Empleados del Poder Judicial denunciaron que la nueva administración los ha tratado como criminales, obligándolos a realizar su entrega- recepción de forma apresurada y vigilada, por lo que varios ya presentaron amparos ante jueces federales.

En entrevista con AVC Noticias, los empleados que no dieron su nombre por temor a represalias, contaron que son más de 50 personas en diversos puestos que están en una situación de incertidumbre, pues a algunos los despidieron, pero a otros los mantienen en sus puestos, aun cuando ya llegó nuevo personal.

El pasado viernes 23 de octubre, el pleno del Tribunal Superior de Justicia destituyó a la magistrada presidenta, Sofía Martínez, y en su lugar designó a la magistrada Isabel Inés Romero. Después de eso, se le prohibió la entrada al personal de puestos clave.

De acuerdo a sus testimonios, el lunes 26 de octubre que se presentaron a laborar, la nueva admnistración instaló un filtro de entrada con una lista de nombres de personal clave del primer circulo de la magistrada Sofía Martínez.

A los directores de área y personas cercanas les prohibieron la entrada a sus oficinas y les ordearon ir a un auditoria del edificio C, salón A, donde no les permitieron la salida, salvo escoltados. Ahí les ordenaron hacer la entrega – recepción de sus oficinas, que realizaron con personal que también los estaba vigilando.

Relataron que tampoco permitieron que trabajadores de Sofía Martínez pudieran ingresar a su oficina donde tenía sus pertenencias personales, como bolsa, fotografías y su disco duro. Con notario y cerrajero, abrieron la oficina de la Presidenta.

A algunos trabajadores también les condicionaron la entrega de sus vehículos y pertenencias a cambio de realizar la entrega-recepción de sus oficinas, por lo que llamaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que atestiguara los hechos.

Los trabajadores han tramitado amparos federales ante las irregularidades de sus despidos, y las entregas que realizaron de sus oficinas de forma acelerada. Hasta el momento, los ex titulares del área jurídica y del fondo auxiliar se han amparado ante posibles señalamientos.

AVC

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