La suspensión provisional que le había sido otorgado a la jueza veracruzana Angélica Sánchez, —señalada por los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias—, no tenía efectos sobre la orden de aprehensión cumplimentada, por tanto, no la protegía, resolvió Daniela María León Linarte, titular del Juzgado Décimo Quinto Distrito de Veracruz.

La respuesta del gobernador veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, no se hizo esperar y publicó a través de sus redes sociales que tras la revisión del amparo 540/2023, se caen los “argumentos y mentiras” de “los que intentaron defender mediáticamente a quien en su momento liberó a un potencial criminal”.

También salió en defensa de la fiscalía del estado, que encabeza Verónica Hernández Giadans, tras sostener que con la resolución del juez “hay evidencia de que trabaja apegada a la ley, sin vendettas” e, incluso, aludió a las declaraciones de Margaret Satterthwaite, relatora de oficina de la ONU, en una carta enviada al Estado mexicano donde señaló que en Veracruz se violan derechos humanos.

En sus redes sociales, el gobernador explicó que el Juzgado Décimo Quinto resolvió que no existió violación contra la jueza, tras resolver el amparo 540/2023.

“Se otorga la razón jurídica a la FGE en la correcta aplicación de la orden de aprehensión ejecutada contra la jueza (no olvidar que ella intentó liberar a un narcotraficante)”, señaló en su publicación.

Y añadió: “Se les cae la mentira a quienes pretendieron proteger mediáticamente a la jueza Angélica”.

La exjueza Angélica Sánchez fue detenida en la Ciudad de México el pasado 16 de junio, señalada presuntamente de haber pretendido liberal de manera ilegal a Itiel “N”, quien era acusado de tres crímenes, entre ellos el homicidio del líder cañero Juan Carlos Molina.

Daniela María León Linarte, titular del Juzgado Décimo Quinto Distrito del estado, también determinó que el juez de Control, Roberto Santos Morales, desobedeció un amparo que prohibía la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández, por lo cual puede ser denunciado penalmente por violar la Ley de Amparo.

Latinus

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