El ex tesorero de la Secretaría de Finanzas (Sefiplan), Arnulfo García Fragoso, fue sentenciado a pagar 18 mil 763 millones 430 mil 706.8 pesos debido al daño patrimonial detectado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en el ejercicio fiscal 2015.
Lo anterior luego de que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz determinó mantener al ex funcionario como responsable directo del daño patrimonial causado y otorgar cinco años para que la Sefiplan pueda cobrar el monto total.
La sanción económica está integrada por 12 mil 105 millones 439 mil 165.65 pesos por concepto de indemnización que equivale al daño patrimonial detectado en el ejercicio fiscal 2015.
Adicionalmente 6 mil 657 millones 991 mil 541.10 pesos por concepto de sanción que consiste en una multa del 55 por ciento de la indemnización.
Hay que recordar que el 19 de mayo de 2017 el el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (Orfis) determinó en el recurso de reconsideración en los autos del expediente REC/15/064/2017, que Arnulfo Octavio García Fragoso, es responsable directo.
Esto generó que el ex funcionario acudiera a Tribunales, tanto locales como federales, en los cuales prevaleció la legalidad de la resolución en la que se le fincó la responsabilidad.
Una vez agotada todas y cada una de las secuelas procesales, el 19 de junio de 2023 la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, dictó un acuerdo dentro de los autos del Toca de Revisión 415/2020/7 y acumulados 416/2020/7 y 417/2020/7 mediante el cual declaró que la sentencia de fecha 2 de febrero del año 2022 ha quedado firme para todos sus efectos legales.
Por lo anterior, el 3 de agosto de 2023, el crédito fiscal determinado fue remitido a la Sefiplan para que en el ejercicio de su facultad económico coactiva realice las gestiones para la recuperación de los montos determinados por este Órgano de Fiscalización.
Y se advierte que la autoridad fiscal dispone de un término de cinco años para hacer efectivo el cobro de la cantidad que compone el crédito fiscal.
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