La defensa de Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó este jueves que vaya a renunciar a su cargo por el caso de plagio de su tesis de licenciatura.
En conferencia de prensa, los abogados presentaron una serie de pruebas, ordenadas mediante una línea de tiempo, con las que buscan acreditar la inocencia de su clienta.
Se presentaron alrededor de 20 pruebas que datan desde que comenzó sus estudios de preparatoria en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hasta su inscripción en la licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores (Fes) Aragón. En su cronología, afirman que la ministra comenzó su tesis en el sexto semestre.
La defensa de la ministra indicó que dicha tesis fue concluida por su clienta en abril de 1986, mientras que en julio del mismo año la terminó el estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez.
Por otra parte, acusaron que la UNAM no ha llamado a la directora de las dos tesis, ni a los testigos, a dar su versión sobre este caso.
Los defensores recordaron la declaración jurada de Báez, en donde asegura que tomó varias partes del trabajo y referencias de la tesis de la ministra Esquivel. En un principio, el abogado se dijo el autor original de la tesis.
Los abogados también aseguraron que la UNAM han prejuzgado a su clienta, ya que anteriormente habían reconocido que “parecía de los mecanismos dentro de la legislación universitaria para invalidar un título profesional” y ahora “mediante un proceso ilegal, pretenden justificarlo”.
“La han dejado a expensas de un proceso sin certeza jurídica. No se puede buscar un fin ético, violando los derechos humanos”, afirmó el abogado José Monroy Zorrivas.
El 24 de abril, la defensa acusó al Comité de Ética de la UNAM de que se ha negado a recibir pruebas periciales y testimoniales “irrefutables” sobre el caso de plagio de la tesis de licenciatura por parte de la ministra.
En un comunicado, el bufete Romano, Rascón y Asociados aseguró que tanto el Comité de Ética como el de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón son instancias universitarias “legalmente incompetentes” para tratar dicho asunto.
“Preocupa, desde luego, que las autoridades de la máxima casa de estudios aseguren “ya tener una resolución” cuando este proceso, que carece de bases jurídicas y de legitimidad, ni siquiera ha concluido; no han desahogado la totalidad de las pruebas, ni los testimonios aportados por esta oficina”, se lee en el comunicado.
Latinus
M°1
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