Álamo Temapache, Ver.-Personal que labora en el Hospital General de Álamo, denunciaron los malos tratos, acoso laboral y discriminación que padecen por parte de Guerlinde Lizbeth Monroy Pérez, administradora de dicho hospital. Piden a las autoridades de la Secretaría de Salud, que encabeza Roberto Ramos Alor, que atiendan sus quejas y eviten que se sigan violentando sus derechos humanos.

Según los trabajadores, Monroy Pérez se refiere a ellos de manera déspota y arrogante, faltando al respeto cuando realizan las labores en las diferentes áreas del hospital. Además, por órdenes suyas sus jefes inmediatos niegan permisos, periodos vacacionales, reposición de días festivos y descansos, adeudando varios días de asueto entre el personal, quienes continúan laborando bajo la amenaza constante de ser despedidos si se quejan o no siguen sus instrucciones al pie de la letra.

Sumado a esto, también por instrucciones de la administradora, el personal de seguridad del IPAX se dirige con palabras altisonantes, gritan y agreden verbalmente al personal del Hospital, a quienes además les niegan la entrada con frecuencia al centro de salud causando que no puedan checar a tiempo y por ende, generando descuentos en la nómina.

Los trabajadores aseguran haber preguntado al personal de seguridad sobre el porqué de esta actitud hacia ellos, y les respondieron simplemente que son instrucciones de la administradora.

Dentro de estas instrucciones y además de la forma irrespetuosa que usan los trabajadores del IPAX, también destaca el cierre de todas las salidas de emergencia con candado, situación que el personal de salud considera peligrosa considerando que el centro de salud opera las 24 horas del día y en caso de un siniestro sería imposible el desalojo del edificio.

El personal de salud también denunció que a pesar de que el Hospital es una institución pública que brinda servicios gratuitos a personas que no cuentan con seguridad social y servicios a bajos costos, los pacientes han comentado que se les han realizado cobros excesivos por atención médica, consultas, tamizaje, instancias hospitalarias, entre otros.

Además se está evitando que el departamento de Trabajo Social realice sus funciones para hacer estudios médicos-sociales para determinar la capacidad económica de los pacientes y con base en eso establecer las tarifas.

Todo lo anterior, derivó en protestas pacíficas y denuncias ante la Jurisdicción Sanitaria II y la Dirección de Atención Médica de Servicio de Salud de Veracruz sin que obtuvieran respuesta a sus reclamos, por lo que los trabajadores compartieron que llevarán este caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos a fin de que se tomen cartas en el asunto y remuevan a la administradora.

AVC

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