En esta paradoja histórica en la que nos encontramos en Veracruz resulta casi hasta lógico constatar que la autoridad que más viola derechos humanos es la Fiscalía General del Estado (FGE), esto con base en los informes y las cifras oficiales de las comisiones Nacional y Estatal de derechos humanos.

Paradójico porque ante un nuevo sistema de justicia penal, ante una autonomía -por cierto mal concebida- de la Fiscalía, y frente a las reformas constitucionales para garantizar los derechos humanos y un andamiaje institucional reforzado en todos los aspectos del proceso penal y de reparación del daño, todo lo cual supuestamente nos iba arrojar a un momento histórico nuevo con mayores garantías y derechos procesales para todos, resulta que nos encontramos en medio del camino con datos que, por decir lo menos, sorprenden a cualquiera.

Así, independientemente del contexto de desencuentro interinstitucional en el que lamentablemente nos encontramos debido a un interés personal de un exgobernador por desestabilizar al estado con el objetivo político de perpetuar a su familia en el poder, debemos de remitirnos a los datos y, con ellos, hacer los análisis pertinentes, en lugar de quedarnos con una batalla de percepciones y juicios infundados.

Ya hemos dicho muchas veces en esta columna cómo el lenguaje, es decir, las afirmaciones, las declaraciones, los juicios, puede crear una nueva realidad o percepciones con las que nos quedamos que no corresponden a la realidad. Ante ello sólo nos queda refutar los juicios infundados o las afirmaciones no válidas, con juicios fundados y con afirmaciones válidas. Una forma de hacer esto es con datos e información dura que tendría como propósito desbaratar todo ese lenguaje político y esa realidad mediática que no está sustentada en afirmaciones verdaderas ni en juicios bien fundados.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH), en su Informe 2018, señala que del total de quejas hechas hacia las autoridades de Veracruz (se entiende que todas las autoridades, ayuntamientos, dependencias, entidades, etc.) la Fiscalía General del Estado fue la autoridad con mayor número de ellas, que en total representaron el 27.5% de todas las quejas. Es decir, casi la tercera parte de las quejas por posibles violaciones a derechos humanos son interpuestas contra la Fiscalía.

Resultado de las quejas presentadas ante la CEDH, en 2018 se emitieron 61 recomendaciones por violaciones de derechos humanos. De ese total, 21 recomendaciones fueron para la Fiscalía General del Estado de Veracruz. La CEDH señala que la FGE sólo lleva 33% de avance en el cumplimiento de esas recomendaciones, mientras que el resto de autoridades llevan mucho más: Secretaría de Seguridad Pública 52%, ayuntamientos 46%, Secretaría de Salud 73% y Secretaría de Educación 45%.

Es decir, la FGE no sólo es la autoridad que más viola derechos, sino también la más floja e incumplida para atender las recomendaciones y las quejas de los ciudadanos víctimas de la propia Fiscalía.

En lo que toca a violaciones graves de derechos humanos, la CEDH ha emitido 15 recomendaciones en 2018, por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, omisiones en la investigación de desaparición de personas, y por discriminación. De estas 15 recomendaciones por violaciones graves, 14 fueron para la Fiscalía General del Estado, y sólo una para otra autoridad (los presidentes municipales de Coatzacoalcos y Minatitlán).

Otra vez muy grave, la FGE no sólo viola derechos humanos y no sólo no cumple con la atención ante sus errores, omisiones o delitos cometidos por sus propios servidores públicos (por más que quieran pensar que ellos no son servidores públicos y que son una especie de ángeles inmaculados no tocados por nadie ni nada, o por lo menos así lo percibe su Arcángel mayor), sino que también es la que comete violaciones graves a derechos humanos de los veracruzanos.

En cuanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en sus informes se demuestra que del año 2010 al año 2019 (hasta mayo), las diversas autoridades de Veracruz habían recibido 345 quejas por parte de la CNDH. Pues resulta que 163 de ellas, es decir casi la mitad del total, fueron presentadas en contra de la Fiscalía General del Estado. De las 345 quejas hay todavía 40 en trámite, y de esas 40, la FGE tiene 21 en trámite. En otras palabras, el 50% de las quejas ante la CNDH en trámite son de la FGE.

También de los informes de la CNDH se desprende que hay 13 recomendaciones por violaciones de derechos humanos para diversas autoridades del estado, 5 de las cuales son para la FGE. Esto es, 45% de las recomendaciones de la CNDH han estado dirigidas a la FGE.

Y por lo que respecta a las dos recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos que ha recibido el estado de Veracruz por parte de la CNDH (una por la desaparición forzada de los cinco jóvenes en Tierra Blanca y otra por la desaparición forzada de tres jóvenes en Papantla), hubo tres autoridades recomendadas: el Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Papantla. Entre ambas recomendaciones hay un total de 46 puntos recomendatorios de los cuales el Gobierno del Estado ha cumplido 10 y la Fiscalía ha cumplido 7.

Toda esta información fundada en los datos públicos de la CEDH y de la CNDH demuestra que la Fiscalía General del Estado, además de no investigar y tener muy pobres resultados como ya se ha confirmado en otros artículos de esta columna, es la autoridad más violatoria de derechos humanos en Veracruz.

La indefensión de los ciudadanos veracruzanos es doble: una Fiscalía que no procura justicia, que no logra sentencias ni reparaciones del daño para las víctimas; una Fiscalía que viola constantemente derechos humanos; y, lo peor, una Fiscalía que niega todo lo anterior, que miente, distorsiona, manipula, viola. Y ahora también, el colmo, una Fiscalía que tortura.

¿Para cuándo el Congreso del Estado y nuestros diputados van a ser nuestros Fuente Ovejuna?