El presupuesto de egresos es un reflejo de las prioridades de un gobierno, es un espejo del análisis que hace de la sociedad y sus problemas, y de la forma como los quiere enfrentar, pero también representa aquello que no quiere ver o atender. El presupuesto de egresos es una visión de futuro y de lo que se quiere ver en ese futuro, y también de lo que no se quiere para él.

El pasado jueves 16 de noviembre el Ejecutivo Estatal presentó la iniciativa de Presupuesto de Egresos ante el Congreso del Estado de Veracruz. Al hacer un análisis del mismo resulta que el tema de víctimas está ignorado y echo a un lado. No hay nada para las víctimas.

Con hacer una lectura de su texto y cifras se puede ver que el gobierno del estado al parecer no sabe, o no entiende, o nadie les ha explicado la importancia de atender a las víctimas de Veracruz. Y créanme que lo leí varias veces y lo estuve buscando por todos lados del proyecto.

No solamente la atención de víctimas no figura en el presupuesto de egresos, sino que en la única parte donde se menciona, lo hace incorrectamente al mencionar a la Comisión de Víctimas con un nombre que no es el suyo, ya que desde la entrada en vigor de la Ley de Víctimas del Estado, y con base también en lo que marca la Ley General de Víctimas, la denominación correcta es Comisión Ejecutiva Estatal de Atención (Integral) a Víctimas. Aún peor es la ignorancia de los redactores del proyecto al poner que se trata de víctimas de delitos, pasando por alto que desde la propia Ley General y la estatal, también atiende a víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en el que se presupone un equilibro entre las partes, los planeadores del gasto deben contemplar precisamente una participación proporcional en las necesidades y presupuestos de cada actor. Las policías, los fiscales, los defensores, los jueces sí están siendo considerados en el Presupuesto, pero no así las víctimas. La figura del asesor jurídico es fundamental en orientación, asesoría y representación de las víctimas en todas las etapas del proceso penal. El proyecto que presenta el Ejecutivo estatal refleja la falta de entendimiento de este equilibrio y de esta figura.

En el proceso penal acusatorio y adversarial cobran un papel singular tanto el defensor del inculpado como el asesor de la víctima. En la estructura actual de este modelo existe la Defensoría Pública y a ella el Presupuesto de Egresos le asigna 18 millones de pesos, y cuenta con más de 30 defensores. Mientras que a la Comisión Estatal de Víctimas le otorga solamente 6 millones de pesos, y cuenta con tres asesores jurídicos. Otra vez nada para las víctimas.

Además hay que recordar que esos 6 millones son para el gasto corriente de la Comisión y no para la atención a víctimas y menos para la compensación o reparación del daño. Ya no digamos lo que podría necesitarse en términos del acompañamiento psicosocial de todas las víctimas y sus familiares, y nuevamente nada para las víctimas.

Sin embargo, lo que es el colmo es que el Presupuesto no considera la creación del Fondo para Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que está considerado en la Ley de Víctimas del Estado, y que mandata la Ley General de Víctimas. Ello es preocupante sobre todo en lo que toca al derecho de las víctimas a la reparación integral. Un ejemplo podría ser una Recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que considere la reparación del daño, cuando le ordene a la CEEAV, que lo haga con cargo al Fondo. Otro ejemplo podría ser la reparación para la violencia de género y en específico para las víctimas indirectas de feminicidio. Pero como esos ejemplos, podría haber muchos supuestos y casos, cuando un juez o fiscal soliciten la reparación del daño en delitos graves o de gran impacto social, y el responsable no la pueda llevar a cabo. Igualmente nada para las víctimas.

Resulta ridículo que a la Dirección General (que debería también ser ya una Subsecretaría) para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y los Derechos Humanos (que dicho sea de paso encabeza un contador y no un experto en derechos humanos ni en proceso penal), le otorgan un monto de 6 millones de pesos, cifra incluso un poco mayor que la de la Comisión de Víctimas, cuando esta última debe atender un universo de cientos de víctimas de secuestros, homicidios, feminicidios, desapariciones, etc. y la otra oficina unos cuantos burócratas.

Quizá el gobierno del estado está calculando que la Federación destinará recursos en este rubro, ahora que en la Ley General de Víctimas se abre la posibilidad de que la Comisión Nacional de Víctimas le preste a su homóloga estatal, o ahora con la recién aprobada Ley General de Desaparición Forzada por la que se crearán fondos para las comisiones estatales de búsqueda.

Por último, al leer el proyecto hay cosas que no pueden comprenderse en cuanto a las prioridades de la administración actual, frente a la necesidad de atender a las víctimas de Veracruz, cuando se lee en la iniciativa de presupuesto que la Dirección de redes sociales de la Coordinación de Comunicación Social recibirá casi 7 millones de pesos, en comparación con los 6 millones para el gasto corriente de la Comisión, pero como ejemplo hay muchos otros, pero nada para las víctimas.

Le toca a la Cámara de Diputados revisar ese proyecto y en su caso modificarlo, y si son congruentes deberían reasignarle recursos a la Comisión y para la creación del Fondo de víctimas, ya que son ellos quienes, hace apenas unos meses, aprobaron esas figuras en la Ley de Víctimas de Veracruz. En sus manos está que no sea nada para las víctimas.