La fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, intentó articular una defensa ante las críticas de los activistas y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes le cuestionan la falta de resultados.

Representantes de Colectivo Solecito aseguran que la mujer que despacha en la FGE ni siquiera ha recibido a las familias de las víctimas por desaparición.

Ante ello, la fiscal habló de una actitud solidaria con los familiares de los desaparecidos y dijo que ya fueron entregados 80 cuerpos; el problema es que son cientos de personas reportadas como no localizadas en la entidad. Sólo en el predio conocido como Arbolillo, municipio de Alvarado, se habla del hallazgo de más de 70 cuerpos.

Es un trabajo que se han echado al hombro los colectivos y los activistas, que lo mismo buscan en los panteones que en las decenas de fosas clandestinas de la entidad.

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia dio a conocer que durante 2021 en Veracruz fueron reportadas como desaparecidas 599 personas; es la peor estadística de los años recientes. Esa cifra, incluso, supera por 70 casos a la de 2014, el peor periodo en desapariciones.

El récord del cuarto año del gobierno de Javier Duarte ya se rompió; y ante esos, que son datos contundentes, la fiscal presume como logro la entrega de 80 cuerpos.

Dice Hernández Giadáns que durante el periodo de Jorge Winckler en la Fiscalía (administración de Miguel Ángel Yunes), había más desapariciones (lo cual está en duda) y menos trabajo de búsqueda; probablemente tenga razón en este último punto, pero ese no es consuelo para las cientos de familias veracruzanas que sufren por la pérdida de alguno de sus integrantes.

A finales de abril del presente año, la fiscalía dio a conocer el hallazgo de más fosas clandestinas en Medellín de Bravo y Jamapa.

En esos lugares, cercanos a la zona conurbada Veracruz-Boca de Río, “se detectaron diversos puntos en los que se encuentran cuerpos de personas inhumadas, por lo cual se cuenta con autorización judicial de diligencia controlada de exhumación… por lo que el día de hoy atendiendo al principio de participación conjunta, se iniciarán los trabajos de recuperación donde participarán la Comisión Estatal de Búsqueda, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, informó el comunicado oficial.

En ese marco, como desde hace casi 10 años, los activistas expusieron la necesidad de que la Fiscalía acelerara la identificación de restos.

Hoy la queja de los colectivos no sólo se enfoca en la ausencia de resultados, sino en la falta de disposición del ente procurador de justicia para el trabajo conjunto, coordinado.

La fiscal sigue sin recibir a los representantes de las organizaciones de búsqueda, que plantean una demanda justa. No se trata de que doña Verónica baje del pedestal al que se encaramó en septiembre de 2019; sólo que escuche de viva voz los reclamos y las demandas de quienes viven la tragedia de no encontrar a algún familiar desaparecido; y por supuesto, ofrezca resultados.

Sergio Gutiérrez en la operación “Alito”

Sergio Gutiérrez Luna dejó la presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, pero no el protagonismo político. El minatitleco se va ganando la confianza del presidente y, sobre todo, del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

De forma reciente trascendió que Gutiérrez Luna tuvo un papel importante en la operación política que logró sumar en el Congreso a los legisladores del PRI, para que presentaran la iniciativa que mantendrá por 4 años más a las fuerzas armadas en las calles.

En ese contexto, ha circulado la versión de que la “Operación Alito” se concretó el pasado 2 de septiembre en una oficina de San Lázaro, donde se verificó una maratónica negociación entre Sergio Gutiérrez; el dirigente del PRI, Alejandro Moreno; y el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira.

En esa reunión, las llamadas telefónicas a la Secretaría de Gobernación definieron el rumbo y permitieron que Alito cambiara de posición y prácticamente de bando; y terminara por apoyar la iniciativa de permitir, hasta el 2028, no sólo el mando castrense de la Guardia Nacional, sino la presencia del Ejército en las calles.

Podríamos decir que Gutiérrez Luna cumplió la encomienda del presidente, que no sólo gana en el tema de la seguridad, sino que dinamita la posibilidad de una gran alianza opositora de cara a las elecciones de 2023 en Estado de México y Coahuila; y de 2024, la sucesión presidencial.

@luisromero85