La organización Comité Cerezo México informó que durante el 2023 en el país hubo un total de 14 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos por parte de agentes del Estado.
En un informe publicado este miércoles, la organización detalla que los asesinatos extrajudiciales tienen motivos políticos, esto se refiere a que se perpetraron como una forma de castigo por su actividad en la defensa de los derechos.
La organización indicó que durante los cinco años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 93 asesinatos extrajudiciales, que es una cifra mayor a la del sexenio de Felipe Calderón, donde se contabilizaron 67.
Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto fue más peligroso para las personas defensoras de derechos humanos, ya que la organización contabilizó 189 durante ese periodo.
Explicó que existen tres factores que hacen que en este gobierno se hayan superado los números del sexenio de Calderón: que se continúa con la represión política a nivel estatal y municipal, que existe una política de impunidad y no castigo a responsables, y debido al reinicio de la represión contrainsurgente, principalmente en Oaxaca y Veracruz.
“La responsabilidad de proteger la vida de las personas defensoras de derechos humanos es una responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto, aunque legalmente la justicia federal tendría la capacidad de atraer todos los casos de ejecución extrajudicial”, señaló la organización.
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En lo que va del gobierno de López Obrador, el 2021 fue el año con más asesinatos extrajudiciales al registrar 25, le siguió el 2022 con 22 y en el 2020 hubo 15.
No obstante, la organización indica que desde el inicio de sus registros, el 2017 fue el año con la mayor cifra de asesinatos con 52, esto durante el periodo de Peña Nieto.
El informe destacó que Oaxaca lideró el número de víctimas de asesinatos extrajudiciales con 11 casos, que representa el 79% del total de este tipo de crímenes ocurridos en 2023; le siguió Veracruz con dos asesinatos y Jalisco con uno.
Además, de los 14 casos registrados, sólo uno no pertenecía a un pueblo indígena, mientras que nueve eran de la Nación Triqui en Oaxaca, dos del pueblo Xiche, también en Oaxaca, y dos más al pueblo Náhuatl, en Veracruz.
El informe reveló también que entre los beneficiarios por este tipo de asesinatos, en cuatro casos fue el gobierno federal, en otro más una minera transnacional y en nueve fueron gobiernos estatales, la mayoría de Oaxaca.
Finalmente, recordaron que, si bien no es una práctica generalizada en el país, “sigue siendo grave que sigan sucediendo estos crímenes de Estado” y consideraron que se mantendrán estas cifras en el último tramo del sexenio.
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