Como consecuencia de las investigaciones realizadas por el portal de noticias “Animal Político”, difundidas desde mayo de 2016, el Servicio de Administración Tributaria inició, en año pasado, una indagatoria por el presunto desvío de recursos que constituyó la asignación de millonarios contratos a empresas inexistentes.

El escándalo escaló a dimensiones nacionales e internacionales debido a los montos de los recursos asignados a empresas fantasma, que habrían sido operadas por un grupo de ex funcionarios vinculados al primer círculo del Poder Ejecutivo de Veracruz. En su momento se habló de más de 645 millones de pesos, aunque la cifra se fue incrementando conforme progresaron las investigaciones.

No se trata de un tema nuevo; de hecho, el último reporte del  SAT fue emitido el 30 de septiembre de 2016, cuando se consignaron las acciones emprendidas por la autoridad.

El SAT identificó inicialmente a 34 personas involucradas, por lo que se presentaron 32 querellas “por la probable comisión de rendir con falsedad al registro, los datos, informes o avisos a que se encuentran obligados los contribuyentes”.

En total, el SAT giró órdenes para iniciar 26 auditorías. En la investigación del caso fueron incluidos 59 presuntos socios de esas empresas; 25 notarios o corredores públicos; al menos 10 funcionarios del gobierno del estado y cuatro dependencias de la administración encabezada por Javier Duarte.

Sin embargo, del reporte del 30 de septiembre de 2016 a la fecha  prácticamente nada se ha dicho de manera oficial.

Nos comentan que al tratarse de un tema de evasión de impuestos, la autoridad competente es la federal, básicamente el SAT y la Procuraduría General de la República; pero al estar involucradas dependencias del gobierno estatal en el pago de facturas a empresas que no existen en la realidad, uno pensaría que el gobierno estatal también debiera indagar y fincar responsabilidades a los responsables.

La administración de Yunes Linares no ha tocado el tema de las empresas fantasmas que causaron un daño al erario público veracruzano; sin embargo, eso no significa necesariamente que las investigaciones se hayan detenido. De hecho, ha trascendido que al interior de una de las dependencias involucradas, la Secretaría de Desarrollo Social, las indagatorias siguen su curso, a fin de identificar contratos irregulares por servicios que nunca fueron prestados a la administración estatal. Por ejemplo, se tienen en la mira presuntos pagos que habrían sido liberados desde la Secretaría de Finanzas y Planeación al menos a 7 empresas fantasma sólo el 31 de diciembre de 2013.

Dichas empresas son Abastecedora Romcru, a la que el último día de dicho año le liberaron un pago de 80 millones de pesos; Desarrolladores Mercalim, que cobró 91 millones 425 mil 691 pesos; Anzara, que percibió 70 millones 414 mil 742 pesos; Ravsan Servicios Múltiples, a la que liberaron 6 millones 717 mil 453 pesos; Publicidad Akkira, que percibió 50 millones 621 mil 876 pesos; Mogarver, que aparece con 2 millones 80 mil; y Grupo Balcano, con 70 millones 504 mil 938 pesos.

En total, esas empresas, que aparecen en el reporte de las investigaciones  del Servicio de Administración Tributaria, cobraron más de 378 millones de pesos únicamente el 31 de diciembre de 2013. Eso sin contar los pagos liberados por el gobierno estatal antes de esa fecha, ni los que corresponden a 2014 y 2015, cuando el Órgano de Fiscalización Superior detectó más empresas fantasma.

De acuerdo con el reporte interno de la dependencia, los recursos asignados a las citadas 7 empresas el 31 de diciembre de 2013 corresponden al periodo en que la Sedesol de Veracruz era encabezada por el actual diputado federal Alberto Silva, quien después pasó a la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal. De hecho, en las indagatorias, además del nombre de Silva Ramos también figuran otros cuatro: el del entonces secretario técnico, Ezequiel Castañeda Nevarez, actual aspirante a la alcaldía de Tuxpan; el del jefe de recursos materiales, Martín Alejandro Landín; el del titular de la unidad administrativa, Humberto Benítez Pérez; y el de la jefa del departamento de recursos financieros, Rossana Poceros Luna.

Al igual que como ocurrió con la Secretaría de Protección Civil, que también es investigada por la PGR, el tema de las empresas fantasma en la Sedesol veracruzana seguirá siendo noticia, nos dicen, en los próximos días.

El partido de Antorcha

El dirigente nacional de Antorcha Campesina, Aquiles Córdova Morán, estuvo en la capital del estado para encabezar la ceremonia del 32 aniversario de dicha organización, que congregó a unos 25 afiliados.

Aquiles Córdova señaló que es inconcebible que mientras existan al menos 50 millones de mexicanos en condición de pobreza, la riqueza se concentre en unas cuantas manos; en ese contexto, criticó la política neoliberal que ha llevado a la pobreza a obreros y campesinos.

Por cierto, el máximo dirigente antorchista se refirió a la creación de un partido político nacional, mismo que podría quedar definido al concluir el proceso federal electoral de 2018.

A propósito, en el evento efectuado en el estadio Heriberto Jara, la dirigente de Antorcha en la capital, Minerva Salcedo Baca, se refirió a los principales logros del movimiento antorchista en Xalapa: la creación de 7 colonias, 17 escuelas, pavimentación de calles y circuitos, así como centros deportivos, algo que muy pocas agrupaciones pueden presumir. @luisromero85