La Secretaría de la Función Pública denunció que los errores constructivos en la concesión del Autopista Amozoc-Perote y Libramiento de Perote, generaron sobrecostos por 1,442 millones de pesos.
En su informe de auditoría 2019, señala que estos errores no pueden justificar la prórroga al plazo de la concesión de la carretera a la empresa OHL y mucho menos al libramiento por 30 y 20 años, respectivamente, ya que no se trató de obra adicional.
Alerta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio esta ampliación de concesión, aun cuando el plazo de la concesión tendría que haberse dado a partir de 2027, esto es, después de transcurridos 24 años de la concesión (4/5 partes del plazo originalmente convenido).
El tramo de 122 kilómetros, de los cuales 60 están en territorio veracruzano fue concesionado en 2003 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La auditoria de la función pública 2019, practicó una auditoría en la que se determinaron 25 observaciones.
Determina que la SCT otorgó indebidamente el título de concesión, ya que la empresa ganadora no cumplió con los requisitos de la convocatoria; asimismo, adjudicó la obra de la carretera de manera irregular.
¿Cuáles son las irregularidades?
Entre las principales irregularidades se detectaron Incumplimientos de las bases de licitación. En julio de 2004, la SCT inició el procedimiento de revocación de la concesión por incumplimientos reiterados de la concesionaria; no obstante, el 20 de septiembre de 2004, la SCT determinó no continuar con el procedimiento al considerar que los incum- plimientos no eran reiterados ni graves, y que no ameritaban la revocación del título de concesión.
“La SCT autorizó indebidamente modificaciones al acta constitutiva de la concesionaria, movimientos en el capital social e incorporación y sustitución deaccionistas. Estas modificaciones eliminaron la res- tricción para incorporar y sustituir accionistas, siempre que los originales conservaran un mínimo del 60% del capital social”, señala el informe.
Con la finalidad de aportar recursos líquidos al proyecto, la concesionaria obtuvo un crédito por 200.0 mdp de OHL, para la construcción de las obras. Posteriormente, la concesionaria invitó a participar a OHL en su capital social, convirtiéndolo en socio mayoritario, con el 67% del capital social.
A causa de un derrumbe en la carretera, la concesionaria ejecutó obras complementarias e incurrió en gastos adicionales que, actualizados a 2015, ascendían a 1,442.9 mdp, por lo que solicitó el reconocimiento de dichos gastos como capital de riesgo adicional invertido, sin acreditar que eran obras adicionales.
Sin embargo, con la finalidad de restituir el equilibrio económico de la concesión, la SCT amplió su vigencia por 30 y 20 años.
Debido a los sobrecostos en acero, petróleo y sus derivados, conforme a lo establecido en el título de concesión, la concesionaria solicitó la integración del Comité de Expertos a la SCT; sin embargo, esta última fue omisa a las solicitudes, ocasionando que la concesionaria presentara una demanda de juicio arbitral en la que SCT manifestó que hubo incumplimientos desde 2004 y durante el desarrollo de la concesión.
La auditoría señala que esto contradice lo manifestado por la SCT para desechar el recurso de revocación de la concesión.
Se recomendó a la SCT revocar la concesión y la SFP ha iniciado las investigaciones respecto de las presuntas responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas involucradas.
AVC
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