A través del Instituto Veracruzano de la Vivienda, el gobierno estatal entregó casas a los deudos de 4 policías caídos en cumplimiento de su deber.

Entre 2019 y 2023, 111 casas fueron entregadas a las familias de elementos de seguridad pública que fueron muertos en la entidad: 48 pertenecían a integrantes de la Policía Estatal; 18 a la Fuerza Civil; y 45 a la Fiscalía General del Estado; es decir, a policías ministeriales.

Los riesgos que implica el combate a la delincuencia son muy altos.

La organización no gubernamental Causa en Común reporta que en promedio, durante 2023 un elemento policiaco fue asesinado en México cada día. Los estados con más casos fueron Guanajuato, con 60 policías caídos; Guerrero, con 40; Zacatecas, con 32; y Michoacán, con 28.

En lo que va del actual gobierno –entre diciembre de 2018 y enero de 2024–, se habla de al menos 2 mil 233 policías asesinados en el país.

En 2023 se registraron 412 casos; de ellos, 23 ocurrieron en la entidad veracruzana.

El recuento del año pasado inició el 10 de enero en Córdoba, con el asesinato de dos elementos. El más reciente ocurrió en Ixtaczoquitlán, el 25 de noviembre.

Los 23 asesinatos de policías veracruzanos registrados en 2023 se suman a los 24 casos ocurridos en 2022; a los 30 de 2021; a los 39 de 2020; y a los 17 de 2019.

Además, en diciembre de 2018 se registraron otros dos casos de policías asesinados en Veracruz.

En total, la lista de Causa en Común, que incluye fechas, lugares y nombres de las víctimas, consigna 135 policías de diferentes corporaciones caídos en Veracruz.

Ello indica que del total de casos de todo el país, el 6 por ciento de los asesinatos se registró en tierras veracruzanas.

La entidad está muy lejos de los estados más violentos y peligrosos para los elementos de los cuerpos policiales; sin embargo, esta actividad no deja de ser considerada de alto riesgo.

Luis González, un veterano periodista de la zona norte de Veracruz, explicaba así los peligros de la función policial: los médicos tratan con personas enfermas; los maestros, con estudiantes y padres de familia; los policías, con delincuentes.

Lo cierto es que esos 135 policías veracruzanos asesinados durante el actual gobierno tenían nombres y familias dependientes, cónyuges, hijos, padres y hermanos; cada uno encierra una historia que terminó en tragedia.

El gobierno estatal veracruzano hace bien en reconocer la contribución de estas personas a la seguridad pública del estado, con mejores salarios y prestaciones; y, en el caso de los elementos muertos, abatidos por la delincuencia, con casas para sus familias y becas para sus hijos.

@luisromero85