Al arrancar la presente semana, la nota que acaparó los reflectores en los medios informativos estatales fue el anuncio del gobernador Miguel Ángel Yunes, con relación a la emergencia financiera que enfrenta Veracruz.

El ejecutivo estatal ofreció una conferencia de prensa en la que declaró lo que ya se sabía, que el problema financiero de la entidad es sumamente grave; que habrá modificaciones al presupuesto correspondiente a 2017; que se requieren 10 mil millones de pesos para cubrir los compromisos de fin de año y que la administración estatal sólo cuenta con 3 mil; y que los funcionarios de gobierno no cobrarán su salario sino hasta febrero o marzo del próximo año.

No fue todo; Yunes Linares reveló que existe un adeudo con el Sistema de Administración Tributaria, SAT, que asciende a 13 mil millones de pesos y que dicha situación fue ocultada por la pasada administración estatal.

De igual forma, se refirió a un obligado programa de austeridad debido a que el gobierno estatal tiene una deuda a corto plazo que supera los 56 mil millones de pesos.

Se trata de un estado que bien podría calificarse como quiebra financiera, situación que fue provocada por la impresionante cantidad de irregularidades detectadas a la pasada administración; en ese contexto, el gobernador veracruzano informó que al realizar una revisión a las cuentas se detectó la salida de la tesorería estatal, sin factura, de 32 mil millones de pesos, así como un incremento desmedido en la nómina estatal.

El tema, sin embargo, no es nuevo; desde hace caso dos años, en el gobierno del estado ya se hablaba de la necesidad de reducir el gasto; de hecho, al concluir 2015, la Contraloría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Planeación elaboraron un Plan de Ajuste que implicaba un recorte, una reducción en la plantilla laboral y una disminución en el presupuesto para los tres poderes, así como medidas para incrementar los ingresos.

En ese documento, que en su momento las propias autoridades se encargaron de ocultar y negar, se establece que el déficit presupuestal e Veracruz llegaba, en promedio anual, a 18 mil 115.2 millones de pesos.

Ello provocó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recomendara al gobierno estatal el diseño de estrategias que contribuyeran a lograr un equilibrio entre el ingreso y el gasto público, dado que el ritmo de crecimiento que registraba el déficit resultaba alarmarte: en 2010, por ejemplo, la administración veracruzana reportó ingresos por poco más de 24 millones de pesos, y un gasto público de más de 43 mil millones.

Un año después, en 2011, los ingresos llegaron a 30 mil 381 millones, en tanto que el gasto superó los 52 mil 700 millones. Esa fue, en términos generales, la principal característica de las finanzas veracruzanas durante todo el sexenio de Javier Duarte; en 2012, el déficit presupuestal fue de casi 21 mil millones; y los años siguientes fue la misma historia.

Así las cosas, el déficit acumulado de 2010 a 2015 fue de más de 108 millones de pesos; en ese periodo, el gobierno estatal registró ingresos por 183 mil 129.5 millones; y un gasto público por 291 mil 820.4 millones.

Por cierto, en el tema de la nómina y recursos humanos se planteó la necesidad de verificar las irregularidades en la plantilla de la SEV; revisar el tema de los comisionados sindicales, así como los casos de “trabajadores” con cargos de elección popular y de aquellos que también “laboraban” en otras dependencias; en total, más de 3 mil 800 personas.

Simulación en el “Plan de Ajuste” de Duarte

Esa situación, de la que alertó oportunamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, provocó que en marzo de 2015, el gobierno estatal emitiera un documento denominado “Lineamientos Generales que establecen las Políticas del Ejercicio del Presupuesto, Modernización de la Gestión Administrativa y Austeridad del Gasto Público para los ejercicios fiscales 2015-2016”, acciones que hubieran representado un ahorro de 2 mil 677.3 millones de pesos, equivalente a poco más del dos por ciento del déficit sexenal.

Poco después, en  diciembre del año pasado, se dio conocer de forma extraoficial el Plan de Ajuste del gobierno del estado, diseñado por Sefiplan y la Contraloría, en el que se recomendó aumentar la recaudación y reducir el gasto, así como adelgazar la nómina; pero ¿sabe qué acciones se tomaron?, ninguna; la única medida gubernamental fue no actuar y permitir que el problema creciera como bola de nieve para que el alud cayera sobre la siguiente administración.

En pocas palabras, el problema de las finanzas veracruzanas ya estaba detectado desde hace más de un año: desvíos de recursos, fugas, mucho gasto y poco ingreso; lo grave fue que no hubo acciones para dar solución; así las cosas, si el gobierno de Veracruz fuera un enfermo, podríamos decir que el paciente está en terapia intensiva; y que a pesar de que la virus fue diagnosticado de forma correcta, el afectado no recibió tratamiento oportuno; ni una aspirina le dieron al pobre. @luisromero85