La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, se excusó de pronunciarse en torno al paquete de reformas al Código Penal, recientemente aprobadas en el Congreso Local, que modifican el delito de ultrajes a la autoridad.
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Pese a que académicos, abogados, juristas, y activistas han señalado que la reforma criminaliza la protesta, es excesiva en las penas que asigna, y ambigua en los términos en que está redactada, la reelecta presidenta de la CEDH descartó pronunciarse al respecto.
Ochos días después de haberse aprobado en el pleno del Congreso, y de la indignación que ha causado entre diversos sectores, que han pedido que la CEDH inicie una acción de inconstitucionalidad contra la norma, el órgano garante emitió un comunicado en el que se excusó de hacer un pronunciamiento en torno a si iniciará o no un procedimiento de inconstitucionalidad contra la norma.
Namiko Matzumoto se excusó en “el artículo 5 de la Ley que nos rige, establece una serie de supuestos que determinan la incompetencia material de este Órgano, entre éstos, se encuentra la imposibilidad de atender consultas que formulen las autoridades, los particulares u otras entidades, sobre la interpretación de disposiciones constitucionales y legales, ni en aquellos casos en que se pueda comprometer o vulnerar su autonomía moral”.
Al final del comunicado, la Comisión planteó, que este articulado no impide que la CEDHV, “ejerza las atribuciones que, en la materia, la Constitución le confiere”.
El congreso local aprobó con 34 votos a favor modificaciones al código penal que sanciona como grave el delito de ultraje a la autoridad, que se configura cuando una persona amenaza o agrede a un policía o funcionario público.
La manera para que esa reforma se eche abajo obligaría a que 17 diputados locales o la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos presenten una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
AVC
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