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Cumpliendo con su papel de ser tapaderas de la corrupción, la contraloría del Estado ha cumplido con su papel con el jefe, con quien le paga que es el Gobernador del Estado, al deslindarlo de un supuesto parentesco entre él (Cuitláhuac) y su primo Eleazar Guerrero, Subsecretario de SEFIPLAN. La contralora del Estado, Leslie Garibo Puga afirmando, salió al quite y tras una acuciosa investigación del árbol genealógico del gobernante, afirma tajante que no hay relación familiar entre Cuitláhuac García Jiménez, gobernador, y Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de la SEFIPLAN. Me cae, “no existe parentesco” afirmó puntual la sexi-peinada funcionaria y por lo tanto no hay nepotismo. Ya se hicieron las investigaciones y ese es el resultado”. La ley es clara, precisó Garibo Puga, “tiene que ser parentesco directo en línea recta… de padre, madre” los demás ya no entran en lo que señala la legislación. Por lo tanto, bajo los lineamientos de “no mentir, no robar, no traicionar, es como se está llevando a cabo todo este proceso y el primero es Eleazar Guerrero y no existe parentesco entre uno y otro”. La conclusión de la Contralora no tiene vuelta de hoja: no son parientes. Sin embargo, no se ha desmentido la versión de la “prensa Fifí” que Eleazar Guerrero Pérez, es hijo de Julio Guerrero Durán primo hermano de Atanasio García Durán, quien a su vez es padre de Cuitláhuac García Jiménez. Es decir, sí es consanguíneo, “primo segundo”, pues es hijo de un primo hermano de su padre. Pero, de acuerdo con las investigaciones de la Contralora, no hay nada de eso, pues ella afirma que ni parientes son, porque si no lo dice así, adios chamba. Para lo que sirven esas contralorías absurdas que tanto dinero le cuestan a los ciudadanos.

Las contradicciones que han detectado las autoridades de la Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Winckler Ortíz, en su investigación sobre el supuesto secuestro del exrey del carnaval de Veracruz y “periodista” Marcos  Miranda Cogco, conocido como Marmiko, permiten suponer que el evento fue un mero montaje para levantar la imagen de las autoridades estatales y seguir culpando a la Fiscalía del Estado de la terrible ola de violencia que azota todos los rincones del territorio veracruzano, con la impunidad de que gozan los delincuentes que no encuentran quien los combata previniendo sus acciones (cuerpos policiacos) ni quien los castigue cuando por alguna circunstancia son detenidos (la Fiscalía). Entre las inconsistencias que dio a conocer Winckler en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en su noticiero de Televisa, destacan que mientras el comunicador afirma que por pura casualidad una patrulla circulaba por donde lo llevaban sus secuestradores, el gobernador subió a las redes un mensaje de felicitación al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gallardo, por el exitoso rescate resultado de un trabajo de investigación e inteligencia realizado por la corporación a su cargo, lo que Marmiko desmintió en cadena nacional a través del canal de las estrellas. Otra, que el rescate se produjo en medio de una balacera protagonizada por los secuestradores y los policías, que se encontraban en dos vehículos a cinco metros de distancia, y resulta que ninguno registra un solo impacto pese a que elementos de la Fiscalía encontraron en el lugar de los hechos 47 casquillos. De esta lluvia de balazos ni uno solo atinó al vehículo donde estaban los secuestradores que salieron corriendo dejando tiradas sus armas. El vehículo donde supuestamente transportaban a Marmiko es un Nissán March, muy pequeño, en el que es imposible que en la parte trasera el reportero pueda  recostarse, como lo declaró, para evitar ser alcanzado por las balas. Muchas inconsistencias que los investigadores de la Fiscalía deben aclarar por el bien de Veracruz y porque está de por medio la credibilidad de una persona que se dedica al periodismo. Hay quienes, desde la óptica de la policía federal, apuestan a que, con este caso, nuevamente quedará en ridículo el gobierno de la 4T en su desastroso afán de quitar del cargo a Jorge Winckler Ortíz, quien junto con su jefe Miguel Ángel Yunes se deben de estar frotando las manos con el presunto secuestro de uno de los más críticos del gobierno yunista, Marcos Miranda Cogco.

