La petición de “abolir” los decretos que dieron pie a la asociación pública-privada del alcalde de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro debe llevar a la mayoría de Morena a analizar los acuerdos que se autorizaron y que representan una gran carga para los municipios.
El diputado local, Marlon Ramírez Marín recordó que el alcalde debe hacerse cargo de las deudas heredadas por anteriores administraciones, pero puede reestructurar esos pasivos o buscar opciones que liberen la carga que les implican los pagos a terceros.
En 2017, el Ayuntamiento de Tuxpan firmó la creación de una asociación público-privada, para la renovación del alumbrado público -debían cambiarse 9 mil lámparas led- y a cambio el municipio tendrá que emitir 120 pagos que van desde un millón 400 mil pesos hasta los 800 mil pesos mensuales, en total deberá pagar más de 200 millones de pesos.
Al respecto, el alcalde envió al Congreso local una solicitud para “abolir” los acuerdos. Y es que la pasada administración del panista José de Jesús Mancha creó un fideicomiso para el pago de las luminarias a donde se destina todo el dinero que llega de la federación.
El diputado del PRI, partido que impulsó este programa, comentó que el alcalde tiene la responsabilidad de hacer los pagos que se hicieron con anterioridad, pero para poder cumplir con su trabajo y el plan municipal de desarrollo, debe tomar acciones concretas para sanear las finanzas del municipio.
“Todo ese tipo de casos son revisables, supongo yo que el costo económico es el que no le parece, pero es un tema, que cuando se entrega una concesión, se requiere de la autorización del Congreso para que esa obligación pueda ser analizada en el tiempo de las siguientes administraciones, y no sólo una decisión unilateral”.
AVC
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