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La ligereza que usa el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos para criminalizar a los periodistas es digna de una denuncia de tipo penal, para que pruebe sus dichos y comience a entender que la prensa juega un papel muy importante en el desarrollo de una comunidad, municipio, estado o país; que existen periodistas serios, respetables, con los que como funcionario está obligado a tratar y atender. Pero no, recientemente tasó a los periodistas como socios de la delincuencia organizada, aprovechando la presencia de siete que estuvieron reporteando para sus medios los hechos violentos de Isla, en los que fueron golpeados y agredidos por elementos de la policía del estado. El agrónomo Cisneros lanzó esta grave acusación: “A los periodistas que estuvieron en el lugar de los hechos (Ciudad Isla), los reclutaron miembros de la delincuencia organizada para que difundieran lo que ahí estaba pasando”. Con ello dio a entender que los periodistas tienen relación de negocios con los delincuentes, que les pagan para que difundan lo que los malandros les piden, y no es así, a menos que Eric Cisneros, a quien acusan de haber traído al estado a un comando de 80 sicarios para usarlos cuando “sea necesario”, pruebe que su dicho es cierto. La animadversión hacia los representantes de los medios de comunicación de parte de este señor, que en mala hora sorprendió la buena fe del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que lo dejara al frente de la segunda posición más importante del poder Ejecutivo, se hizo notar desde su llegada a la entidad, procedente de Baja California, de donde al parecer es originario. Cisneros se llenó de soberbia cuando se dio cuenta que podía colocar en cargos de primer nivel a sus amigos e incondicionales. La Fiscalía, el Orfis, órganos autónomos, sintieron la presión de Cisneros cuando éste impuso a quien más le convenía al frente de esos cargos y luego les mandó una manada de recomendados que llegaron a desplazar a trabajadores con mucha antigüedad, quienes fueron corridos para satisfacer las ambiciones insaciables de poder del señor Secretario. Tiene a su disposición la Editora del Gobierno del Estado, donde le maquilan lo que quiera por cuenta del erario estatal; tiene su propio canal de televisión, pues a RTV mandó a su sobrino Víctor Hugo Cisneros Hernández, y tiene además una dirección de asuntos municipales, que debiera estar dedicada a las relaciones del gobierno con todos los municipios pero se dedica a la elaboración de una revista de súper lujo en la cual únicamente se publican entrevistas con el Secretario de Gobierno… La indignación que hay en el gremio periodístico ante estos lamentables hechos ha trascendido las barreras del estado y se ha convertido en tema nacional e internacional… Una más que le endosa Eric Cisneros al gobernador Cuitláhuac García, en su tarea de acrecentar la mala imagen del gobernante con tal de sucederlo en el cargo el primero de diciembre… Ojala se le cebe, como dice el gobernador.

Tienen razón los dirigentes de los nuevos partidos políticos Cinthya Lobato Calderón, de “Unidad Ciudadana” y Jesús Vázquez González, de “Todos por Veracruz”, organizaciones partidistas locales en gestación, cuando opinan que las críticas que se hacen al gobierno de la 4T van encaminadas a corregir errores y enderezar el rumbo, porque todos los mexicanos deseamos que le vaya bien al país y los veracruzanos a su estado. Sin embargo, los integrantes de los gobiernos tanto el federal como el estatal, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han mostrado intolerantes ante la crítica, no admiten que como seres humanos que son pueden equivocarse, se sienten infalibles y todos los que piensan distinto a ellos, en vez de considerarlos aliados, críticos positivos, son enemigos del sistema, conservadores dolidos ante la derrota de los candidatos de sus partidos y, en consecuencia, de la pérdida del poder, cuando lo que realmente se quiere es que todos vayamos por el rumbo correcto bajo la consigna de: si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Nada como la intolerancia y el rechazo sistemático a la crítica. López Obrador será considerado por la historia del país como el mejor crítico del anterior sistema, como el contrapeso de una dictadura que padecimos por muchos años y que nos llevó al fracaso, pero como gobernante se está comportando igual que lo que tanto criticó: dictatorial, intolerante, impositivo, y represor. Lo que no toman en cuenta los miembros de esta llamada Cuarta Transformación es que, ante los errores graves que están cometiendo en el ejercicio del poder, lastiman y humillan a muchos mexicanos que se sienten decepcionados de un proyecto que apoyaron con la intención de mejorar sus condiciones de vida y esto no ha pasado, al contrario, la pobreza y el desempleo se han incrementado, la violencia está incontenible, los precios de los impuestos los dispara el gobierno… y de beneficios, nada. Ya veremos en las próximas elecciones cómo se comporta el electorado ante nuevas opciones partidistas como las que mencionamos al inicio, con ideas frescas, practicas, producto de la experiencia política de quienes encabezan los nuevos partidos… el futuro es de ellos.

