A más de 10 años de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó crear las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) en las entidades, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad advierte que no hay evidencia sobre sus resultados en el combate al lavado de dinero, ni siquiera en su implementación y operación.
En el estado de Veracruz en enero de 2021, el gobernador Cuitláhuac García presentó al Congreso del Estado la Iniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz.
En esta se estipula la creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica como un órgno desconcentrado de la Secretaría de Seguridad con autonomía de técnica y de gestión, con la finalidad de investigar y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del Estado.
La iniciativa contempla que la UIPE estaría a cargo del titular de la Dirección, quien será nombrada por el Secretario de Seguridad de la entidad.
El 25 de febrero de 2021, en Congreso dUIPE UIPE el Estado aprobó; sin embargo el Observatorio Ciudadano preguntó a la SSP en 2022 reconoció que no se ha creado.
“En aras de garantizar el derecho a la información del peticionario, se informa que, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) prevé su creación y funcionamiento en el Capítulo XI, artículo 71, 72, 73, 74, 75 y 76 de la <>, sin que a la fecha se haya creado. Razón por la cual, no es posible atender el cuestionamiento solicitado por el peticionado”, señala.
También se le preguntó a a Fiscalía General del Estado de Veracruz quien respondió a la solicitud de información que no cuenta con UIPE.
El informe del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad indica que 23 entidades federativas han emitido su reglamento interno y tipificado los delitos, pero ha habido problemas de implementación.
Esto ha generado que la red no esté operando funcionalmente y que buena parte de las Unidades funcionen más como un membrete que como las instancias de inteligencia financiera que analizan información y proveen de insumos para la investigación, persecución y sanción de este tipo de delitos.
Señalan que persistir en la idea de contar con una red de 32 UIPE es como pretender que las policías estatales también se encarguen de prevenir e investigar delitos federales.
“Es duplicar funciones y una de las partes no está preparada para estas labores. Hasta el momento ha sido más costoso intentar establecer esta red. No se percibe ningún cambio político social o institucional que acelere el proceso o que ayude a remediar los obstáculos que suponen las adscripciones de las unidades a diferentes dependencias”.
El Observatorio Nacional Ciudadano detectó que la mayoría de las UIPE se derivan de un decreto gubernamental, esto significa que el gobernador designa al titular de estas unidades.
En el caso de Veracruz, tras ser aprobada por el congreso la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública se crea la unidad de inteligencia como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad con autonomía de técnica y de gestión y cuyo Dirección está a cargo de alguien nombrado por el Secretario de Seguridad.
A nivel nacional 13 UIPE están adscritas a la Secretaría de Hacienda, 11 a las fiscalías estatales, 3 a las SSP como en el caso de Veracruz, Estado de México y Tabasco, dos a la Procuraduría General de Justicia de los estados y tres entidades permanecen sin unidad; Aguascalientes, Campeche y Chihuahua.
Agrega que los datos de consenso sobre la magnitud del lavado de dinero en México ubican que los ingresos criminales se ubican en un rango de entre el 2 y el 5 por ciento del PIB (entre 25 y 62 mil millones de dólares al año) y que el lavado de dinero sería de entre 18 y 44 mil millones de dólares al año.
Por su parte, en 2022, México se ubicó en el lugar 60 de entre 128 jurisdicciones según el ranking de riesgos de lavado de dinero elaborado por el Instituto de Gobernanza de Basilea. México se encuentra en un nivel de riesgo de lavado de dinero similar al de Rusia, Bielorrusia, Uzbekistán e Indonesia
“Tres años después de la emisión del comunicado en el que se daba por alcanzado el compromiso de contar con 32 UIPE la propia UIF reconoce que no es una labor acabada. Todavía hay pendientes severos de implementación. Ante esta precariedad de datos y evidencia contradictoria no hay manera de realizar una evaluación de impacto”, reconoce.
AVC
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