Con la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por el diputado Mario Delgado, Coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, prácticamente se dio a conocer la nueva estructura que tendrá el gobierno de la República; es previsible que se acepten algunas observaciones de forma, pero la mayoría de Morena garantiza que el fondo de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador pasará sin contratiempos.

Es una iniciativa muy particular; en todo momento, el coordinador parlamentario establece que se trata de una petición expresa del presidente electo para dar celeridad al proceso de transición, crear y reformar las instituciones, para luego dar paso a la designación de los titulares de las Secretarías de Despacho.

La administración pública federal, explica el documento, se conforma hoy en día por 18 dependencias y más de 200 entidades públicas, entre las que se encuentran organismos centralizados y desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y empresas productivas del Estado, entre otros, así como agencias y representaciones más allá de nuestras fronteras.

De tal forma, la propuesta de reingeniería de la administración pública federal se ha estructurado a partir de cuatro ejes: la gobernabilidad y la seguridad pública; la política de bienestar; la eficiencia y transparencia en el combate a la corrupción; y el impulso al crecimiento económico y la equidad social.

Por su interés público -y a partir de sus aspectos más relevantes-, abordaremos el contenido del documento en dos entregas, refiriendo el nuevo modelo político de pesos y contrapesos, así como en la adecuación de funciones administrativas de algunas de las secretarías de despacho más importantes.

En el primer punto, la reforma refiere la necesidad de dar paso a la nueva estrategia de seguridad que devuelva a la sociedad la paz y tranquilidad. Para ello se propone la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la que además de “transferir la totalidad de las facultades que estaban confiadas a la Secretaría de Gobernación en esa materia, se propone confiar también las relativas a la seguridad nacional y la protección civil de la población en casos de desastres naturales”.

El documento no deja muy claro el ámbito de competencias y vinculación entre la súper poderosa dependencia que quedará en manos de Alfonso Durazo y la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que sólo refiere una función de apoyo. Hasta ahora, tanto la seguridad nacional y la protección civil –a través del Plan DN/III- correspondían el ejército.

Para ejecutar una política de bienestar, la propuesta señala que no se propone sólo un cambio de nombre, “sino un radical cambio de estrategia en el combate a la pobreza, que también se vea reflejado en un nuevo nombre.”

Y para eso propone la sustitución de la actual Secretaría de Desarrollo Social para dar lugar a la Secretaría del Bienestar, como “polo articulador de las políticas sociales del nuevo gobierno, en las que habrán de confluir todas las secretarías y dependencias de la administración pública federal, especialmente las directamente vinculadas al bienestar de la población, como son la de salud, la de educación y la de cultura”. Será el titular de esta otra súper Secretaría quien encabece en gabinete de la política de bienestar.

El tercer eje se refiere a la eficiencia, transparencia y combate a la corrupción, bajo la premisa de que “si la inseguridad y la violencia son el flagelo que más lastima a la sociedad, la corrupción es la que más la ofende”.

El presidente electo propone en esta iniciativa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea dotada de las facultades para consolidar compras de la administración pública federal, en todos los mercados de bienes y servicios,  “cuando de esa consolidación se deriven beneficios y ahorros para las finanzas públicas y para los destinatarios de esos bienes o servicios”, como es el caso de las medicinas, de los bienes de consumo generalizado o de servicios indispensables para la marcha general de las dependencias y entidades de la administración.

Esto quiere decir que ya no serán las dependencias las encargadas de realizar sus compras, sino que será la Secretaría de Hacienda la que concentre todos los procesos de adquisición de bienes y servicios en prácticamente todas las áreas de la administración pública; en todo caso, las excepciones serán determinadas por el presidente. Es decir, se crea otra Secretaría con facultades ilimitadas en materia económica.

Para lograr esta concentración de las compras del gobierno, las actuales oficialías mayores de las secretarías de Estado y otras dependencias de la Administración Pública Federal se transformen en unidades administrativas de cada una de ellas y que su titular, equivalente a los actuales oficiales mayores, serán nombrados por el Secretario de Hacienda.

Nos seguimos leyendo el lunes…

Las del estribo…

  1. El senador Ricardo Ahued dio a conocer este viernes por la mañana que el gobierno tiene una deuda escondida por más de 13 mil millones de pesos que podría “descarrilar” al próximo gobierno estatal. Sucedería algo así como el error de diciembre de Zedillo; la diferencia es que en 1994 se lo debíamos a los bancos y ahora se le debe a la Secretaría de Hacienda por los impuestos que se retuvieron y no se reportaron. Así que el descarrilamiento suena a exageración y a un poco de protagonismo.
  2. No creo que exista una carretera en el país con el promedio de accidentes que se registra en la Xalapa-Coatepec; será uno de los primeros temas que deberá atender el próximo secretario de comunicaciones; y para entonces, ya no habrá quien salga a defender a la empresa que mal realizó la obra.