Coatzacoalcos, Ver.- Alcaldes del sur de Veracruz, representantes de asociaciones civiles, sindicatos, profesionistas y ciudadanos en general lanzaron un ultimátum a Jorge Winckler Ortiz para que renuncie a la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa, consideraron que la salida del funcionario sería el mejor regalo de navidad para los veracruzanos debido a la falta de resultados, pues aseguró que solamente al uno por ciento de las víctimas de un delito se le procura justicia.

“Venimos a hacer un ultimátum para que se vaya con la llegada de la navidad, tenemos muchos casos que hemos estado leyendo a través de las redes sociales, de los medios de información, pero además muchos los hemos vivido en carne propia, por eso estamos el día de hoy ofreciendo este espacio para que nos escuche el fiscal y de una vez por todas decida ya irse.

Que entienda que esta situación que está pasando el estado de Veracruz no está sujeta a un capricho o a una violación de sus derechos individuales o laborales, se trata de la procuración de justicia, que se ha visto sumamente mermada”, expresó la alcaldesa de Moloacán, Victoria Rasgado Pérez.

La presidenta municipal reprochó que no hay avances en el combate a delitos como el secuestro y el feminicidio.

Citó que únicamente el 10.9 por ciento de los ilícitos son denunciados en la entidad y de esa cifra apenas el 47.5 por ciento tiene acceso a una carpeta de investigación.

“Ni siquiera el 50 por ciento de los delitos cometidos en agravio de los veracruzanos son investigados, ni siquiera se inicia una carpeta de investigación y por ende tampoco podemos esperar la resolución de los mismos que está marcada en el uno por ciento. Es decir de cada 10 veracruzanos que son víctimas de un delito solamente a uno se le procura justicia, es una cifra alarmante”, manifestó.

Rasgado Pérez recordó que en el sur de Veracruz fueron suprimidas las fiscalías y consideró que la impunidad ha abonado al aumento de la violencia.

Al pronunciamiento se sumaron familiares de una víctima de presunta desaparición forzada. Se trata de Marcos Josafat Grajeda Hernández, padre de Baruch Grajeda García, de quien se desconoce su paradero desde el 2016.

Durante su intervención, el ciudadano lamentó la falta de atención así como las presuntas arbitrariedades cometidas por la FGE y la administración estatal anterior, pues incluso fue divulgada información en torno a la aparición de su hijo cuando únicamente fue localizada su credencial.

Armando Ramos/Avc