Ambell les hacían el planteamiento: si entregas el 30 por ciento de lo que te robaste, nosotros nos encargamos de limpiar tu cuenta y no tendrás más problema. No se sabe cuántos cayeron pero al parecer fueron la mayoría, el problema se presentó con quienes no tuvieron el dinero para pagar la extorsión y fueron amenazados con procesarlos y meterlos a la cárcel por el faltante que presentaba su cuenta. Ellos, espantados, recurrieron a diputados electos de Morena a quienes les externaron su temor y con eso se detonó el problema en contra de quienes actuaban como vulgares delincuentes, extorsionadores, valiéndose de una facultad que no les correspondía, que era la revisión y aprobación de la Cuenta Pública 2017. La nueva Legislatura ya investiga estos hechos y seguramente habrá consecuencias, sobre todo contra el hampón Juan Manuel de Unanue y sus cómplices, rateros que llegaron al Congreso gracias al gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares y aplicaron todas sus enseñanzas en materia de raterías. Por cierto, el señor Carlos Ochoa Lendechi, desde que tronó este asunto, no volvió al Congreso, es más, sus cercanos comentan que huyó del país.

¿Qué esperaban los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) ahora que son minoría, que por los abusos que cometieron en la pasada Legislatura los premiaran?... No tienen tantita progenitora cuando se quejan de que los diputados de Morena “los agandallaron”, quedándose con las principales comisiones del nuevo Congreso, cuando ellos no solo hicieron lo mismo sino que además de quedarse con las principales comisiones para proteger a los suyos (gobernador y presidentes municipales), se quedaron con la Junta de Coordinación Política los dos años que estuvieron disfrutando a placer de la posición de diputados, pasando por el arco del triunfo reglas internas del Congreso y acuerdos tomados al inicio de su gestión. Impusieron como fiscal al abogado de la familia Yunes Linares, Jorge Winckler Ortiz, por órdenes directas del gobernador, limpiaron los actos de corrupción que cometieron los funcionarios yunistas, las irregularidades que se presentaron en el presupuesto estatal de 2017, impusieron como Fiscal Anticorrupción a Marcos Even Torres, un sicario de la política, corrupto excolaborador de Javier Duarte; dispusieron de los fondos del Congreso para entregar fuertes sumas de dinero a la dirigencia estatal del PAN (a Pepe Mancha), gastaron a través de Chico Fuentes en francachelas en las que corrían ríos del alcohol, se dotaba de droga a los adictos panistas y se les contrataba prostitutas y, para algunos efebos, que es lo que consumen; se pagaron un viaje en avión a Cancún para estar presentes en la boda de uno de los suyos, mantuvieron aviadores (familiares), pagaron millonarias sumas de dinero a seudoperiodistas que dieron de alta empresas fantasma de medios como fue a la mamá del propio Pepe Mancha y, finalmente, basificaron a 70 personas (entre ellas, varias jóvenes) y todavía querían las presidencias de las principales comisiones. ¿No se darán cuenta que los veracruzanos los detestan, que lo que desean es que los enjuicien y metan a la cárcel por todo lo que han hecho? Y todavía se atreven a quejarse de que solo les tocaron 10 presidencias de comisiones sin importancia.

Mientras los veracruzanos padecemos los últimos días de un gobierno autoritario que se encumbró en el poder gracias al odio que generaron los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, presenciando ejecuciones de jóvenes inocentes que son víctimas de los chacales que operan con toda impunidad en el estado, o de la misma policía que debe estar compuesta por miembros de las bandas delictivas, con uniforme, armas y vehículos oficiales, pagados por nosotros; conviviendo con un gobierno que no alcanza a convencer al pueblo de su presunta inocencia en los crímenes que se cometen a cada rato por todo el territorio… mientras eso sucede, desde su celda, Javier Duarte de Ochoa gana batallas legales que lo ayudan a ponerse cada vez más cerca de la libertad. La Procuraduría General de la Republica (PGR) recibió otro revés en el caso contra el exgobernador de Veracruz. Un juez federal determinó que es ilegal toda la información financiera que presentó la PGR en el proceso contra Javier Nava Soria, un contador involucrado en la red de empresas que desviaron dinero en el gobierno de Duarte, porque fue obtenida sin orden judicial,es decir, de forma ilegal, como la que obtuvo Miguel Ángel Yunes de toda esa banda. El juez Marco Antonio Fuerte Tapia invalidó 10 estados de cuenta, el testimonio de 10 funcionarios de bancos y un dictamen de contabilidad de la PGR, al estimar que derivan de un acto que debió contar con la autorización de un juez. La decisión, que pone en grave riesgo el caso contra el procesado, se basa en el criterio aislado dictado el 22 de noviembre de 2017 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que califica de inconstitucional el acceso a informes bancarios sin permiso judicial… Y pensar que posiblemente Yunes ya no alcanza a Duarte en el penal.

Con la toma de protesta del nuevo Congreso local, se inicia en Veracruz formalmente el cambio de gobierno. Quedan atrás dos años de tragedias, de más saqueos, de rezago social, de inseguridad, de despidos injustificados de burócratas en el gobierno estatal, de abusos de parte de quienes formaron parte de esta pandilla de delincuentes y de una situación social más crítica que la que vivimos con Javier Duarte, a quien los yunistas han superado por mucho. Se va quien nunca debió ocupar la gubernatura, el represor del chirinato, cuando demostró su vocación como tal, el corrupto que no ha dejado escapar la mínima oportunidad para corromperse, el traidor que gracias a esa deleznable práctica ha logrado escalar los espacios más importantes de la vida política nacional para conseguir cargos rentables política y económicamente, el enemigo no tanto de Fidel y de Javier sino de todos los veracruzanos a los que desprecia, como lo demostró estos dos años y que hoy odia por no haber elegido a su hijo como su sucesor. Se van para siempre porque los veracruzanos jamás los volverán a elegir en un cargo, tras esta amarga experiencia que enlutó miles de hogares, que dejó en la miseria a otros miles de paisanos, que humilló a través de sus improvisados y pedantes colaboradores, que engañó con infinidad de promesas que nunca cumplió, que usó el aparato oficial y los recursos de los veracruzanos (miles de millones de pesos) para imponer a un hijo que mostró ser peor que el padre… ¡Hasta nunca! Y es cierto, como dice el pueblo, que no debieran estar en una clínica siquiátrica, no, ¡deberían estar en la cárcel!