El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza concluyó que el Tren Maya, proyecto emblema de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha incurrido en un ecocidio y etnocidio pues ha violado los derechos bioculturales del pueblo maya, que es el protector del territorio donde correrá el ferrocarril.
En las conclusiones de su informe sobre el impacto de esta obra, el tribunal consideró que el Estado mexicano es responsable de la violación de los derechos fundamentales de la naturaleza así como de los habitantes de la Península de Yucatán.
«La violación a los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, que ancestralmente ha sido y continúa siendo, protector y guardián de su territorio, de sus cenotes, cuevas y costas; sus selvas, su biodiversidad y sus cultivos tradicionales, y los seres no humanos que habitan los ecosistemas, todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio. El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la naturaleza y del pueblo maya», sentenció.
De igual forma, urgió al gobierno federal a la suspensión inmediata del Tren Maya con todos sus componentes, así como la desmilitarización de los territorios indígenas.
Además, solicitó la declaración de los cenotes como sujeto de derechos por constituir la fuente hídrica más importante para la supervivencia de los pueblos, las comunidades y especies de animales y plantas en la región.
El Tren Maya es uno de los proyectos más importantes del gobierno lopezobradorista pues ha fijado el desarrollo económico del sureste mexicano a este ferrocarril, que tendrá una vocación turística y económica a lo largo de los 1 mil 554 kilómetros de ruta a través de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Tras este fallo, el Tribunal Internacional planteó a las empresas e inversionistas del proyecto respetar los derechos colectivos de los pueblos previstos en el Acuerdo de Escazú y en las demás normas establecidas en el ordenamiento jurídico tendientes a garantizar los derechos de los pueblos.
También, exhortó los Poderes Ejecutivo y Legislativo a revisar la Ley Agraria que establece la propiedad social de la tierra, para que ésta sea reemplazada por una ley que contemple la función socioecológica del territorio en su relación indisoluble con las prácticas culturales sustentables de los pueblos y comunidades que ancestralmente los habitan
En ese sentido, urgió una reforma constitucional para incorporar el reconocimiento de la naturaleza y a los pueblos indígenas como sujetos de derechos.
Medidas para la reparación integral
Tras la condena por ecocidio y etnocidio por parte del gobierno federal por la construcción del Tren Maya, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza planteó cuatro ejes para reparar los daños ocasionados con esta obra.
Realizar una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria e intercultural, con la participación de las comunidades afectadas tanto de los diferentes tramos del proyecto Tren Maya como del Plan Maestro que hasta el momento no ha sido presentado por las autoridades competentes. Al respecto, las manifestaciones de impacto ambiental deben ser sistémicas y no parciales y comprender no sólo a este proyecto, sino a todos aquellos que se planean realizar en la zona.
Reparar y restaurar integralmente todos los ecosistemas que han sido afectados por la ejecución del Tren Maya y sus instalaciones colaterales, así como de todos los impactos sociales generados por esta obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y los territorios.
Suspender los procesos de despojo y expropiación de la tierra ejidal a las comunidades y revisar los procesos de despojo y expropiación ya realizados.
Desmilitarizar inmediatamente el territorio y garantizar la vida, la integridad y la libertad de expresión de las personas que han manifestado su inconformidad con el proyecto y demás programas vinculados a este.
En una revisión hecha por Grupo Fórmula, a los decretos de expropiación por utilidad pública para el Tren Maya, se constató que durante 2022 el Ejecutivo federal ejerció esta facultad 13 veces. Mientras que de enero hasta el 24 de mayo de 2023 se ha aplicado en 15 ocasiones.
El grueso de los decretos emitidos para el avance en la construcción de este proyecto se ha ejercido en Quintana Roo y en los tramos 5 norte y sur y 6 y 7, que están a cargo del Ejército y que hasta el momento son los que más atraso presentan en las obras, tomando en cuenta que el Tren Maya debe ponerse en operación, en sus 1 mil 554 tramos de extensión, el 1 de diciembre de este año.
En total, el gobierno de López Obrador ha expropiado 1 mil 941 hectáreas de terrenos en Quintana Roo para el avance de los tramos 5, 6 y 7 a cargo del Ejército mexicano.
Radio Fórmula
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