Zedryk Raziel

Cd. de México, México (Reforma).- Cuando se desempeñó como director de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mauricio Moreno Balbuena descongeló las cuentas del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte, así como de narcotraficantes, políticos y abogados, como Juan Collado, y ahora está en la mira de las autoridades federales.

Santiago Nieto, actual titular de la UIF, la misma dependencia en la que se desempeñó Moreno Balbuena, reconoció que el ex funcionario deberá enfrentar procesos judiciales por su actuación irregular como servidor público.

Nieto confirmó que tres meses antes de que concluyera la Administración de Enrique Peña (2012-2018), Moreno Balbuena solicitó a la entonces PGR retirar el delito de delincuencia organizada al ex Gobernador de Veracruz, tal como lo dio a conocer REFORMA.

En entrevista, explicó que se trata de una conducta irregular porque no es competencia de la UIF solicitar al Ministerio Público la revaloración de delitos imputados de un acusado.

«Esto me parece que no solamente es incorrecto, sino también resultó nocivo, en razón de que el Ministerio Público asumió ese criterio como válido y solicitó ante el propio juzgado que se recalificara el delito de Javier Duarte.

«Creemos que este tipo de conductas no deben de quedar impunes, no solamente en cuanto a la actuación de Duarte, sino también respecto al manto protector de esta persona, que fue desarrollado en su momento por la PGR y por la UIF», manifestó.

Por estos hechos, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y un proceso administrativo ante la Secretaría de la Función Pública.

Moreno Balbuena se encuentra ahora retirado y realiza actividades de carácter privado, pero podría enfrentar procesos judiciales por su actuación irregular como servidor público.

En agosto de 2019, REFORMA accedió al oficio inédito 110/E/989/2018, mediante el cual Moreno Balbuena solicitó el beneficio para Duarte.

Con base en dicha petición, Arturo Elías Beltrán, entonces encargado de despacho de la PGR, anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa.

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