La polémica en torno a las actitudes de nepotismo que se han presentado, como nunca antes, en un nuevo gobierno como el de Cuitláhuac García Jiménez, cada vez aumenta más de tono. Ya no es solo el primo que según la abuela no es pero que los nexos consanguíneos demuestran que sí, lo que circula en medios y en redes sociales; hoy son largas listas de personas que tienen relación familiar directa con Secretarios de Despacho o titulares de dependencias, que fueron contratados en el nuevo gobierno de Morena para ocupar cargos o que llegaron a desplazar a burócratas con muchos años de antigüedad y experiencia, solo por tener una chamba bien pagada. El caso es que mientras no se depure esta lista, mientras no se prescinda de los servicios de quienes sí son familiares, aunque se haya derogado el nepotismo como delito, la falta de honestidad ahí está, nadie puede presumir de honesto si impuso a un pariente cercano en un cargo y menos para que maneje las finanzas de un estado, eso es tráfico de influencias o una inmoralidad, que de eso estamos hasta el copete los veracruzanos. Y decimos que es necesario, por la salud política del proyecto morenista, que se haga una labor de limpieza en este sentido, porque de lo contrario el gobernador Cuitláhuac García tendrá ahí su punto más débil y sus adversarios lo aprovecharán para debilitar su relación con el presidente AMLO poniendo frente a él a periodistas de su cuadra para cuestionar al mandatario sobre el mismo tema, sobre el que ya por cierto emitió una recomendación. El Gobernador debe tomar en cuenta que él forma parte de un proyecto político nacional transexenal, y que si no cumple con los requisitos que exige la 4T y se convierte en una carga para AMLO, su permanencia en el poder se pone en riesgo.

Contra quienes opinan que este 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, no hay nada que festejar, nosotros les decimos: sí. Expresar nuestras opiniones e informar con objetividad sobre lo que está sucediendo en la entidad es una forma de ejercer precisamente nuestra libertad de expresión. Que este noble oficio no da para subsistir, es otra cosa. A los gobiernos que hemos padecido desde Javier Duarte, pasando por el de Miguel Ángel Yunes y ahora el morenista, no les interesa lo que prensa informe sobre sus corruptelas, los negocios que hacen al amparo del poder, las violaciones que cometen a leyes y reglamentos, los homicidios que se han cometido contra colegas periodistas a quienes primero criminalizan y luego informan de sus decesos. Los periodistas veracruzanos hemos vivido en estos últimos dos años la peor degradación de lo que debiera ser un oficio respetable; primero, cuando Fidel Herrera Beltrán habilitó como “periodistas” a decenas de mercenarios quienes sin saber nada del oficio crearon medios que les sirvieron como parapeto para cobrar millonarios contratos de publicidad; luego, la descalificación de quienes se sintieron expertos de las redes sociales que hicieron a un lado a los comunicadores porque, según ellos, no eran útiles para la sociedad y, menos, para los fines políticos de las bandas delictivas en el poder. Tras la detención de Javier Duarte, recluido en un penal de la CDMX, y la derrota estruendosa de Miguel Ángel Yunes Márquez, los periodistas que luchamos porque esto fuera posible, que denunciamos en su  momento esas arbitrariedades a costa de nuestra seguridad, seguimos creyendo que el ejercicio de la libertad de expresión mediante el ejercicio periodístico es indispensable en el desarrollo democrático de cualquier comunidad o país. Convencidos de esto, seguiremos en la lucha contra quienes hoy confunden la filiación política con el profesionalismo, y luchando también contra los falsos redentores de la libertad de expresión que solo la han usado para amasar grandes fortunas o para viajar por el mundo con nuestra falsa representación.

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), durante la administración de Javier Duarte de Ochoa y posteriormente con Miguel Ángel Yunes, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares por la contratación de cámaras de videovigilancia que no sirven y por las que se pagó más de mil millones de pesos. Potilla Vázquez asegura que al hacer una auditoría se encontró que las más de 6 mil cámaras de vigilancia en el estado no cumplen con las especificaciones técnicas señaladas en el contrato realizado. “El proyecto consistía en instalar 6 mil 476 cámaras de vigilancia y al hacer la auditoría determinamos que de acuerdo a los anexos, a las cláusulas del contrato, no cumple el Sistema Estatal de Videovigilancia para lo que fue contratado. Pero…¿esa es la razón por la que la Fiscalía General de la República del amloista Alejandro Gertz Manero, trata de dejar fuera de circulación al dueño del PAN y del PRI veracruzanos? No, todo parece indicar que los resultados obtenidos por la dirigencia nacional del PAN, que preside Marko Cortés, en la pasada elección donde perdió los estados de Puebla y Baja California, dejan fuera a Marko contra quien ha enderezado una embestida, con todo su estilo, el político de Soledad de Doblado, tratando de echarlo de la dirigencia nacional panista para ponerse él y, desde ahí, combatir a AMLO, no como ciudadano común y corriente o como un militante más del PAN sino como dirigente nacional de un partido que amenaza con reconstruirse, de ahí la urgencia de encarcelarlo para dejarlo fuera de la posibilidad de que concrete su proyecto y haga temblar a la 4T.

