Ni el gobierno, ni la Comisión Federal de Electricidad compraron las acciones de Iberdrola. Fue Mexico Infrastructure Partners FF, una empresa filial creada el año pasado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), un fondo privado que está involucrado en la adquisición de las 13 plantas de generación de electricidad de Iberdrola por la friolera de 6 mil millones de dólares.

Desde 2015, MIP es presidido por Mario Gabriel Budebo y administra el Fomento a la Energía e Infraestructura de México (Fondo EXI), un fondo de capital de riesgo especializado en los sectores de energía, hidráulico, comunicaciones y transportes en México.

Hasta ahí todo va bien. Se trata de una simple y llana transacción de negocios, nada que ver con una nacionalización.

El tema es que el Presidente en su festín ha omitido dos pequeños detalles: Gabriel Budebo fue subsecretario de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía durante el Gobierno de…  ¡¡Felipe Calderón!!, y hoy es el CEO del fondo México Infrastructure Partners (MIP).

Y el segundo. La transacción se hizo a través de un vehículo financiero con participación de un fideicomiso del Gobierno mexicano. Exacto. Los fideicomisos que siempre acusó que se trataban de nidos de corrupción y que deberían desaparecer.

Obsesionado por pasar a la historia como Juárez o Lázaro Cárdenas –en realidad, su lugar ya está reservado junto al populismo de Echeverría y López Portillo-, el Presidente vuelve a timarnos con un falso nacionalismo: su gobierno no compró el 80% de Iberdrola, en realidad sólo la cambió de dueños.

Desde el gobierno han festinado que se trató de una “nacionalización” de la industria eléctrica porque se compraron acciones de una sola empresa, Iberdrola. La realidad es que el Presidente, encabronado, sólo cobró venganza personal de una empresa española que siempre le resultó incómoda.

¡Que Viva México!, dice Luis Estrada.

¿Cuál es la cuota de policías en Seguridad Pública?

Todo el mundo se pregunta cuál es la cuota que han impuesto a policías estatales y la Fuerza Civil para detener ilegalmente a ciudadanos en la penumbra de la noche y la madrugada, para luego de golpearlos y amenazarlos, recluirlos por horas en el cuartel de San José, donde esos excesos ya costaron al menos dos vidas de ciudadanos inocentes.

El modus operandi es el mismo de siempre. Se escoge a la víctima a partir de faltas administrativas menores: una luz fundida, la falta de una placa o la sola presunción de conducir en estado de ebriedad. Sin justificar la detención, los ciudadanos son obligados a descender de sus vehículos y ser revisados sin que haya cometido ningún delito.

Y entonces viene lo peor. Si alguien osa cuestionar la arbitrariedad de los oraguntanas y orangutanes vestido de azul –por desgracias, mujeres policías también participan de estas vejaciones-, entonces ya tienen la excusa perfecta para esposarlos, remitirlos a San José y enviar sus vehículos al corralón.

Para entonces, el chistecito ya les salió a las víctimas en varios miles de pesos: la extorsión, la multa administrativa y hasta el corralón.

Por supuesto que ninguna autoridad interviene para frenar estos abusos porque son ellos quienes imponen la cuota. Es hasta que un caso revienta en medios, cuando se rasgan las vestiduras y ofrecen que no habrá un solo caso de impunidad. Luego, sueltan la carcajada.

El último caso es el de Karen Rodríguez Fitz, cuyas denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía del Estado siguen su curso con poco éxito.

En marzo pasado, la odontóloga de profesión denunció la detención arbitraria que sufrió en Xalapa. Según la crónica de medios nacionales, Karen fue golpeada y torturada en la batea de una patrulla de la SSP, y posteriormente ingresada al cuartel de San José, en Xalapa.

Nunca supo por qué la detuvieron. Lo que sí supo es que, con ella, los policías habían completado su cuota de detenidos de esa noche.

¿Quién impone “la cuota”? ¿De cuánto es? ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿Lo saben el Secretario y el Gobernador? Hay muchas preguntas por responder.

Nahle y su fracaso en Dos Bocas. ¿En marcha el Plan B de la negritud?

Cuando supuestamente inauguraron la refinería de Dos Bocas el primero de julio del año pasado, en efecto, nadie tenía la más peregrina idea de cuando se produciría el primer litro de gasolina en esa refinería. Tampoco la tienen ahora.

Los meses pasaron y para calmar las aguas, Rocío Nahle, la hasta ahora favorita del presidente para ser la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, ofreció que en diciembre veríamos el milagro. No sucedió y al parecer tampoco sucederá este año.

¡Resulta que se les pasó un pequeño detallito de construir un acueducto para llevar agua a la refinería!

Apenas ahora, Petróleos Mexicanos (Pemex) está solicitando los permisos ambientales a la Semarnat para la construcción de un acueducto que suministre el agua necesaria para los procesos de la nueva refinería Olmeca, una obra que requiere cuando menos nueve meses para su construcción.

Una vez completado el expediente de la obra, la Semarnat cuenta con sesenta días para poder resolver en relación al proyecto, por lo que sumados a los nueve meses de construcción suman 11 meses a partir de abril del 2023. Es posible que cuando se produzca el primer litro de gasolina en Dos Bocas, ya tengamos presidente y gobernador electo.

La ratonera

Como Secretaría de Energía, Rocío Nahle no verá un litro de gasolina producido en Dos Bocas. Esto le podría costar la candidatura. Así que el plan B ya está en marcha. Por eso la negritud ya está hasta en la sopa…