La Secretaría de la Función Pública (SFP) con Irma Eréndira Sandoval como cabeza de esa institución, pagó más de un millón de pesos para que se realizaran pruebas rápidas contra el COVID-19 a una empresa que no tiene empleados.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la SFP pagó 11,625 pesos (sin IVA) por 90 kits, cada uno con 25 pruebas, a la empresa Grupo Val Integra SA de CV, cuyo domicilio se encuentra en la parte superior de una tienda de abarrotes.
En total, la SFP pagó un millón 046 mil 250 pesos, precio que es tres veces más caro de lo que cotizaron el IMSS y otros proveedores como Productos Roche, Abalat y Fármacos Dinsa, que vendían un kit similar en un rango de 3,100 y 3,250 pesos, hasta enero de 2021.
De acuerdo con Víctor Omar Pérez, socio y administrador de Grupo Val Integra, las diferencias en el precio se debieron a que la empresa contratada ofreció el servicio de toma de muestras en las instalaciones de la SFP, aunque él mismo reconoció que carece de empleados. El mismo argumento lo dio un vocero de la dependencia federal.
El contrato para la adquisición de pruebas lo firmó el 24 de diciembre de 2020 el director de seguridad de la SFP, Álvaro García Galindo, quien también tenía la responsabilidad de administrar y vigilar su cumplimiento, destacó MCCI.
INFORMACIÓN/INFOBAE
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