El pasado viernes 5 se instaló la LXVI Legislatura local y, por lo que se ve, los integrantes de la menguada oposición –nueve diputados del PAN, tres del PRI y dos del PRD, que en el pasado proceso electoral integraron la alianza “Va por Veracruz”, más otras dos legisladoras de Movimiento Ciudadano y uno de Fuerza por México– no sólo carecen de la fuerza numérica para hacerle contrapeso a las bancadas de Morena y sus aliados PT y PVEM, que en total suman 33 de las 50 curules, sino que ni siquiera están proyectando la esperada congruencia política correspondiente al voto del electorado que sufragó por ellos.

Y es que ese mismo día, el ex panista Domingo Bahena Corbalá fue ratificado con 49 votos para continuar tres años más en la Secretaría General del Congreso del Estado, de la cual dependen las secretarías de Servicios Legislativos, de Fiscalización y de Servicios Administrativos y Financieros.

El cuestionado ex diputado local y ex alcalde de Jáltipan buscaba fuero legislativo como candidato plurinominal de Morena, pero por la aplastante victoria del partido en el poder y la asignación de las diputaciones de representación proporcional por equidad de género, se quedó finalmente sin curul; sin embargo cayó parado, pues fue reelecto para ocupar la misma poderosa posición administrativa que maneja todos los recursos humanos, materiales y financieros –casi 800 millones de pesos anuales– del Poder Legislativo.

La ratificación de Bahena ha sorprendido porque ni siquiera ha cumplido con el código de ética de Morena, que exige a sus funcionarios, gobernantes y representantes populares “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, pues desde hace tres años está implicado en un juicio civil por su actitud fraudulenta y abusiva.

De acuerdo con el expediente número 681/2018/III, radicado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, al secretario general del Congreso le están reclamando el pago de más de 808 mil pesos por 38 meses de renta –más otros 18 mil pesos por pago de servicios de agua y luz– que hasta ahora adeuda a los dueños de una bodega ubicada en la calle María Enriqueta Camarillo, de la colonia Rafael Lucio, muy cerca de la sede del Poder Legislativo, la cual ocupa desde el 1 de diciembre de 2017, luego de que se la traspasó Asael Alor Hernández, uno de sus presuntos socios que aparecía como representante de la empresa Gottigen Latinoamérica, S.R.L. de C.V., con domicilio fiscal en Coatzacoalcos. Alor la había arrendado el 1 de marzo de 2015.

Desde que asumió la Secretaría General del Congreso local, el ex panista ha estado evadiendo a los actuarios del Poder Judicial con diversas artimañas para ser notificado de las diligencias, por lo que el pasado jueves 4 de noviembre –un día antes de ser ratificado por 49 de los 50 diputados de la LXVI Legislatura entrante– los representantes legales de la arrendadora lo acusaron formalmente de rebeldía ante el Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, ya que señalan que el funcionario del Poder Legislativo no ha realizado la contestación de la demanda, misma que fue emplazado desde el día 2 de octubre de este año, solicitando no se le admitan las pruebas que ofrezcan, toda vez que al no contestar ni controvertir los hechos, ni el capítulo de derecho, no tiene nada que probar, al haber sido omiso.
Y es que el 13 de octubre pasado, mediante un escrito apócrifo, quisieron hacer creer a dicho Juzgado que el vecino que recibió la notificación de emplazamiento no conocía al demandado, por lo que supuestamente decidió hacer la devolución de la citada notificación, cuando lo cierto es que sí se le entregó el emplazamiento, afirmando dicha persona desconocer el escrito falso que posteriormente presentaron los abogados de Bahena utilizando de manera indebida su nombre, lo que a todas luces es un abuso de poder al pretender valerse de las influencias políticas para defraudar a la arrendadora.

¿Los diputados de la oposición –la mayoría de los cuales llegaron por la vía plurinominal– realmente estaban conscientes de a quién le estaban dando su voto de confianza para ocupar nuevamente la poderosa Secretaría General del Congreso local durante los próximos tres años? ¿De veras su auténtico interés de formar parte del Poder Legislativo es servir al pueblo con honestidad o sólo van por la jugosa dieta y demás prebendas económicas y favores administrativos que quienes tienen el control político de la nueva Legislatura les aprobarán y canalizarán a través de Domingo Bahena?