El patronato pro construcción de la Capilla de San Francisco de Asís en el fraccionamiento Lomas Verdes, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la presunta violación de sus derechos por parte del Ayuntamiento de Xalapa, que ordenó el derribo de la construcción de la capilla que se ubica en una área común del fraccionamiento.

El presidente del patronato, Mateo Rivera Vega, acusó que el Ayuntamiento a cargo de Hipólito Rodríguez Herrero, ha violado sus derechos por no darles audiencia para presentar la justificación para permanecer en este lugar.

Narró que la directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, América Carmona Olivares, entregó el pasado 12 de junio una notificación de la orden para la demolición de la capilla en un plazo de 15 días que vence el próximo 27 de junio.

“La servidora pública violenta nuestros derechos fundamentales de libertad de religión o libre culto y no discriminación al emitir este tipo de actos de autoridad, muy al margen de la Constitución (…) Ha violado en nuestro perjuicio el derecho de audiencia una que ninguno de los miembros del patronato fue escuchado ni vencidos en juicio por la autoridad jurisdiccional competente y esto ha violado nuestro derecho a un debido proceso”.

Acusó que esa orden está sustentada en un «grupo de personas instigadas por Hilda Hernández, vecina de Lomas Verdes, a quien responsabilizó de agresiones y amenazas de muerte en contra de feligreses y por lo cual dijo ya se interpusieron las denuncias correspondientes.

“En repetidas ocasiones han irrumpido al interior de la capilla que para nosotros es un espacios sagrado, pues en su interior llevamos a cabo el ejercicio de nuestro cultor religioso y durante esas celebraciones se ha debido a perturbar a la feligresía, intimida y asusta”.

Criticaron que la respuesta del alcalde Hipólito Rodríguez Herrera haya sido acusar al patronato de invadir predios, pues le recordaron que el Ayuntamiento en 1998 les otorgó los permisos para construir la capilla.

“Exigimos por parte de la autorizada municipal su apego irrestricto a la Constitución y la observancia de la legalidad a que están obligados todos los servidores públicos, para que se respeten nuestros derechos fundamentales de libertad de culto, no discriminación, de audiencia y debido proceso”.

Perla Sandoval/Avc