El costo financiero es alto, pues requiere ajustes al presupuesto que no estaban contemplados; igual de alto es el costo político pues desgasta la credibilidad de la relación entre Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial local.

El pasado martes un juez federal obligó al poder judicial a restituir a la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, quien regresa a despachar con un equipo de trabajo de sobra conocido por sus quehaceres en el Poder Judicial de Veracruz.

Como uno de sus proyectistas está Fluvio César Vista (hijo del ex magistrado del mismo nombre) quien fungió como Juez de Ejecución en Córdoba, hasta mayo de dos mil veintidós,  y quien durante su paso por Veracruz, fue parte del juzgado que mayor rezago generó en el estado. Su padre es mentor de la magistrada María del Socorro Hernández Cadena, quien es conocida por negarse a firmar el plan de austeridad del PJEV, participó en las gestiones para reincorporar a Gladys de Lourdes Pérez Maldonado como su compañera en la Tercera Sala, donde se resuelven a diario casos de alto impacto como secuestro, homicidio y feminicidio. A su vez, María del Socorro Hernández Cadena, fue jefa de la jueza Angélica Sánchez Hernández, de quien se conoce ampliamente la polémica de supuesta persecución política de la que fue objeto.

Por otro lado, la recién incorporada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, también propuso como proyectista a Irma Espinoza Ríos, esposa del todavía magistrado Roberto Dorantes, quien igual que ella, reingresó al Poder Judicial mediante un proceso de indemnización.

La nueva configuración del Tribunal Superior de Justicia, encabezada por María del Socorro Hernández Cadena y los recién restituidos Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y Roberto Dorantes; demuestra que los fallos judiciales a nivel federal le salen muy caros, en lo financiero y en lo político.