Luego de conocer el segundo informe de la Cuenta Pública 2018, las carcajadas de El Estero se escuchaban hasta el Congreso del Estado. Y no es para menos, de un plumazo, el ORFIS borró observaciones a la administración de Miguel Ángel Yunes por al menos mil 446 millones de pesos, al reducir de 4 mil 500 mdp a sólo 3 mil 054 mdp, al tiempo que la nueva revisión ordenada por Morena en el Congreso redujo de 11 a 9 las dependencias con observaciones.

Durante el gobierno anterior, el de Miguel Ángel Yunes Linares, los grupos de madres de desaparecidos recurrieron al padre Alejandro Solalinde para poder continuar con su tarea de búsqueda, dado que el gobierno en turno, a través de la Fiscalía que presidía Jorge Winckler Ortíz, intimidaba a las personas para que desistieran de su intención de seguir descubriendo narcofosas. Cuando el sacerdote cesado de su ministerio recorrió algunas regiones del estado en compañía de grupos de madres de desaparecidos, en una conferencia de prensa definió a Veracruz como “un cementerio”, por la cantidad de fosas que habían detectado y que la autoridad se negaba a abrir para saber cuántos cadáveres se encontraban en esos sitios y hacer los estudios de ADN necesarios para su identificación. Pese a que Solalinde se retiró de este asunto, los grupos continuaron su lucha y sus denuncias con escasos resultados. Hoy, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha asumido un importante compromiso: recorrer con ellos las fosas de "Arbolillo", en Alvarado, en compañía de las integrantes del colectivo, para constatar los trabajos que se realizan en ese predio tras la ineficiente búsqueda que realizó la Fiscalía General del Estado en la pasada administración estatal. Rosalía Castro Toss, integrante del colectivo, afirmó que tras la reunión que sostuvieron el sábado con el mandatario estatal, la Comisión Estatal de Búsqueda, Servicios Periciales y Comisión Estatal de Derechos Humanos, se acordó hacer una visita conjunta en el predio donde se localizaron las fosas. “El Gobernador quedó con nosotros de ir a Arbolillo, ya nos dijo que nos va a dar fecha para acompañarnos en próximos días para que vea cómo estamos trabajando, sobre todo porque se han encontrado más de 300 restos. De él salió la petición de acompañarnos físicamente en el predio, nosotros se lo íbamos a pedir para que viera”, explica Rosalía Castro. Lo anterior se produjo durante la reunión mensual que realizan autoridades y colectivos, que duró aproximadamente 5 horas; los familiares hicieron peticiones y se firmó una minuta sobre lo hablado en la mesa. Además del colectivo “Solecito”, estuvieron presentes los integrantes de Red de Madres, Colectivo Cardel y Por la Paz de Veracruz. Para las madres de decenas de desaparecidos, la buena voluntad que muestra el gobernador para dar con su paradero es sin duda una luz en el sinuoso camino que han venido recorriendo desde hace varios años.

La expresión ofensiva y vulgar que tuvo el gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, al referirse a los empresarios que se oponen a pagar nuevos impuestos comparándolos con “puercos que chillan porque están atados a un cerco”, es el reflejo del comportamiento del mayor número de funcionarios de los gobiernos surgidos de Morena, comenzando con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes se olvidan que la lucha por los votos ya terminó, que ahora son gobierno, pero no solo para los 30 millones de mexicanos que votaron por ellos sino para los más de 100 millones de habitantes de este país, militantes de todos los partidos políticos o la mayoría sin partido, y que se convirtieron en servidores públicos no enemigos de quienes ellos siguen considerando adversarios políticos a los que hay que denostar, humillar, pisotear, ningunear y hacerles sentir el poder en una especie de resentimiento social que traen por tantos años de saqueo y abusos en que incurrieron los gobiernos emanados del PRI y del PAN. Somos millones de mexicanos los que queremos que las cosas cambien pero para bien, que estábamos deseando que llegaran al poder personas con vocación de servicio y conducta ejemplar, pero nos encontramos con que quienes están al frente de las instituciones en su mayoría son analfabetas funcionales sin experiencia en la administración pública, dispuestos a desquitar su enojo social con quien se les pare enfrente o con quienes ya estaban en las dependencias que les encargaron y, lo peor, dispuestos a enriquecerse de la trampa, la transa, el robo a las arcas, la corrupción y el abuso del poder, peor que como lo hicieron los que les antecedieron. Seguir insistiendo en el insulto, las ofensas contra quienes opinan diferente a ellos, las venganzas sin sustento, dividiendo al país, los llevará inevitablemente a concluir su actuación como funcionarios más pronto de lo que esperaban. O gobiernan para todos con respeto o a la primera de cambio se van.  

