En la recta final de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador va por más cambios a la administración pública. A través de una iniciativa que envió a la Cámara de Diputados, el mandatario federal propone una simplificación orgánica para lo cual se suprimirán, fusionarán o eliminarán 18 instancias hacia secretarías de Estado .
La justificación del gobierno del presidente López Obrador es eficientar los recursos públicos y terminar con la duplicidad de funciones o por la notoria “inoperancia”; sin embargo, para expertos en administración pública se trata de un traslado de recursos económicos y de personal para manejar ambas cosas con el control de las Secretarías de Eatado previo a las elecciones de 2024.
¿Qué implicaciones tendrá la reforma?
Es importante tener presente que al tratarse de reformas a leyes generales, sólo se requiere de mayoría simple para que los cambios se concreten por parte del Poder Legislativo, y Morena y sus aliados gozan de esa mayoría por lo que en caso de ser aprobada, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones necesarias para su implementación.
José Perdomo Galicia especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, considera que de aprobarse los cambios propuestos no se logrará un ahorro a la administración pública, pero sí se mofificará el funcionamiento de áreas en las que hoy no se tiene control total.
“Lo que importa no es que los regresen a las secretarías, lo que importa es que sigan cumpliendo con su actividad, pero ¿cómo la van a poder seguir cumpliendo si ya no van a gozar de autonomía de gestión, si ya no van a tener recursos económicos propios para gestionar? Es dudoso que puedan cumplir con las mismas funciones que realizaban como órgano descentralizado, cuando son simplemente unidades adscritas a los órganos centralizados. ¿Quién pierde? Los 130 millones de mexicanos porque esos órganos ya no cumplirán sus tareas especializadas?”, afirma.
Ésta es la sexta iniciativa impulsada desde 2018 para modificar la estructura de la administración pública.
La primera fue el 30 de noviembre de 2018, antes de iniciada la actual administración, cuando se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la segunda en abril de 2020 cuando se extinguieron 109 fideicomisos públicos, y en noviembre de ese año para extinguir 44 fideicomisos más.
Dos más están pendientes: una presentada el 13 de diciembre de 2022 para expedir una nueva Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación y otra presentada el 28 de marzo para realizar adecuaciones a fin de fortalecer la actuación del Estado.
“A cuatro años transcurrido de este sexenio, se presenta esta iniciativa que pretende continuar la transformación administrativa que extinguió 155 fideicomisos y que ahora fusiona, integra o extingue 18 instancias por duplicación de funciones o notoria inoperancia: siete órganos desconcentrados, ocho organismos descentralizados, un fideicomiso y dos unidades administrativas», se lee en la iniciativa.
El experto afirma que con esta reforma a la administración pública, se darán más recursos a secretarías, lo cual genera dudas previo a entrar en un periodo electoral.
“Pensemos que logra o que desaparezca un órgano de la administración paraestatal en su modalidad de descentralizado, lo presupuestado una vez que desaparece, ¿quién lo va a manejar?, debe de regresar a la Tesorería de la Federación y entonces, yo, Ejecutivo, estoy alzando la mano porque ese dinero lo vamos a ocupar para los apoyos, para los programas sociales, los programas asistencialistas, para regalar dinero en un momento electoral”, advierte.
La visión de AMLO al presentar su iniciativa
“La reorganización que se propone permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”, precisa la iniciativa enviada este 18 de abril a la Cámara de Diputados.
Los cambios que el presidente Andrés Manuel López Obrador propone se dan a 18 meses de que concluya su sexenio.
En la iniciativa se explica que en los gobiernos llamados “neoliberales” se optó por fragmentar la administración pública y por restarle funciones.
“La expansión del aparato burocrático es un reflejo de las prácticas institucionalizadas de clientelismo y corrupción. Las instituciones que se crearon, desintegraron la estructura centralista del Estado mexicano, por lo que se fragmentó la administración pública en organismos autónomos, descentralizados y desconcentrados, desplazando a las secretarías de Estado y restándoles facultades”, dice la iniciativa.
Esa es una crítica que el presidente suele realizar al surgimiento de organismos autónomos, los cuales a su consideración fueron creados para “maicear” a organizaciones sociales.
“Por eso el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno, el gobierno estaba ensimismado, porque como el propósito del gobierno no era ayudar al pueblo y menos ayudar a los pobres, sino era facilitar el traslado, la transferencia de bienes de la nación y del pueblo a particulares, ese era su función básica, facilitar el saqueo; entonces, tenía que cooptar, comprar, a todos. Por eso esto, y crearon todos estos aparatos, además, autónomos para que tengan más fuerza y más capacidad de decisión que el presidente”, dijo el pasado 6 de marzo en su conferencia matutina .
¿Qué cambios propone?
Actualmente, la administración pública se compone por 19 secretarías de Estado, 73 órganos desconcentrados, 108 organismos descentralizados, 72 empresas de participación estatal mayoritaria, 17 fideicomisos públicos y 15 empresas productivas del Estado y subsidiarias.
De acuerdo con la iniciativa, 93 de esos entes fueron creados a partir de su separación de alguna secretaría.
“Se propone la fusión, integración o extinción de 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado”, dice la propuesta.
Así sería el cambio para estas 18 instancias:
En el caso de la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la propuesta plantea que sus funciones las asuma la Secretaría de la Función Pública.
“Existe duplicidad de funciones entre el organismo descentralizado denominado Secretaría Ejecutiva y la Secretaría de la Función Pública para brindar asistencia técnica al Sistema Nacional Anticorrupción,por lo que se propone suprimir al órgano sin sustento constitucional para dejar las funciones de apoyo al SNA a la Secretaría de la Función Pública…cuenta con el personal profesional dedicado al combate a la corrupción, además de la infraestructura e información que puede servir al cumplimiento del objeto del SNA”.
La reforma implicaría el traslado de 3,438 empleados de base y de confianza a secretarías de Estado y la transferencia de más de 2,000 millones de pesos.
¿Por qué órganos y organismos descentralizados?
De acuerdo con la iniciativa, la creación de organismos descentralizados y órganos desconcentrados se dio para garantizar intereses privados.
“En varios casos, su objetivo fue expresamente clientelar, es decir, existieron órganos creados deliberadamente para cooptar núcleos académicos, políticos, económicos y de representación social”, dice.
La iniciativa propone cambios a más de una docena de leyes:
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
- Ley Minera.
- Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
- Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
- Ley de Aguas Nacionales.
- Ley de Cambio Climático.
- Ley de Transición Energética.
- Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (se abroga).
- Ley de la Asistencia Social.
- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
- Ley General para la Detección Oportuna de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.
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