Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) prepara una acusación formal en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del caso Agronitrogenados. Con ella pedirá a un juez la apertura de un juicio oral en su contra y que se le imponga una condena de hasta 15 años de prisión.
Lo anterior luego de que este viernes venció el plazo de investigación complementaria con el que contaban las partes para reunir evidencia, y sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo para frenar el proceso, como confirmaron a Animal Político autoridades federales.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la FGR tiene ahora un periodo de 15 días hábiles, que comienzan a correr desde hoy, para presentar ante el juez la acusación por escrito en contra del exdirector de Pemex y descubrir las pruebas con las que pretende que sea condenado en un juicio. “Estamos listos para presentar la acusación e ir a juicio”, dijo uno de los fiscales consultados.
Presentada la acusación, la víctima del caso (en este tema Pemex) tendrá tres días para ratificar su posición de coadyuvante en el proceso. En tanto, el juez notificará a la defensa que se ha presentado la acusación y a partir de ese momento contará con diez 10 hábiles para contestar la acusación y descubrir por escrito sus pruebas.
Una vez concluido todo este procedimiento – que se conoce como fase escrita de la etapa intermedia – el juez convocará a Lozoya, a Pemex y a la FGR a una audiencia oral en la que se debatirán y definirán las pruebas que quedan en el caso para finalmente, fijar fecha para un juicio. Por los tiempos mencionados se prevé que esta audiencia oral intermedia se realice entre enero y febrero de 2022.
Expertos penalistas consultados por este medio explicaron que mientras no se realice la referida audiencia intermedia Lozoya y sus abogados aún cuentan con la posibilidad de negociar algún acuerdo de último momento o, incluso, optar por un procedimiento abreviado donde se declare culpable para que la pena se reduzca. Pero en cualquiera de estas alternativas se requiere cubrir una reparación del daño que tendrá que ser conforme a lo que decidan Pemex y la propia FGR.
Cabe recordar que estos tiempos y procedimientos son independientes de los que también están corriendo por las acusaciones que existen en contra de Emilio Lozoya en el llamado caso Odebrecht. En esa indagatoria, en la que se imputan a Lozoya tres delitos, el plazo de investigación complementaria vence hasta el próximo 3 de diciembre.
El caso de la FGR
De acuerdo con la indagatoria de la FGR, Emilio Lozoya se dejó sobornar por la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) desde antes de ocupar el cargo de director de Petróleos Mexicanos. Esto ocurrió justo en el periodo de transición al gobierno de Peña Nieto, y cuando Lozoya presuntamente ya sabía que iba a ser el director de la empresa más importante del Estado.
En la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019 iniciada por este caso y que servirá de base para la acusación, se establece que AHMSA pagó 3.4 millones de dólares a Lozoya. Los pagos se hicieron en cinco transferencias distintas: la primera en junio de 2012 y las cuatro restantes en noviembre de ese año, justo unos días antes de arrancar el sexenio.
Las transferencias se hicieron hacia una empresa fachada constituida en Islas Vírgenes Británicas denominada Tochos Holding Limited, cuyas cuentas fueron abiertas en un banco suizo. La apoderada de dicha empresa es la hermana del exdirector de Pemex, Gilda Susana Lozoya Austin, quien también tiene una orden de aprehensión en su contra.
Con el dinero transferido a esas cuentas, según la indagatoria, la empresa Tochos compró la residencia ubicada en el fraccionamiento Lomas de Bezares en Ciudad de México donde viviría a lo largo del sexenio el exdirector de Pemex.
En retribución a esta situación, los fiscales acusan a Lozoya de haber propiciado que Pemex le comprara a AHMSA una planta de fertilizantes en condiciones de chatarra (el complejo Agronitrogenados) a través de una adjudicación directa. Por dicho complejo, cuyo valor no superaba los 50 millones de dólares, Pemex terminó pagando más de 240.
Los fiscales señalarán ante el juez que Lozoya Austin no solo se benefició indebidamente con recursos provenientes de un soborno sino que, además, su decisión de favorecer la compra de Agronitrogenados representó para Pemex, y por ende para el Estado, un grave daño económico.
De acuerdo con autoridades federales, para sostener esta acusación la FGR propondrá al juez un paquete de más de 50 distintos tipos de pruebas, desde transferencias y estados de cuenta bancarios, hasta dictámenes periciales, títulos de propiedad, declaraciones, entre otros.
Negociación empantanada
Otra de los implicados en el caso Agronitrogenados es el empresario Alonso Ancira, presidente del consejo de administración de AHMSA. Gracias a un acuerdo reparatorio en el que se comprometió a pagar 200 millones de dólares a Pemex, consiguió que el proceso en su contra fuera suspendido y recuperó su libertad.
Es una solución alterna al juicio que la defensa de Lozoya ha buscado desde hace varios meses sin éxito. En la audiencia del pasado 10 de noviembre los abogados ofrecieron a Pemex la entrega de la residencia en la colonia Lomas de Bezares ya que, según los datos que refirieron, supera en valor a los presuntos sobornos que recibió de AHMSA.
Pero hasta ahora Pemex no ha aceptado dicha propuesta. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró hace unos días que “era insuficiente” lo que el exdirector de Petróleos Mexicanos estaba ofreciendo. A ello se suma que la referida residencia ha permanecido asegurada por la FGR desde el año pasado.
Animal Político buscó a la defensa del exdirector de Pemex para conocer si hay avances en el proceso de negociación, pero la respuesta es que no podían hacerse mayores comentarios al respecto. Fuentes federales indicaron que las vías de negociación están abiertas, pero no hay acuerdo.
Abogados penalistas consultados por este medio indicaron que la posibilidad de un acuerdo reparatorio persiste hasta en tanto no se haya establecido la orden de ir a un juicio oral en la audiencia intermedia (lo que técnicamente se denomina auto de apertura a juicio oral). Sin embargo, sin el aval de Pemex el acuerdo es improcedente.
Otra alternativa que puede buscar Lozoya es el de un procedimiento abreviado en el cual, a diferencia del acuerdo reparatorio, sí tendría que aceptar su culpabilidad en el delito de lavado de dinero. Con ello lograría que se le imponga el mínimo de la pena que contempla la ley más una reducción de una tercera parte. El problema es que, hasta ahora, el exdirector de Pemex ha insistido en que es inocente, que los pagos de AHMSA no fueron sobornos sino honorarios por servicios realizados, y que no está dispuesto a reconocer delito alguno en este caso.
La posibilidad de llegar a un procedimiento abreviado también se termina en el momento en que se dicte el auto de apertura a juicio oral.
Finalmente existe la opción del criterio de oportunidad, que es otra alternativa que los abogados del exdirector de Pemex han buscado desde el año pasado, y que implicaría la suspensión del proceso a cambio de que Lozoya se vuelva testigo colaborador. La FGR no ha accedido, hasta ahora, a concederle ese beneficio.
Animal Político
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