El ex gobernador Javier Duarte ha puesto en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y de la Fiscalía General de la República (FGR) a su sucesor Miguel Ángel Yunes Linares por tres empresas fachada de la que son socios su esposa Leticia Márquez y sus hijos Miguel Ángel, Omar y Fernando, a las que durante su gestión como director general del ISSSTE, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, les habrían sido transferidas “comisiones de más de 230 millones de pesos” a través de la financiera “Consupago”, de la familia Chedraui, por créditos personales que el Instituto a su cargo otorgó a miles de empleados federales.

“Estas sí son empresas fachada (fantasma) y no cuentos”, tuiteó Duarte este domingo, quien remarcó que “dichos recursos proceden de actividades ilícitas, y eso constituye lavado de dinero” y “delincuencia organizada”.

Pero, según trascendió, no es el único caso que la UIF y FGR estarían por indagar. Y es que corren versiones de que el gobierno federal tendría en la mira a Omar, el operador financiero de la familia Yunes Márquez que en abril de 2016 fue mencionado en una investigación mundial realizada por 400 periodistas de 78 países sobre paraísos fiscales.

“Hombres de poder político, económico y mediático de México han participado en ese ocultamiento a través de una urdimbre que aprovecha vacíos en el sistema financiero nacional e internacional”, publicó el semanario Proceso, el cual refería que el joven millonario boqueño “avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa (Ángela Ruiz)”, pero que dicha operación no se concretó al desistirse debido a que la ley en México considera como “Persona Políticamente Expuesta” a familiares hasta cuarto grado, y Omar “es hijo de un político y hermano de otros dos, el actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez”.

Sin embargo, desde junio de 2013, en su edición 277, el diario Reporte Índigo ya había publicado también un amplio reportaje titulado “El hijo ‘próspero’ de Yunes”, en el que se consignaba que “igual que su padre, Omar Yunes Márquez es un hombre exitoso”, y que “a diferencia de millones de jóvenes en México, el hijo del político panista Miguel Ángel Yunes Linares conoce bien lo que es la prosperidad”, ya que en tan solo cuatro años, de 2009 a 2012, había logrado adquirir un edificio, dos terrenos y un lujoso penthouse en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México, con valor de más de 30 millones de pesos.

En esa fecha, el reportero Armando Estrop reseñó que este hijo de Yunes Linares, de entonces 35 años de edad, carecía de experiencia inmobiliaria ya que su trayectoria empresarial la había iniciado en el 2000 en el ramo de la comida japonesa con una cadena de restaurantes en Puebla y Veracruz.

¿Quién le cree a la fiscalía?

Vaya, vaya, vaya…

¡Qué “golpazo” acaba de dar la Fiscalía General del Estado a cargo del abogado yunista Jorge Winckler!

Y es que después del sospechoso “suicidio” de Primitivo Islas Falcón, el presunto autor material del homicidio de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea –atentado en el que también fueron acribillados el esposo y el chofer de la difunta munícipe

el 24 de abril pasado–, este martes la FGE anunció con bombo y platillos la detención del ex síndico Ricardo Pérez Marcos, señalado como el supuesto “autor intelectual”.

Curiosamente, para envidia de Sherlock Holmes, el fiscal veracruzano resolvió fast-track este complicado caso inmediatamente después de que el gobernador Cuitláhuac García; el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, revelaron que el presunto homicida “suicidado” había laborado en la Oficina del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares pese a que tenía antecedentes penales, señalamiento que obviamente desató todo tipo de especulaciones y sospechas.

Y es que Islas Falcón, ex comandante de la Policía Municipal de Mixtla –quien murió la semana antepasada cuando agentes ministeriales de la FGE pretendían arrestarlo en su domicilio– había laborado efectivamente  como analista administrativo en la oficina del gobernador Yunes Linares, pese a que como elemento de la policía municipal de Tequila había sido procesado y sentenciado a 21 años de prisión por los delitos de homicidio y lesiones dolosas calificadas y daños dentro de la causa penal 93/1998, siendo beneficiado con la preliberación en 2007.

¿Habrá quien se crea esta fantástica resolución del crimen?