Tras la donación del rancho La Cartuja al Gobierno del estado por parte de familiares del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, se suspendieron algunas carpetas de investigación en contra de familiares.

“No hay convenio de impunidad, hay procedimientos que autoriza el Código Nacional de Procedimientos Penales para que en caso de que se repare el daño y se determine devolver el bien, se pudiera suspender alguna investigación”.

Así lo reconoció el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que negó que existiera un “pacto de impunidad” para los familiares de Bermúdez Zurita, a cambio de que entregaran el rancho.

“No hubo ningún convenio para otorgar impunidad, el rancho La Cartuja estaba a nombre de la mamá de Arturo Bermúdez y de uno. De sus hermanos, lo que se logró fue una donación a favor del Gobierno del estado, la escritura se suscribió por un apoderado de la señora y del hermano y yo fui testigo de eso”.

Y es que dijo que el estatus legal y las denuncias contra Arturo Bermúdez siguen sin cambios.

“Arturo Bermúdez sigue en la cárcel, exactamente en la misma condición”.

Trabajadores en activo y jubilados recriminaron la falta de voluntad política para crear una Fiscalía Especializada, que investigue el desfalco del instituto de Pensiones del Estado (IPE).

En la reunión con diputados de la Comisión Especial Para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones, se dijo que el Gobierno del Estado les debe más de diez mil millones de pesos, y no se ha buscado sancionar a nadie por el saqueo a la reserva técnica.

Sumado a que cada quincena se retienen las cuotas a los trabajadores, y el dinero lo retiene Sefiplan, lo que genera una nueva deuda con el Instituto de Pensiones, por lo que pidieron hacer efectiva la sanción o penalización, para que el dinero se deposite en tiempo y forma.

Varios sindicatos, recordaron, han interpuesto denuncias penales por el saqueo de los bienes y la Fiscalía General del Estado no les ha dado seguimiento, es decir, se congeló la investigación.

La secretaria de la Comisión Ejecutiva Estatal de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), María del Rosario Arellano Libreros, recordó que la Ley señala que debe haber penalizaciones cuando los diversos entes no enteren las cuotas que descuentan al organismo, pero, en la práctica, las autoridades no hacen nada.

“Exigimos se sancione, que se aplique todo el peso de la Ley a quienes favorecieron el deterioro financiero del instituto, sí hay que encarcelar, que se encarcele (…) nosotros tenemos una denuncia y no ha procedido, el Fiscal dice que está conformando la carpeta, no sé qué más pruebas quiere”.

Cabe recordar que en agosto del 2016, jubilados y pensionados presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de los 13 integrantes del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), por los delitos de fraude e incumplimiento de un deber legal.

Por su parte Rodolfo Suárez, integrante del Frente Estatal de Defensa del IPE (Fedipev), comentó que urgente que se puedan restituir los fondos desviados, “pero si no hay una Fiscalía Especializada, difícilmente se podrá hacer algo”.

Comentó que les preocupa que el desvío de fondos no se ésta investigando, a pesar de que ellos ofrecieron pruebas de las irregularidades administrativas.

Sobre la petición de los sindicalizados, la diputada local Daniela Griego, comentó que ellos ya hicieron la petición de que se cree un área especializada para poder investigar el desfalco financiero.

“Lo hemos firmado, en términos de la deuda, está todo documentado. Lo otro es un asunto de voluntad política del Gobernador y del Fiscal”.

“Se tendrá que poner orden en plazas comerciales”: Yunes

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares amenazó con “poner orden” en las plazas comerciales si los empresarios no refuerzan la seguridad en estas.

“Estamos en una primera etapa de exhorto, pero vamos a pasar a una segunda etapa de aplicación de un acto de autoridad, si no fortalecen las medidas de seguridad en los centros comerciales vamos a tener que poner orden nosotros”.

Cuestionado sobre los hechos delictivos ocurridos recientemente en la plaza El Coyol, en el Puerto de Veracruz, indicó que se ha reunido con los dueños de las plazas para solicitarles mayor seguridad en sus estacionamientos.

“En los estacionamientos de plazas comerciales se han registrado algunos hecho delictivos (…) las reuniones que tenemos es para pedirles que incrementen la seguridad, particularmente en los estacionamientos porque en algunos casos las plazas comerciales cobran la entrada pero no tienen el cuidado de checar la salida”.

El mandatario aceptó que en los hechos ocurridos en la plaza de Veracruz se registró el secuestro de una persona, que habría sido ”levantada” en ese punto.

En otro tema, dijo que tras el asesinato de dos integrantes de la banda delictiva de ”Los Mariachis” en el sur de la entidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las investigaciones para determinar lo ocurrido y agregó que se reforzó la seguridad en esa zona de Minatitlán, Cosoleacaque y Jáltipan.

Cuestionado sobre los jóvenes de Tlaxcala desaparecidos en los límites de Veracruz y Oaxaca, el gobernador insistió en que no existen indicios de que haya ocurrido en Tierra Blanca, como afirman elementos de la Fiscalía de Oaxaca.

“No se puede abrir una carpeta de investigación por hechos que no sucedieron en Veracruz, sería como abrir una carpeta por la desgracia que sucedió en Jalisco”.

Y negó que en la entidad haya una ruta de trata de personas, y que de eso se derive la desaparición de jóvenes y niños en la entidad.

«Tampoco existe una desaparición sistemática de jóvenes, como en el caso de la jovencita que se está protestando en Plaza Lerdo, de inmediato acude personal de la Secretaría de Gobierno y está con ellos para darles el apoyo».

Perla Sandoval/Avc