Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ofreció una disculpa pública por el colapso del colegio Enrique Rébsamen, la cual, aseguró, fue por convicción. Sin embargo, la mandataria intentó evitar el pronunciamiento.

Latinus tuvo acceso a la grabación de una reunión entre la mandataria capitalina y los padres de los menores fallecidos en la tragedia ocurrida por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Sheinbaum argumentó primero que, por protocolo, le correspondía a Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, ofrecer la disculpa.

“La idea es que la disculpa pública del gobierno de la ciudad la hiciera Martí, como secretario de Gobierno. Normalmente, se hace así porque aunque sea la jefa de Gobierno, no es un tema personal, es un tema institucional, la disculpa pública”, se escucha en los audios, presentados por Carlos Loret este lunes.

En respuesta, los padres leyeron la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitida el 12 de noviembre de 2019, la cual establece que es Sheinbaum quien debía ofrecer la disculpa pública por los hechos que dejaron 26 muertos, la mayoría menores de edad.

Sheinbaum dijo que el asunto lo había abordado con Néstor Vargas Solano, consejero jurídico de la capital, tras lo cual se buscaba que Batres fuera quien ofreciera la disculpa. Por último, la mandataria capitalina intentó zafarse aludiendo a su investidura.

“Hoy estamos aquí para cumplir con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también estamos aquí por convicción. Estoy aquí para ofrecer como representante del gobierno de la Ciudad de México una sincera y sentida disculpa, y una disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable perdida derivada del colapso del colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre”, dijo Sheinbaum el pasado 5 de febrero en un evento público.

Algunos de los padres de las víctimas que hablaron durante el evento acusaron que hasta la fecha sigue su exigencia de justicia.

“Han pasado cinco años, cuatro meses y 19 días de ese desgarrador momento que cambió nuestras vidas y que estamos muy lejos de decir que se ha hecho justicia (…) la atención a las víctimas es obligación jurídica y moral del Estado, al hacerlo la confianza de la ciudadanía aumentará”, dijo Mónica Ortega, madre de una víctima.

Latinus

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