El tabasqueño Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos, ya tendría algo que contarle a su homólogo veracruzano Javier Duarte de Ochoa sobre los efectos sociales y políticos de la corrupción, pero no se llevan.
Uno y otro se han echado de habladas sobre el tema de la violencia y han hecho comparaciones sobre qué estado está en peor situación, mientras veracruzanos y morelenses sufrimos los estragos de la delincuencia.
Quien sí hizo llegar directo su mensaje a ambos, pero en particular a Javier Duarte, fue el presidente Enrique Peña Nieto. En la segunda parte de una entrevista concedida a Joaquín López-Dóriga, en Televisa, lo dijo con todas sus letras: cada gobernante es responsable de sus actos y tiene que rendir cuentas claras sobre la responsabilidad que asumió.
Mientras tanto, Graco y Duarte –quienes han estado enfrentados en un pleito ranchero– están recibiendo la respuesta social, política e, incluso, judicial, por sus actos de corrupción y por dejar en el abandono a sus gobernados.
Apenas en febrero pasado, Graco le mandó un mensaje rudo desde Villahermosa: Duarte se ha dedicado a “saquear y no a gobernar”. No solo eso, dijo que la violencia que vive Tabasco era efecto de la inseguridad que prevalece en Veracruz:
“Cuando no hay gobierno en Veracruz y la inseguridad se ha adueñado de ese estado, cuando en ese estado hay desapariciones y una crisis profunda de inseguridad, cómo no va afectar a Tabasco”.
Eran los días en que también el entonces líder nacional priista, Manlio Fabio Beltrones, lanzaba dardos venenosos contra el gobernador veracruzano y demandaba investigarlo sobre el tema de la corrupción.
Las visitas a Villahermosa se sucedían para apoyar a los candidatos en la elección extraordinaria por la alcaldía del municipio de Centro, mientras en Veracruz se realizaban las campañas para la elección de Gobernador.
Javier Duarte le respondió a Graco a través de un comunicado de prensa, invocando las maquilladas estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP):
“En 2015, el SNSP informó que la incidencia delictiva es mayor en Morelos, con 49 mil 245 ilícitos, (mientras que) Veracruz, que quintuplicaba su población, registró 45 mil 539 (…) La dependencia federal señala que la diferencia de este índice descendió en Veracruz respecto del año 2014, en 6.06 por ciento, cuando en Morelos se incrementó el 1.45”.
Ya hemos señalado aquí cómo, a partir de 2014 en que entró el hoy Fiscal General del Estado Luis Ángel Bravo Contreras, las cifras sobre incidencia delictiva extrañamente disminuyeron como si realmente hubiera tenido una varita mágica el gobierno veracruzano.
Repulsa social contra Duarte y Graco
Los morelenses tienen fama de ser menos pacientes que los jarochos. Al suspirante a la candidatura perredista a la Presidencia en 2018, recientemente en visita por Xalapa (donde convivió con el alcalde Américo Zúñiga Martínez porque Javier Duarte no quiso ni saludarlo), lo tienen en capilla desde este martes con masivas manifestaciones en Cuautla y Cuernavaca, las dos principales ciudades de Morelos.
El Frente Amplio Morelense, conformado por más de 100 organizaciones, realizó la toma de Palacio de Gobierno, como parte de la jornada de protestas para demandar la renuncia (y juicio político) del gobernador Graco Ramírez y de los miembros de su gabinete.
Y la toma del Palacio de Gobierno en la capital morelense, gobernada por un alcalde de colección, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, fue liderada nada menos que por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, quien ha dicho a la multitud que la toma del Palacio de Gobierno era una muestra simbólica de la desaparición de poderes en aquel estado.
El Rector dijo que realizarán “una consulta amplia que le permita recuperar al pueblo su soberanía y que le permita tomar parte en las decisiones”; anticipó que no se moverían del sitio y estableció un plazo de 48 horas para obtener una respuesta del Gobierno Federal a las demandas del movimiento ciudadano.
A Graco Ramírez, llamado el góber viajero pues se ha dedicado a recorrer el país para posicionarse como aspirante perredista a la Presidencia en 2018, le quedan dos años al frente del gobierno de Morelos.
Hoy le ha tocado probar lo que él mismo encabezó en 1995, cuando con marchas de silencio generó el primer plebiscito ciudadano que derivó en el juicio político en contra del entonces gobernador morelense Jorge Carrillo Olea, quien fue destituido del cargo en 1998 acusado de brindar protección a narcotraficantes y secuestradores.
En contraste, en Veracruz, donde la mayoría de los movimientos sociales han sido mediatizados, la reacción popular no ha llegado a esos extremos.
La propia Universidad Veracruzana ha salido a las calles a protestar enconadamente contra la asfixia económica a que la ha tenido sometida el gobernador Javier Duarte de Ochoa, con dos marchas pacíficas encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara, pero no ha escalado a acciones más radicales.
Y aunque apenas le quedan poco más de 100 días al frente del Ejecutivo estatal, los veracruzanos no ven la hora de que se despida y se cumpla con la ley llamándolo a cuentas por los desfalcos ominosos en la Hacienda estatal.
No meteré la mano por ningún gobernador: Peña Nieto
Mientras Duarte se mantiene en la postura de que es el consentido del Presidente de la República, pese a la abierta desaprobación que ha tenido expresiones claras en las dos últimas visitas tanto del Presidente como del titular de la Sedesol, Enrique Peña Nieto fue claro y tajante en la entrevista concedida a quien pronto dejará la titularidad del principal noticiero de Televisa, y publicada en el portal de El Universal :
“En el caso de Veracruz y otros que eventualmente están señalados, creo que cada gobernante es responsable. Hoy están en curso distintas investigaciones para saber si realmente actuaron fuera de la ley o no. Me parece que cada gobernador, cada uno de ellos, tendrá que enfrentar, obviamente, las investigaciones que hoy se están realizando”.
Y para no tener duda sobre cómo se ve desde el altiplano la actuación de gobernantes, siguió acercándole el fuego a Duarte; dijo que su gobierno tiene el compromiso de “no solapar, no permitir, que haya actos de corrupción. Y que si eventualmente alguien incurrió en un acto de estos, que enfrente el peso de la ley”.
Reconoció que su gobierno participa en investigaciones sobre algunas de las actuaciones de gobernadores:
“No voy a meter la mano. Más bien, la voy a meter en favor de la legalidad. Yo estoy a favor de la legalidad, del combate frontal a la corrupción”.
Así que Javier Duarte tendrá que hacer hasta lo indecible para mostrar que en sus seis años de gobierno no ha incurrido en actos de corrupción, tarea que requerirá más que discursos y supuestas amistades con el presidente Peña Nieto.
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