El Covid19 y la crisis económica han convertido al país en una gigantesca fábrica de pobres. En sólo cuatro meses, la economía ha colapsado a causa de la pandemia: más del 60 por ciento de la industria y el comercio tuvieron un cierre parcial o total, más de 15 millones de personas no tienen empleo y otros 10 millones de mexicanos han pasado a engrosar las filas de la pobreza extrema.

Hace algunos días, investigadores del PUED-UNAM dieron a conocer un estudio donde se estima que entre febrero y mayo del 2020, la población en pobreza extrema por ingresos ha aumentado 8 puntos porcentuales, pasando de 17 a 25 por ciento. Esto implicaría que al menos 10 millones de mexicanos se habrían sumado durante la pandemia a la población cuyos ingresos son insuficientes para adquirir la canasta básica alimentaria.

En esta proyección se consideró la caída generalizada del ingreso y las mutaciones en los niveles de desocupación, subocupación e informalidad, es decir, todas las personas que dejaron de tener un ingreso, sin importar su actividad. También se consideran los efectos en el nivel de inactivos desalentados; todos los mexicanos arrojados del mercado laboral que mayoritariamente fueron suspendidos temporalmente de sus ocupaciones, pero sin garantía de retorno.

Según el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) ha calculado que en el 2020 la pobreza moderada por ingresos incrementará entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales llevando a 9 millones o 10 millones de personas a esta situación. Es decir, buena parte de la clase media pasará a ser pobre y millones de pobres pasarán a pobreza extrema.

En cuanto a la pobreza extrema por ingresos el cálculo fue de un crecimiento de 4.9 y 8.5 puntos, que representan de 6 a 10 millones de mexicanos que enfrentarían la imposibilidad de pagar su alimentación aunque destinaran todo su ingreso a ella. Literalmente, cuando la pandemia pase, millones de personas no tendrán ni para comer.

Sin embargo, el estudio realizado por Héctor Nájera y Curtis Hoffman del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM arroja un dato sorprendente. Encontró que serían necesarios 178 mil 296 millones de pesos anuales para eliminar los niveles de pobreza extrema que la pandemia ha dejado.

Este monto es equivalente al 2.0% del presupuesto nacional y representa cerca del 0.7% del PIB mexicano. Esta estimación considera cifras hasta mayo de 2020, cuando los pobres extremos por ingresos en el país ascenderían a 32 millones.

El proyecto del Tren Maya tendrá un costo aproximado de 156 mil millones de pesos; en la refinería de Dos Bocas el gobierno invertirá más de 160 mil millones de pesos y al aeropuerto de Santa Lucía se destinarán otros 172 mil millones de pesos. Es decir, si el gobierno cancelara sus tres proyectos prioritarios –que no estratégicos- podría sacar de la miseria a millones de mexicanos.

En efecto, durante el primer año, el gobierno de López Obrador tuvo una caída del PIB del 0.1%; y durante el presente año, el derrumbe se calcula cercano al 10% lo que le imposibilita a destinar los recursos suficientes a esta tarea.

Pero ¿porqué en los gobiernos anteriores, aún con crecimientos marginales de entre el 2 y el 3 por ciento del PIB, no se destinó ese 2% del presupuesto o el 0.7% del PIB para acabar con la pobreza extrema? La respuesta es la misma de siempre: nadie quiere acabar con la pobreza porque la pobreza representa millones de votos.

Es en esos millones de pobres donde está la base electoral del gobierno, no importa de qué partido se trate. Entonces para qué matar a la gallina de los votos de oro si incluso la podemos engordar. Eso hicieron antes y eso harán ahora.

La Presidenta Amparo

La novela judicial sigue en su apogeo. Resulta que Sofía Martínez Huerta, la Presidenta Amparo –por aquello de que ha instigado a magistrados y funcionarios públicos a que presenten este recurso y evitar ser removidos del cargo-, decidió combatir la decisión del Consejo de la Judicatura respecto de la remoción de sus más cercanos y ha utilizado a la fuerza pública para impedir que los nuevos funcionarios tomen posesión.

Lo que parecía un empoderamiento digno y racional de la Magistrada Presidenta frente al intervencionismo legislativo, ha quedado en una osada ignorancia respecto de los alcances de su cargo y la gobernabilidad que requiere el Poder Judicial. Sin ninguna experiencia política ni administrativa, ha sido víctima de los intereses que le manipulan, desafiando abiertamente al Congreso del Estado y al Consejo de la Judicatura.

La pugna de grupos al interior de Morena ha convertido al prestigio del Poder Judicial en un vodevil.

Las del estribo…

  1. Como se esperaba, Veracruz llegó el límite de su capacidad hospitalaria para atender el coronavirus. Ayer el país y el estado volvieron a romper récords de contagios. Y todo es resultado de una combinación mortal: una población irresponsable –el caso de las fiestas populares de Xico es un ejemplo- gobernada por una autoridad ignorante.
  2. Cinco de los once partidos estatales y nacionales han presentado acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma electoral aprobada por el Congreso local; por la pronto, en la sesión del próximo martes buscarán aprobar las reformas al Código Electoral para armonizar las nuevas disposiciones. Hasta ahora, Morena no ha ganado una en la Corte.