El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Silva Ramos, soltó hace dos días, el pasado miércoles 4 del presente, ante reporteros locales, lo que parecía una broma de muy mal gusto; el diputado federal por el distrito de Tuxpan habría dicho que los aspirantes a cargos de elección popular serían sujetos a toda clase de pruebas, incluyendo la de embarazo.

Las reacciones de rechazo, condena y crispación fueron inmediatas por parte de grupos feministas y de la clase política nacional, sobre todo porque la expresión más parecía un acto de misoginia que un chiste de ocasión.

Evidentemente, el ex secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado no midió los alcances de su estulticia, que gracias a los medios informativos y a las redes sociales se propagó rápidamente.

Las páginas de los periódicos nacionales y los portales de noticias por internet dieron cuenta casi de inmediato de la declaración. Por ello surgieron las reacciones que cayeron sobre el dirigente priista más que como lluvia, como tromba. Silva Ramos fue señalado por misoginia y por conducirse con una actitud ofensiva e irrespetuosa contra las mujeres.

Las reacciones, por cierto, no sólo se registraron en la entidad veracruzana: en Tamaulipas, Aída Zulema Flores Peña, secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, sostuvo que se trata de una violación flagrante a los derechos humanos y un ataque contra la dignidad de las personas; pero la reprimenda más contundente llegó del CEN del PRI: más tardó Alberto Silva en pronunciar su desafortunada frase que la secretaria general del partido, Carolina Monroy, en descalificarle y exigirle una disculpa pública.

Monroy del Mazo lanzó una severa crítica al dirigente del partido en Veracruz; habló del compromiso del PRI con las mujeres y rechazó esas expresiones, a las que consideró “discriminatorias” y “retrógradas”. Apuntó también que el dirigente nacional del partido, Manlio Fabio Beltrones, no comparte las declaraciones del líder priista veracruzano

Debido a esas presiones, Alberto Silva emitió un comunicado, un poco tarde, cuando ya había caído la avalancha de críticas en su contra, en el que habla de un malentendido; refrenda su compromiso con las mujeres y dice, palabras más o menos, que con su amplísima experiencia como alcalde, secretario de despacho, vocero y diputado, jamás cometería un acto “de tal torpeza y barbarie”.

Y sin embargo, lo dijo; los medios lo consignan y la grabación es clara.

El riesgo de Alberto Silva

Chiste de mal gusto, incontinencia verbal o un error como lo podría cometer cualquiera, lo cierto es que su autor corre el riesgo de que se le recuerde más por esa expresión que por su trabajo legislativo, por su labor al frente del ayuntamiento de Tuxpan o por su paso por el CDE del PRI.

Recordamos el infortunado episodio que protagonizó el ex dirigente nacional priista Humberto Roque Villanueva; la imagen obscena de la llamada “Roqueseñal”, marzo de 1995, cuando se aprobó en San Lázaro el aumento al IVA, todavía se recuerda y persigue al ex diputado y ex senador, a pesar de que ya han pasado dos décadas.

Son expresiones y errores que resultan costosos, sobre todo si sus protagonistas no trabajan de inmediato en el control de daños.

En el caso de Alberto Silva, la declaración sobre la prueba de embarazo a las mujeres que aspiran a cargos de elección popular podría convertirse en un verdadero dolor de cabeza porque a donde vaya se lo van a recordar sus detractores, las mujeres y los grupos feministas; un arma, finalmente, que el diputado federal por Tuxpan entregó a sus adversarios.

La Suprema Corte y el proceso electoral en Veracruz

El miércoles 4, el Órgano Público Local Electoral, OPLE, de Veracruz, determinó cancelar la sesión del Consejo General que se efectuaría este viernes 6, para el inicio del proceso electoral 2015-2016, mediante el que se renovará tanto el poder ejecutivo como el legislativo del estado.

En su momento, se argumentó que sin tener resuelto el tema presupuestal, que se discute en la Legislatura, no arrancaría el proceso, y se dejó abierta la fecha.

Sin embargo, nos apuntan que el tema del dinero no es el único que representó un freno para el inicio del proceso. Según versiones que corrieron con insistencia este jueves, el arranque de las elecciones no podía concretarse hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminara el asunto relacionado con los amparos interpuestos por PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, que exigían la invalidez de algunas disposiciones del Código Electoral para el Estado, aprobado por el Congreso Local y publicado en julio.

Finalmente, este jueves, la Corte reconoció la validez del proceso legislativo y con ello, también la constitucionalidad de la reforma. De cualquier manera, antes del próximo martes 10, el Consejo General del OPLE deberá sesionar para dar inicio formal al proceso electoral veracruzano. @luisromero85