Todo parece indicar que las cifras de incidencia delictiva del orden común en Veracruz, durante el segundo semestre, serán de terror. Aunque se ha mantenido fuera de los cuadros de las diez primeras entidades federativas en número de delitos de enero a junio de este año, pareciera que, o las víctimas no están denunciando los delitos ante las autoridades ministeriales, o la Fiscalía General del Estado (FGE) ha estado maquillando sus reportes ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un afán por evadir el señalamiento nacional por los efectos de una violencia que se respira por todos lados.
En medio del escándalo desatado este miércoles por Aristegui Noticias en contra del Secretario de Seguridad Pública en el estado, Arturo Bermúdez Zurita, a quien junto con su esposa identifica como propietarios de varias mansiones en el estado de Texas, a 7 kilómetros del conjunto residencial en que supuestamente el gobernador Javier Duarte de Ochoa cuenta con propiedades inmobiliarias (que él se ha negado a reconocer), la situación de inseguridad en Veracruz parece estar fuera de control.
Ya La Jornada Veracruz hizo énfasis en que, en materia de asaltos bancarios, según el cuadro de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), solo se reportan tres (2 con violencia y uno sin violencia) cuando, según nota del reportero Jair García, con base en una investigación exhaustiva de lo reportado en medios de comunicación, se habrían cometido 6 robos a instituciones bancarias (cinco consumados, un intento y el asalto a un cliente que salía del banco) en las ciudades de Acayucan, Jáltipan, Minatitlán, Veracruz y Xalapa.
El otro delito con aparente sub registro es el de abigeato. La reportera Sayda Chiñas, corresponsal de La Jornada Veracruz en Coatzacoalcos, revela declaraciones del dirigente de la Unión Ganadera del Sur, Abel Jacob Velasco Casarrubias, en que reconoce que este delito se ha disparado en el último año. Pese a que es un delito grave en Veracruz, el líder ganadero señala que no hay un solo ladrón tras las rejas.
Además señala que antes los delincuentes se llevaban de uno a 10 animales, y ahora se llevan unidades completas de ganado, que se ponen a la venta en el mismo lugar sin que intervengan las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Fiscalía General del Estado. Y pone en el tapete un hecho grave: los ganaderos han preferido cancelar las reuniones con representantes de la SSP y la FGE porque se dieron cuenta de que los abigeos operaban bajo su protección.
Pero el blanqueo de datos alcanza a otros delitos. En número total de delitos, durante el primer semestre de 2016, la cifra alcanza los 20 mil 410, colocando a Veracruz en el lugar 13, detrás del Estado de México (90,544) Ciudad de México (87,387), Guanajuato (53,686), Jalisco (52,647), Baja California (48,508), Puebla (31,133), Chihuahua (29,902), Tabasco (29,312), Coahuila (24,362), Sonora (23,897), Morelos (23,161) y Nuevo León (21,608).
Si los datos son ciertos, hay una disminución respecto al mismo periodo de 2015, cuando se totalizaron 23 mil 666 casos.
El mundo feliz del fiscal Ángel Bravo Contreras
Si observamos la tendencia en la incidencia delictiva desde el primer semestre de 2011, podemos ver una mejora, en algunos casos sustancial. Sin embargo, la percepción de violencia contra la información oficial, de medios de comunicación y el propio boca-oreja, permite reconocer que la población en Veracruz está temerosa y espera que la situación pueda realmente mejorar con la asunción del próximo gobierno estatal, porque en este se ha dejado de actuar, por la situación política que enfrenta el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, los graves hoyos financieros y un evidente abandono de las tareas de seguridad pública y aplicación de la justicia.
En total, hasta el primer semestre de 2016, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se han denunciado 338 mil 771 delitos. Hago énfasis en que son datos de averiguaciones previas abiertas debido a la denuncia de las víctimas o sus familiares, y no precisamente del número real de delitos cometidos, porque la mayoría de ellos no se denuncia sea por ausencia de oficinas ministeriales cercanas, la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo confirmada por el elevado porcentaje de casos que no son investigados, la impunidad y en no pocos casos la sospecha de complicidad de autoridades con los grupos delictivos.
Si observamos con detenimiento el cuadro anterior, podemos descubrir un extraño abatimiento en el número de delitos denunciados a partir de 2014. En febrero de ese año, el gobernador Javier Duarte de Ochoa sustituye en la entonces Procuraduría General de Justicia a Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien meses atrás ya había presentado su renuncia.
En su lugar, nombra al abogado Luis Ángel Bravo Contreras que, el 30 de enero de 2015, gracias a una reforma constitucional, toma protesta en el Congreso del Estado como nuevo Fiscal General del Estado de Veracruz por un lapso de nueve años (hasta 2023). Prácticamente en automático, la mayoría de los delitos denunciados, reportados al SNSP, disminuyen drásticamente.
Esto es más claro en el número de delitos en general que, de un año para otro, al menos en la cifra del primer semestre, pasa de 37 mil 931 a 23 mil 883, una disminución de 37 por ciento, mientras que los robos pasan de 13 mil 935 a 9 mil 119, es decir, una caída de casi 35 por ciento.
El caso de homicidios presenta un comportamiento similar: su número pasa de 895 a 527, lo que representa una inusitada baja de más del 41 por ciento. Mientras que en el caso de violaciones denunciadas, cuyo número pasa de 327 a 142, estamos hablando de un hecho inexplicable pues se abatió, siempre según los datos de la Fiscalía General del Estado, en más del 56.5 por ciento. La situación es más sorprendente de 2013 a 2016 (en sus primeros semestre), pues de 327 casos de violación, este año solo se denunciaron 46, ¡una baja del 86 por ciento! que no se explica si nos atenemos a las denuncias presentadas por organizaciones feministas y organismos no gubernamentales que han solicitado que se instaure en la entidad la alerta de género, tanto por el creciente número de feminicidios como de violaciones.
Donde el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras no ha podido ocultar o maquillar las cifras ha sido en el delito de secuestro, donde Veracruz se ha colocado durante el primer semestre de este año en el segundo lugar nacional, apenas superado por el Estado de México, tal vez porque es el que más denuncian los familiares de las víctimas, pese a que se habla de la famosa cifra negra, que implica que solo se denuncia uno de cada diez casos. El número de secuestros se ha mantenido alto, incluso en su primer año como Procurador, cuando creció de 53 a 93 casos, es decir, un alza de 75 por ciento.
Las sospechas sobre el maquillaje de cifras por parte del actual responsable de la investigación de delitos en Veracruz permiten correr un velo de incredibilidad, que proyectan en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa el estigma de la impunidad y la simulación. Si el próximo gobierno no puede hacerlo a un lado, nos esperarían 7 años más de inoperancia judicial.
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