La Secretaría de Seguridad Pública ha anunciado que denunciará SSP al Fiscal Jorge Winckler; por violar secrecía en caso Reyes “N”. “Está mal informando a los veracruzanos para encubrir a delincuentes”, le dice el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, al Fiscal pues asegura que Jorge Winckler utilizó el documento oficial que determina las medidas cautelares de Reyes “N”, como pretexto para dejarlo en libertad. El secretario de Seguridad Pública anunció además que presentará una denuncia en su contra por violar la secrecía en el caso Reyes “N”, con el que pone en riesgo al evaluador encargado de la investigación del presunto indiciado.  El funcionario estatal explicó que el documento presentado por Jorge Winckler fue utilizado de manera inadecuada y “a mera conveniencia”, con la finalidad de cubrir la complicidad de la dependencia con la delincuencia. “El documento que fue solicitado a la Subdirección de Medidas Cautelares se emite como una recomendación para informar a los jueces las medidas cautelares a considerar sobre el presunto delincuente; así como al penal que deberá ser enviado por el riesgo que conlleva, y no para tomarlo como referencia para otorgar libertad a los acusados”, expuso. Hizo hincapié en que la Subdirección de Medidas Cautelares no evalúa la peligrosidad de un presunto delincuente, sino el riesgo de fuga que puede generar. Esto es, las medidas cautelares que deben considerarse para enviarlo al centro penitenciario. Hugo Gutiérrez acusó que la Fiscalía no presentó al detenido con el juez y decidieron dejarlo en libertad, y añadió que el Fiscal no debería mal informar a los veracruzanos.

El próspero empresario del plástico chino en Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, ha logrado construirse una imagen de político con un elevado sentido social, quien ha estado detrás de luchas por el bienestar de los veracruzanos desde diferentes tribunas como es la Legislatura del Estado, el Congreso Federal y ahora el Senado de la República, desde las que se ha opuesto a medidas tales como el aumento al IVA y muy recientemente pidiendo al gobierno de AMLO tome en cuenta a Veracruz para ajustar a la baja las tarifas eléctricas, aprovechando que a los tabasqueños les canceló una millonaria deuda que venían arrastrando al oponerse a pagar el consumo del fluido eléctrico. Atento y dispuesto a escuchar a la gente, Ahued en su calidad de Senador, tiene montada una oficina en el centro de la ciudad de Xalapa, donde los fines de semana atiende a sus representados, quienes movidos por un equipo de operadores que formó, hacen largas colas para que Ahued, Don Ricardo, o Ricardo a secas como le dicen, los escuche y les resuelva sus problemas, muchos de los cuales en efecto resuelve, no es demagogo ni nada por el estilo. Pero en Morena los cercanos al Presidente de la República piensan distinto en cuanto a la personalidad del vendedor de plásticos y artículos chinos. De oportunista no lo bajan porque él no participó nunca en la fundación del movimiento, se apareció con ellos cuando en el PRI no le dieron la candidatura que exigía, la de Senador, comentan que cuando fue alcalde fundó una comercializadora con amigos la cual instaló en la ciudad de Puebla, en la cual se surtió todo lo que en su trienio la comuna usó (una millonada de pesos), y si no aceptó cargos en administraciones como la de Duarte o la de Yunes Linares, es porque no lo quisieron ayudar a evadir impuestos de sus negocios en el SAT. Los morenos nos comentan que no lo ascendieron, lo empinaron al ponerlo al frente de la posición más difícil de controlar que hay en el SAT porque es en los puertos donde se trasiega la droga y todo lo que llega chueco al país, por lo que están seguros no aguantará y quedará fuera de la jugada por la gubernatura de dos años. Y es falso, dicen tambien los morenos, que Ricardo Ahued no conozca nada de esa materia, la aduanal, su principal proveedor de artículos para sus tiendas era precisamente el muelle de carga y descarga de Veracruz donde le venden la mercancía, de dudosa procedencia, para sus tiendas.

Tras varias semanas de permanecer en la congeladora, diputados de la LXV Legislatura aprobaron la Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, cuyo objeto es establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en la materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; que sean respetados los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos, así como la creación de un Padrón Estatal de Medios de Comunicación. El dictamen, puesto a consideración por la Comisión Permanente de Gobernación durante la cuarta sesión ordinaria, registró 30 votos a favor (Morena, Del Lado Correcto de la Historia y PRD-MC), 12 en contra (PAN) y tres abstenciones (PRI-PVEM). Y cosa curiosa, a quien más beneficia la aprobación de esta novedosa ley que regulará la relación Estado-medios, es al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Los morenistas llegaron al poder pensando que todos los trabajadores de los medios, pequeños, regulares, profesionales, grandes y pequeños, habían sostenido una relación de afinidad política con los gobiernos pasados, o de complicidades económicas. La razón les asiste en muchos casos pero, cuando se trata de medios manejados por profesionales de la comunicación o en los que publican periodistas comprometidos con la sociedad, es otra cosa, ellos no forman parte de los beneficiarios de la corrupción que alentó Fidel Herrera y Javier Duarte, la cual permitió que familias completas, amparadas en un medio oficioso, acumularan grandes riquezas. Con la nueva ley, el gobierno y, concretamente, quien dirige los destinos de la nave, el Gobernador, sabrá lo que es contar en Veracruz con una prensa profesional; la distinción se notará de inmediato y la crítica constructiva le servirá para mejorar su imagen y la de su gobierno, así como tomar decisiones sustentadas en lo que dice la opinión pública no solo sus deficientes colaboradores que no se cansan de ponerlo en ridículo cada que se les da una oportunidad. Bien por la nueva ley, bien por la nueva relación prensa-Estado.