Jazmín Martínez Irigoyen, síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, enfrentará juicio de procedencia a solicitud de la LXV Legislatura del Estado. Durante la sesión del Congreso, se informó que luego de un acuerdo al interior de la Junta de Coordinación Política, la edil enfrentaría la misma suerte que integrantes del Ayuntamiento de Actopan. En la sesión de este jueves, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó al Congreso local la suspensión y revocación del mandato del presidente municipal y síndica de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Yasmín Palmeros Barradas, respectivamente. Derivado de distintos señalamientos por actos irregulares al interior del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, los diputados anticiparon la decisión. Comienza la barredora.

Con un monto de aproximadamente 20 millones de pesos, autoridades del sector Salud detectaron un robo de medicinas de sus almacenes en Xalapa y Veracruz. Es verdaderamente indignante que este tipo de saqueos a los recursos públicos se presenten en la Secretaría de Salud porque, además de que no son nuevos, el hecho de que sigan ocurriendo quiere decir que las nuevas autoridades, encabezadas por el polémico doctor Roberto Ramos Alor, con un año de antigüedad en el cargo, sigue solapando el saqueo del que ya se convirtió en cómplice. El robo de medicamentos afecta directamente a los pacientes y pone al filo de la sospecha a personal médico, de enfermería y administrativo que labora en esa dependencia. Hay que recordar que, en 2014, el entonces Secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, presentó una denuncia en contra de quien resultara responsable por el robo de medicamentos en hospitales, que no fue atendida por la Procuraduría General del Estado, por el contrario, fue encubierta, lo que a la postre costó el cargo a Nemi. Y aunque el robo data de muchos años atrás, en todos los hospitales ya hay un área especializada para detectarlo. En el Cecan (Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa”), por ejemplo, cuando hubo robo de medicamentos en contubernio con los laboratorios y daban pura agua, se hizo todo un escándalo pero no se procedió contra los responsables. El asunto no es menor, hay medicamentos de los que roban que se usan para aminorar los síntomas del cáncer, que tienen un valor en el mercado de hasta 20 mil pesos, lo que resultó “un jugoso negocio” entre el laboratorio y autoridades de las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, en cuyos periodos se detectó abiertamente el saqueo. Con Miguel Ángel Yunes Linares no desapareció, al contrario, se encubrió con mayor empeño para que no trascendiera a los medios de comunicación y a la opinión pública. Lo criticable en este momento para el doctor Ramos Alor, recomendado de la secretaria de Energía Rocío Nahle, es que conociendo el problema tampoco lo ha tratado de parar, y los trabajadores de la dependencia opinan que el señor está haciendo un “cochinito” para la campaña de su protectora, que romperá cuando sea la campaña al Gobierno del Estado. Urge que las denuncias que se han presentado por este cínico robo sean atendidas, de lo contrario, los veracruzanos seguiremos siendo víctimas de autoridades corruptas que solo llegan a los cargos para robar, como lo ha demostrado Ramos Alor.

Mientras el alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero no muestra ni capacidad para organizar a los comerciantes adheridos a la agrupación VIVE con quienes trae un pleito por la Plaza Lerdo, el Gobierno de Veracruz organiza eventos propios de la temporada decembrina que debieran ser competencia de la administración del (dizque) académico. Pero, no. Por ello ha entrado al quite la Secretaría de Gobierno que, a través de la Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales, una pequeña área adscrita a esa dependencia, realiza eventos artísticos y culturales enmarcados en un festival al que han denominado #OrgulloNavideño. Las cifras que acaba de soltar el gobernador Cuitláhuac García Jiménez este lunes dibujan que se trata de un programa pensado para el disfrute de las familias: 36 mil personas han patinado en la pista de hielo en el Museo Interactivo de Xalapa (patrocinada con cash de empresarios veracruzanos) y 122 mil han asistido a los distintos conciertos y a la posada navideña, callejoneadas, cine gratuito (también en el MIX) y demás actividades alusivas a las fiestas de fin de año. Así que si no fuera por el gobierno de Cuitláhuac o por el 2, Eric Cisneros, el orgullo de la UV nos tendría bien aburridos y sin cartelera para el disfrute de las familias sin gastar pesos y centavos.

