Desde 1960 a la fecha, las desapariciones forzadas en Veracruz se han ejercido como una forma de control hacia las disidencias políticas y crear una nueva generación de cacicazgos, pero a partir del 2006 cuando comienza la guerra contra el crimen organizado este delito ha servido como financiamiento de los grupos delincuenciales, señaló el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana (UV) Erick Alfonso Galán Castro.
Al realizar un estudio se conoció que desde el 2010, Veracruz tiene un registro de 32 desapariciones forzadas en el que participaron policías municipales, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal o autoridades en general, y se contabiliza un promedio de 6 mil 300 personas desaparecidas en general.
“Veracruz es uno de los más altos índices con personas desaparecidas al igual que los estados de Jalisco y Tamaulipas”.
Este número alto de personas desaparecidas, tuvo el efecto de que los familiares se congregaran en un promedio de 30 colectivos con localización en el centro, norte y sur de Veracruz.
Sin embargo, según declaraciones de las familias víctimas de desapariciones, el gobierno estatal prefiere dar una atención individual, y no a través de liderazgos en los colectivos.
“La atención a victimas es individualizada a modo de evitar las intermediaciones, y los colectivos son pensados en esas intermediaciones y el gobierno no los piensa como interlocutores en la atención a victimas”, dijo el investigador.
En los últimos cinco años, dijo el investigador es visible “la tensión” entre autoridades del gobierno del estado con las familias víctimas de personas desaparecidas.
“Desde el 01 de diciembre del 2018 que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo declaratoria de Emergencia Humanitaria por Crisis de Derechos Humanos, gradualmente la relación con familiares de colectivos de personas desaparecidas se tensó al grado en que esta prácticamente es inexistente”, afirmó.
Aclaró que los colectivos se constituyeron para construir y configurar la desaparición forzada cómo un problema público, y que no eran casos aislados, sino que el delito debe preocupar a todos y todas.
Explicó, a lo largo de los años la desaparición forzada y la persecución eran el resultado de diferencias con actores políticos de oposición, pero lo que vemos ahora es que muchas de las personas víctimas no estaban involucradas con algún proceso político.
“Lo que es transversal es que la desaparición forzada sigue siendo una forma de control político, a pesar de los cambios de fondo en el que Veracruz tuvo dos procesos de alternancia política que es el 2016 con el PAN, y Morena en el 2018”, dijo.
Finalmente, dijo que la alternancia política que ha tenido Veracruz, ha servido de oportunidad política para que los gobiernos se comprometan a dar atención a las familias víctimas, pues ahora se cuenta con una Ley de Atención a Victimas y una Comisión Estatal de Búsqueda.
AVC
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