Hay mucha preocupación en Palacio de gobierno porque a gente como Emilio Benítez Obeso, hermano de Fernando Benítez, exsecretario de Salud de Javier Duarte de Ochoa, y a sus socios los Aguayo, que apoyaron con fuertes sumas de dinero al ex Gobernador MIguel Ángel Yunes Linares para que impusiera a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez,en la pasada elección; les han asignado contratos millonarios en dos importantes Secretarias del gobierno estatal. Lo anterior ignorando el veto que les impuso el Gobernador Cuitláhuac debido a sus fuertes ligas con la familia Yunes y el Fiscal Jorge Winckler. Uno de los más señalados en estas transas con empresas fantasma propiedad de los Benítez y los Aguayo es el doctor Roberto Ramos Alor (Doctor Besitos), titular de la Secretaría de Salud, quien durante el bienio de Yunes Linares se vió favorecido con la dirección de una clínica en Coatzacoalcos, en la que el entonces gobernador y el “Doctor Besitos” fingieron un rompimiento para abrir un espacio en el morenismo. Ramos Alor se comprometió con Yunes a infiltrarse entre los cercanos a López Obrador y lo consiguió con la hoy secretaría de Energía Rocío Nahle, quien recomendó al doctor para que ocupara la Secretaría de Salud, sin tener idea de lo que es la salud pública, solo con la intención de tener a esa importante dependencia de su lado para el proyecto de sucesión en el 2024 cuando Nahle quiere ser gobernadora. Con ese apoyo, el doctor Ramos Alor ha hecho lo que ha querido en la dependencia a su cargo, beneficiando sobre todo a los recomendados de su jefe real Miguel Ángel Yunes Linares. Un gran escándalo de corrupción, más bien otro,  se podría destapar en estos días al darse a conocer los millonarios contratos entregados por Ramos Alor a los personajes mencionados al principio de este comentario. ¿No que serían muy honestos y transparentes?.

El mecanismo es muy simple: a falta de nuevas plazas, a quienes se les ha querido beneficiar con una buena lana como ‘aviador’ en una dependencia pública se le contrata por tres meses, se la asigna una cantidad generosa (de 30 mil pesos para arriba), y el concepto es “pago por compensación”. Obviamente, el beneficiario no obtiene derechos laborales como antigüedad y ningún otro tipo de prestaciones, pero con que se le conecte a la ubre presupuestal es más que suficiente. El contrato se le va renovando y hay quienes los expiden por seis meses, con lo que al aviador solo se le molesta un par de veces al año y punto. Pero, además, si se le quiere brindar protección sindical, se le comisiona a uno de los sindicatos de la dependencia, dirigido por un corrupto personaje que acepta dicha comisión, y en esas circunstancias los funcionarios que llegan cuando hay relevos no se meten con esas personas porque tienen la protección del líder sindical y eso implica meterse en problemas, por eso no los tocan, y así se van sumando quienes sin trabajar cobran fuertes cantidades de dinero en el gobierno gracias a que se prestaron a proporcionar favores sexuales, son parientes de políticos encumbrados o amigos del gobernante en turno. Eso pasó en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev). Abel Pérez Arciniega, director del organismo en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, en complicidad con el titular de la SEV, Enrique Pérez Rodríguez, incrustó en diversas dependencias de la secretaría a los “amigos” como aviadores, bajo el mecanismo ya mencionado. Que la dirigente del sindicato Érika Ayala Ríos niegue que sus representados, trabajadores de base, sean aviadores, pues es natural, pero de que Yunes, Enrique y Abel le metieron los que quisieron como comisionados, eso nadie lo duda; gracias a eso el gobierno yunista desistió de proceder en contra de la señora Ayala Ríos, a quien investigaban por diversas irregularidades cometidas en su paso por la CNOP donde dispuso de millonarias cantidades de dinero que el exgobernador Javier Duarte le entregó para la compra de votos lo que le permitió convertirse en una millonaria más producto de la corrupción del duartismo.