Aunque según versiones de analistas políticos como Salvador García Soto, columnista de El Universal, la presencia del gobernador Javier Duarte de Ochoa en la ceremonia de su toma de protesta como candidato del PRI a la gubernatura le habría restado a Héctor Yunes Landa cinco puntos en las tendencias electorales, lo cierto es que al abanderado priista no le ha quedado más opción que tener que apechugar y cargar con lo que él mismo había tildado públicamente como “un lastre” para su campaña debido a los altos negativos de la administración del polémico mandatario veracruzano.

De acuerdo con el autor de la columna “Serpientes y escaleras”, la sola fotografía de Yunes Landa con Duarte “se reflejó a la baja en las encuestas e hizo que el candidato priista arranque con desventaja de dos o tres puntos frente al panista Miguel Ángel Yunes”, según información confidencial proporcionada al periodista por una fuente confiable del PRI, quien además le habría señalado que dentro de la alianza del partido tricolor no todos habían estado de acuerdo en que Duarte fuera invitado a la toma de protesta, pero que desde el Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional justificaron que no podían dejar de invitarlo siendo el gobernador, “por lo que asistió aun contra el deseo del candidato, que se vio obligado a darle la mano en una imagen que le costó, de inicio, cinco puntos en las encuestas…”

Precisamente el mismo domingo 13 de marzo, minutos antes de que iniciara en el World Trade Center de Boca del Río la Convención Estatal de Delegados que elegiría formalmente a Héctor Yunes como candidato a gobernador, Duarte de Ochoa le hizo sentir al aspirante del PRI a sucederlo que sin él muy difícilmente podrá ganar la elección, pues el primer priista del estado concentró en otro lugar cercano a diputados locales y federales, funcionarios estatales y a algunos alcaldes afines que condicionaron su presencia al evento partidista sólo si acudía también el mandatario.

Al día siguiente, lunes 14, Duarte y Yunes Landa se habrían reunido en la ciudad de México con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con lo que tácitamente se echó por tierra la descabellada versión de que el titular de la SEGOB tendría en Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la alianza PAN-PRD, una segunda opción para la gubernatura de Veracruz.

Ya se verá en junio entrante qué tanto restó o sumó Javier Duarte a Héctor Yunes, pero por lo mientras el gobernador y el abanderado priista han ido sacando acuerdos que confirman su acercamiento. Así se percibió, por ejemplo, con la reciente confección de la lista de candidatos a la diputación local de la alianza “Para mejorar Veracruz” y por la abierta interlocución de Gabriel Deantes Ramos, quien oficialmente es el titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad pero el cual tiene a su cargo la operación electoral por encomienda de Duarte.

Por eso este domingo 27, durante su registro oficial como candidato de la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes acusó que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) no ofrece la certeza de garantizar elecciones democráticas porque, dijo, su decisión es permitir que sobre su autonomía constitucional gravite “el poder corruptor” del gobernador Duarte de Ochoa.

Yunes Linares señaló precisamente que el secretario de Trabajo “es quien opera este organismo (el OPLE)”, que “es otro pillo del gobierno de Javier Duarte” y que “no puede ser que todos sepamos que Gabriel Deantes sugiere a consejeros, llama al secretario ejecutivo y a los consejeros para presionar y tratar de comprarlos”.

El panista Yunes no anda muy errado, pues él mejor que nadie, desde que fue secretario general de Gobierno en la administración priista del gobernador Patricio Chirinos (1992-1998), sabe cómo funcionan y operan en Veracruz los órganos electorales.

Hoy, por ejemplo, a casi dos meses de la jornada electoral, los consejeros del OPLE se quejan de que no han recibido del gobierno del estado los recursos necesarios para organizar los comicios. Y en esa misma situación se halla también el nuevo Tribunal Electoral de Veracruz, cuyos magistrados fueron electos por el Senado de la República.

Esta habría sido la verdadera razón de peso y de pesos que finalmente forzó al candidato del PRI a tener que cargar con el “lastre” que para su campaña representan el gobernador y sus colaboradores, ya que el Comité Ejecutivo Nacional priista está en aprietos financieros.

En su columna política de este martes 29, el periodista García Soto reveló que “a punto de iniciar las campañas electorales, el CEN del PRI vive una crisis de recursos que empieza a afectar la operación electoral de ese partido”.

Según el autor de “Serpientes y escaleras”, la deuda de más de mil millones de pesos que la dirigencia anterior del mexiquense César Camacho Quiroz heredó a la de Manlio Fabio Beltrones ha impedido el envío de un grupo de 500 capacitadores y operadores expertos en los temas electorales –también conocidos como “mapaches”– a las 12 entidades donde en junio próximo se elegirán gobernadores, entre ellos el de Veracruz.