A siete años de que se emitió la declaratoria de alerta por violencia de género en la entidad veracruzana el Estado ha incumplido con más del 80 por ciento de las recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a fin de atender el tema.
Desde la declaratoria de alerta de género por violencia declarada en noviembre del 2016, Veracruz ha registrado 564 feminicidios.
De acuerdo con el dictamen de seguimiento del cumplimiento de implementación de medidas por la alerta de violencia de género por feminicidios en Veracruz, el Estado tenía que cumplir con la implementación de medidas de seguridad, de prevención así como de justicia y reparación para atender y prevenir la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, el grupo interinstitucional de seguimiento revisó las acciones implementadas y halló que el Estado solo cumplió con el 12.5 por ciento de las medidas y el 87.5 por ciento como no cumplidas.
“El avance aún es insuficiente para las necesidades y las demandas de las mujeres y de las niñas del estado de Veracruz”, señala el documento.
Las acciones reportadas por diversas dependencias y organismos autónomos que van desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General de Veracruz, se centraron en la realización de talleres sobre los derechos humanos con perspectiva de género y se mantienen pendientes como la creación de módulos de atención coordinados por el IVM y la Fiscalía en los 11 municipios prioritarios.
Hay que recordar que el 23 de noviembre de 2016 se dictó la procedencia de la alerta por violencia de género por feminicidios en once municipios del estado de Veracruz: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa; sin embargo, las acciones implementadas no han sido suficientes para atender de manera efectiva el tema.
Entre los pendientes está la actualización del programa de capacitación para personal de Salud; establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y certificación del personal en temas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En cuanto a las medidas de justicia y reparación se encuentran clasificadas como no cumplidas por lo que se recomienda garantizar que se notifique a las víctimas indirectas del delito de feminicidio, en los diferentes momentos de los procedimientos ante la Fiscalía General y del Poder Judicial de Veracruz,, así como de los servicios que brinda la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas en materia de reparación integral.
Además, difundir ampliamente entre las víctimas las convocatorias de los programas vigentes, como lo son: Programa de Alojamiento, Programa de abasto alimentario para víctimas indirectas de desaparición y feminicidios, Programa de abasto alimentario para víctimas en situación de vulnerabilidad, así como los que se vayan sumando, para que en caso de cumplir con los requisitos puedan ser beneficiarias/os de los mismo .
El grupo interinstitucional identificó una ausencia de campañas de prevención con enfoque intercultural; el estado no dio cuenta de la intervención de organizaciones de la sociedad civil o personal académico experto en el diseño y elaboración de las campañas y/o productos de difusión
El grupo señala con preocupación la persistencia de la violencia feminicida hacia las mujeres, adolescentes y niñas en la entidad, por lo cual exhorta al estado a fortalecer la campaña de difusión y promoción de derechos de las mujeres, mediante una estrategia de comunicación sistemática y coordinada, articulada con la intervención de autoridades gubernamentales, educativas, académicas, sociales y de la iniciativa privada que promuevan de forma sinérgica el respeto a los derechos humanos de este sector.
Observó que el funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Xalapa es muy limitado en cuanto a la atención que brinda, ya que no atiende el catálogo completo de delitos que se encuentran en el código penal vigente para la entidad que atentan contra los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, así como la poca población a la que se le brindan servicios, ya que únicamente se atiende a población de tres municipios cuando la atención debe ser estatal.
Por lo cual debe fortalecerse, ampliar su radio de atención, realizando campañas de publicidad para que la población conozca a detalle donde se encuentra, horarios de atención y servicios que presta, con el objetivo de tener la capacidad real de primer respondiente y atienda el modelo de atención de manera integral.
Advierte que los presupuestos, tanto estatales y municipales asignados a las acciones en el marco de la alerta de género AVGM, deben ser específicos, que permitan tener resultados, y que para ello es necesario disponer de información sobre el desempeño e impacto de los programas (como estadísticas, encuestas de percepción cualitativa y cuantitativamente.
“La información presentada por el estado tiene que mostrar fehacientemente cómo los programas aplican los recursos públicos para solucionar la problemática central, por y para la que fueron creados. Esta información debe ser estratégica, esto es, considerar los logros alcanzados tanto en la gestión del programa (la provisión de insumos, las actividades o procesos que realiza, bienes y servicios que genera o entrega como en los resultados intermedios y finales de la intervención sobre una población objetivo”.
El GIM solicitó que todas las acciones encaminadas a la protección de los Derechos Humanos de las mujeres, adolescentes y niñas del estado de Veracruz, no se restrinja únicamente a los 11 municipios prioritarios, sino que se extienda a los otros 47 municipios que tienen población indígena con alto grado de marginación.
AVC
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