La reingeniería administrativa que está realizando el Presidente López
Obrador tiene más visos de marketing que de resolver los problemas de fondo.
Eso no es nuevo. Durante décadas, cada Presidente ha puesto su sello personal a
la nomenclatura institucional.

Así hemos transitado, por ejemplo, de Solidaridad a Progresa, Oportunidades y
Prospera, a cargo de una Secretaría que lo mismo se ha llamado de Desarrollo
Urbano y Ecología (Sedue), Desarrollo Social (Sedesol) y ahora del Bienestar. Es
prácticamente una regla no escrita alinear el nombre de las instituciones públicas
al discurso presidencial.

El caso de la Secretaría del Bienestar no es el único. En los últimos días, y en las
semanas por venir, estaremos viendo la desaparición del Sistema de
Administración Tributaria (SAT) a cargo de la Secretaría de Hacienda para
convertirse en el Órgano de Inteligencia Fiscal, Electrónica y de Ayuda al
Contribuyente, el cual pasará a formar parte de la Secretaría de Economía. Lo
mismo sucede con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE),
que ya se ha convertido en el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado.
No son los mejores nombres para instituciones públicas, pero suenan bien,
arrancan el aplauso de la tribuna y construyen la leyenda moderna de Chucho el
Roto. No es más que la misma gata pero revolcada con Marketing.

Aunque el cambio del SAT el Presidente no lo ha hecho oficial, ha trascendido su
desaparición a partir del mes de julio, justo a la mitad del ejercicio fiscal; con esto,
las conductas de recaudación y auditoría se espera serán diferentes. De hecho, el
modelo del órgano nuevo operará sin facultades de imponer o sancionar a los
contribuyentes y tampoco podrá establecer facilidades administrativas y fiscales.
Por supuesto que nadie puede criticar al Presidente –aunque muchos lo harán- de
apostar por darles la confianza a los ciudadanos. En otros países, el gobierno no
se la pasa a la caza de los contribuyentes, sin embargo, la falta de una cultura
fiscal podría derivar en serios problemas de recaudación. Por eso, el futuro del
SAT y las políticas tributarias son inciertos.

Según algunos especialistas, las conductas de recaudación y auditoría se esperan
diferentes; se cree que vendrán con amarres de contratos, de normas de
información financiera, de cuestionarios de diagnóstico fiscal, mediante el cual se
establezcan filtros sobre los procesos contables y mecánicas de valuación.

De igual manera habrá secuencia y análisis de las cuentas bancarias, por ejemplo,
todos los lugares en donde uno deposita, desde instituciones bancarias, hasta
tiendas de conveniencia como 7-Eleven, Oxxo, etc. La idea es que no haya un
peso que escape al ojo del gobierno.

Pero sobran los ejemplos donde la voluntad presidencial no basta; la terca
realidad termina por imponerse. A partir de julio, con la desaparición del SAT,
entrará en funciones la nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, por lo
que se debe trabajar en robustecer el control interno en los negocios.
El registro en esta ley será voluntario, no tendrá costo alguno y será considerado
como un acto de buena fe por el cual le mostrará al Estado que ha cumplido con
sus obligaciones fiscales y regulatorias. A cambio, podrá recibir los beneficios y
facilidades que establezcan los programas sectoriales de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.

Suena muy bien, casi como la promesa de tener un sistema de salud como
Canadá, en medio del derrumbe del IMSS, ISSSTE, hospitales, institutos, clínicas
y el retiro de las becas a los estudiantes de medicina.
En el caso del recién creado Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, el
gobierno jura y perjura que en el uso de los recursos que se obtengan no será
sujeto a la discrecionalidad. ¿Acaso no han sido así las políticas emprendidas por
la SHCP y denunciadas por el ex director del IMSS, Germán Martínez?
Según se ha dicho, el destino de los recursos generados a través de las subastas
se decidirá, una vez aprobada la ley de Extinción de Dominio, a través de un
gabinete social, ¿quiénes integran el gabinete social? Eso es a discreción del
Presidente.

Y cito al agudo monero Adrián: al paso que vamos, desaparecerá el INEGI para
dar paso al Instituto de Yo Tengo Otros Datos.

Las del estribo…
1. Como se esperaba, ayer los diputados que sólo representan a sus intereses
debatieron sobre el tema de la polémica compra de medicinas. Por un lado,
los panistas exhibieron la compra –argumentos ya de todos conocidos-, y
exhortaron a que se realice una investigación. Morena no lo aceptó. Si el
gobierno no tiene nada que esconder, perdieron una oportunidad de oro
para limpiar el proceso de adquisición. Unos y otros, sólo intercambiaron su
rol de borrachos a cantineros.
2. El escándalo de los recortes al sector salud siguen creciendo. Ahora
directores de hospitales reclaman 2 mil 300 pesos que les han sido
retenidos por Hacienda. Los nosocomios están a reventar, sin medicinas,
sin reactivos, sin espacio para cirugías, a punto del colapso, pero al parecer
el Presidente tiene otras cifras muy distintas a la realidad.