Los veracruzanos estamos viviendo la más trágica de las navidades de que tengamos memoria en la historia reciente. La escasez de recursos económicos para llevar a nuestros hogares los elementos más indispensables para contar con una cena, o una convivencia propia de estas tradiciones navideñas o para adquirir un juguete que regalar a nuestros hijos, hace que la violencia aumente en términos de asaltos y ataques a la sociedad a merced de la delincuencia que se ha desatado desde el inicio de la actual administración estatal con la presencia de miembros de peligrosos cárteles como son los Zetas y el CJNG, los que a pesar de tener fuerte presencia en el estado y de estar considerados por las autoridades de Seguridad Pública, no son molestados en sus actividades gozando de una criminal impunidad que les permite actuar sembrando el horror y la barbarie. No hay día que no haya un ejecutado, un secuestrado, un desaparecido, un asesinado en las calles, una balacera como si estuviéramos en guerra, lo que deja un clima de incertidumbre e inseguridad que jamás habíamos experimentado, menos en estas fechas que son de acercamiento familiar, de fiestas con motivo de la celebración del nacimiento del niño Jesús o por la terminación de un año. En los rostros de los ciudadanos se refleja la tristeza y la preocupación por no tener, a diferencia de años anteriores, dinero para convivir con los más cercanos, y por otra parte la preocupación por la integridad física de todos los que nos rodean que en cualquier momento pueden ser víctimas de la terrible violencia que se vive. Eso fue lo que nos trajo el cambio, jamás pensamos que era para empeorar.

La mejor noticia que pueden recibir los trabajadores veracruzanos cuyos salarios y prestaciones dependen del Gobierno estatal, es el anuncio que hace la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a cargo de José Luis Lima Franco, de que el Estado pagará sueldos, salarios y aguinaldos en tiempo y forma sin sobre endeudar al Estado, gracias a la fortaleza con que cuentan las finanzas públicas. Durante muchos años, el mal manejo de las finanzas comprometió los recursos del gobierno estatal que, en muchos casos, estaba imposibilitado para cumplir con sus obligaciones, lo que generaba desconfianza en todos los sectores. Cada año se llegaba a diciembre con la incertidumbre de cómo se iba a hacer frente a las obligaciones laborales en materia de sueldos, salarios y aguinaldos. Las administraciones anteriores tenían que recurrir a créditos por montos muy elevados, con tasas y comisiones por disposición que comprometían los recursos de los veracruzanos. En 2017, estos créditos superaron los 4 mil 300 millones de pesos, con sobre tasas del 2% y comisiones por disposición de 2.75%. Eso generaba un gasto al Gobierno por 198 millones de pesos; dinero que podría haber sido utilizado para atender de mejor forma a los trabajadores. Los bancos no podían ofrecer mejores condiciones para acceder a estos créditos debido a que no existía una administración ordenada que asegurara el pago, y el riesgo para prestar el dinero era muy alto; por ello las tasas y comisiones tenían que ser muy elevadas. No existía un entorno favorable. El Gobierno no cumplía con sus obligaciones. Las calificadoras no respaldaban las prácticas en materia financiera, razón por la que los bancos no miraban con buenos ojos la gestión de los recursos. Pero hoy las condiciones son otras. Las finanzas de Veracruz son más fuertes. Desde el inicio de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, se han llevado a cabo acciones orientadas a sanear las finanzas y los resultados ya se empiezan a transformar en beneficios para todos los veracruzanos. Fue a través de las leyes de Austeridad y de Planeación, una minuciosa contención del gasto, el pago oportuno y un buen manejo de la deuda, la transparencia en los estados financieros, el pago a proveedores y una muy favorable reestructuración de la deuda, que las calificadoras otorgaron una revisión al alza en sus reportes. Esa confianza permite que se vuelva a mirar a Veracruz con buenos ojos. Una muestra contundente de esto es la disminución en la sobre tasa que se logró con la reestructura, que pasó de 1.17% a 0.73%, sin extender el periodo para pago de la deuda, y sin aumentar un solo peso el monto de la misma. Ahora, el Estado está en mejores condiciones para negociar, los inversionistas tienen la certeza de que en Veracruz hay condiciones para hacer negocios, y los bancos confían en este gobierno.