Veracruz no sólo ha padecido un embate feroz de violencias estructurales y criminales, también se ha caracterizado por una ausencia casi total de políticas públicas dirigidas a atender las violaciones a los derechos humanos. Desde los tres poderes del Estado, y en particular en el Poder Ejecutivo ha existido un vacío de políticas en derechos humanos y una nula sensibilidad en el manejo de los temas y problemáticas que derivan de dichas violaciones y el tratamiento de las víctimas en por lo menos los tres gobiernos anteriores, incluido el actual.

El buen manejo de una agenda de derechos humanos se vuelve crucial. La agenda de DDHH y su gestión hay que verla como una oportunidad. Por ello, lo pendientes para construir una agenda de política pública en derechos humanos son muchos, aquí señalo algunos.

El nuevo gobierno encabezado por Cuitláhuac García, y desde luego, la próxima Legislatura tendrán que acordar una agenda de derechos humanos que incluya  temas como libertad de expresión, discriminación, preferencias sexuales, mujeres, violencia obstétrica, desaparición forzada, tortura, malos tratos, etc.

Para esto se debe desde ya diseñar una política pública de derechos humanos progresista y transversal en toda la administración pública y programas gubernamentales, acompañado de un diálogo abierto con organizaciones de la sociedad civil con estrategias y metodologías participativas.

De la mano de la agenda nacional, las autoridades estatales y los diputados tendrían también que llevar a cabo y aplicar en el estado una política similar a la del Gobierno Federal en materia de Amnistía y en una agenda de paz, por ejemplo un programa estatal de conciliación y de mediación social.

Paralelamente a esta agenda el Gobernador deberá contar con colaboradores que hagan una labor de acercamiento y trabajo conjunto con organismos internacionales del sistema ONU e interamericano de los derechos humanos, y para promover el trabajo y colaboración con organismos de cooperación técnica internacionales y con ONG’s de derechos humanos.

Me parece que si se le quiere dar el nivel que requiere a todo esto, la próxima administración debería crear una Subsecretaría de Derechos Humanos (adscrita a la Oficina del Gobernador o a la Secretaría General de Gobierno) encargada de toda la política gubernamental en este sector, así como de la relación e informes con las dependencias federales e internacionales de DDHH. También se encargaría de la cooperación internacional en este rubro. Y sustituir la actual Dirección General para subirle el nivel al tema.

Un tema que en nada ha sido atendido en Veracruz es el de la protección de defensores de derechos humanos y víctimas de violaciones de derechos humanos, a través de un programa y sistema de protección con protocolos de evaluación de riesgo y protección con estándares internacionales.

Otro tema importante que deberá ser atendido y que ha sido dejado de lado es el de las múltiples discriminaciones por razones de raza, género, preferencias sexuales, discapacidades, etc. Se necesitan políticas y acciones para combatir la discriminación.

Pero junto a todos estos temas, esta política estatal y esta Subsecretaría tendrían tres prioridades urgentes: la primera sería el fortalecimiento de la Comisión de Víctimas y la creación del Fondo de Ayuda y Reparación. La segunda es la atención a los colectivos y familiares de víctimas de desaparición, y la Comisión Local de Búsqueda, misma que deberá contar con planes, protocolos y equipos especializados.

Desde luego el tema de las violencias contra las mujeres, los feminicidios y la operación efectiva de las alertas de género, deben ser la otra prioridad de la agenda de derechos humanos.

Por lo que toca a la atención a víctimas y a la atención a colectivos y familiares de desaparición hay tres ejes de trabajo que deben ser tomados en cuenta: una atención a víctimas real y sensible, y atención a búsqueda de desparecidos; reparar el daño en casos de violaciones de derechos humanos; y, bajar impunidad a través de investigaciones efectivas.

En Veracruz existe una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sin embargo no está operando cien por ciento armonizada con la Ley General de Víctimas. No está operando el Registro Estatal de Víctimas que la Ley señala ni el Fondo de Ayuda y Reparación. Y quizá lo más grave sea el hecho de que frente al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, todavía no se cuente con asesores jurídicos para las víctimas. En el próximo presupuesto que envíe el Ejecutivo y que apruebe el Congreso deberá considerarse todo esto.

En el tema de víctimas es prioritario consolidar la figura del Asesor Jurídico para garantizar los derechos de las víctimas en el proceso penal y en la reparación integral.

Hay una “Ley General de Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares” y tiene que haber un Sistema Estatal de Búsqueda de Personas (SEBP). El nuevo gobierno deberá implementarlo y dotarlo de recursos y expertos, a través de operar eficazmente la Comisión Local de Búsqueda, así como aplicar del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Para ello es imprescindible contar con un Plan Estatal de Búsqueda que esté acompañado por capacidades y expertos en búsqueda forense e identificación humana. Entre otras acciones se deberá diseñar, implementar y llevar a cabo un programa de identificación de cuerpos en fosas comunes. Igualmente diseñar, implementar y llevar a cabo un programa de búsqueda en vida exhaustivo.

Para garantizar los derechos de las víctimas y familiares, estas instancias deben cumplir con los derechos de participación de los familiares en todos los aspectos conforme marca la Ley, y desde luego el Consejo Ciudadano de la Comisión Local de Búsqueda tiene que estar construido con una presencia real de los familiares.

Un aspecto muy importante de esta agenda de derechos humanos y de estas acciones de atención a víctimas será promover y cumplir con las reparaciones integrales en todos sus aspectos y dimensiones cuando sean derivadas de Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En una reunión de los candidatos a la gubernatura, todos ellos suscribieron las exigencias de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. El Gobernador Electo Cuitláhuac García no sólo se comprometió con estos puntos, si no que en su primer discurso como gobernador electo dirigido a los ciudadanos veracruzanos, recordó y enfatizó su compromiso con los desaparecidos. Estas son las principales demandas de los familiares de personas desaparecidas: • Respeto a la dignidad de las víctimas y no revictimización. • Protección. • Asesores jurídicos suficientes y preparados. • Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación. • Acompañamiento psicosocial. • Expertos peritos forenses y en identificación humana. • Planes de investigación eficaces. • Presupuesto suficiente para la atención integral a víctimas. • Presupuesto suficiente para los trabajos forenses y genética. • Mesa de trabajo e interlocución permanente.

El nuevo Gobierno de Veracruz y la próxima legislatura tienen un pendiente muy grande con los derechos humanos. Una manera de hacerle frente puede ser hacer un trabajo serio, profesional y sensible en el diseño, desarrollo y operación de una agenda, un programa, planes e instituciones que atiendan los derechos humanos, las violaciones a los mismos y la atención profunda a las consecuencias más graves de estas violaciones.