Desde que recibió la confirmación de que él iría a presidir el Comité Directivo Estatal del PRI, el diputado federal Alberto Silva Ramos se aceleró, descuidó las formas y empezó a cometer una serie de imprudencias.

Primero, a principios de este mes, filtró a los medios de comunicación que el domingo 18 sustituiría a Alfredo Ferrari Saavedra y que a su toma de posesión vendría el dirigente nacional Manlio Fabio Beltrones; el coordinador político de la bancada priista en la LXIII Legislatura federal, César Camacho Quiroz; obviamente el gobernador Javier Duarte, y toda la plana mayor del priismo veracruzano, incluyendo a los senadores Héctor y Pepe Yunes, que de inmediato vetaron públicamente su designación y se pronunciaron porque continuara la misma dirigencia que encabezaba el político boqueño.

El evento partidista tuvo que posponerse hasta el sábado 24 porque Ferrari renunció hasta el miércoles 15 a la dirigencia priista y al día siguiente tomó posesión de la Secretaría de Desarrollo Social en lugar de Ranulfo Márquez, quien habría sido destituido porque no quiso pronunciarse públicamente a favor de Silva como en cambio sí lo hicieron otros ex dirigentes –los diputados federales Erick Lagos Hernández, Adolfo Mota Hernández y Jorge Carvallo Delfín; Raúl Ramos Vicarte, Edmundo Martínez Zaleta, Manuel Ramos Gurrión, Elízabeth Morales y Éricka Ayala– para contrarrestar el rechazo inicial de los ex líderes Carlos Brito Gómez y Gonzalo Morgado Huesca, cercanos al senador Yunes Zorrilla, fuerte aspirante del PRI a la gubernatura, y Felipe Amadeo Flores Espinosa.

De hecho, Pepe Yunes –también ex presidente del CDE del PRI–, Morgado Huesca y Flores Espinosa no asistieron a la toma de protesta de Silva en el WTC de Boca del Río. Y Brito Gómez acudió porque preside la Comisión de Procesos Internos del comité estatal priista y por atención al gobernador Duarte, quien junto con Silva fue a desayunar con él a su domicilio particular una semana antes para persuadirlo de apoyar al legislador tuxpeño.

Sin embargo, el proceso de designación del ex alcalde de Tuxpan resultó sumamente enredado ya que nunca se convocó al Consejo Político Estatal como se había anunciado inicialmente y, al final, asumió el cargo por prelación ante la renuncia definitiva de Ferrari Saavedra. Pero no hay constancia pública de que Silva haya rendido protesta primero como secretario de Elecciones para que, una vez que dimitieran de manera simultánea Corintia Cruz Oregón y Marlon Ramírez Marín, que ocupaban originalmente con el boqueño la Secretaría General y la de Organización, respectivamente, el diputado federal tuxpeño ascendiera de manera automática a la Presidencia del CDE del PRI.

Y es que de acuerdo con el Artículo 164 de los estatutos priistas, “en ausencia simultánea del Presidente y Secretario General, los secretarios que correspondan de acuerdo al orden de prelación prescrito en los artículos 84bis, 121 y 132 de estos Estatutos ocuparán los cargos y en un plazo de sesenta días convocarán al Consejo Político que corresponda para que proceda a realizar la elección del Presidente y el Secretario General sustitutos que deberán concluir el período estatutario correspondiente.” Sin embargo, dentro de dos meses, el partido tricolor estará inmerso en la etapa más crítica y convulsa por la jaloneada elección de su candidato a la gubernatura, situación extraordinaria que se habría evitado de no haberse hecho en este momento el movimiento en la dirigencia priista.

Ahora Silva, en su afán de combatir al diputado federal Miguel Ángel Yunes Linares, aspirante del PAN al gobierno de la entidad, ha politizado y complicado de más el asunto de los 2 mil 173 “aviadores” detectados y cesados en la Secretaría de Educación de Veracruz, pues dio a conocer una lista de 120 personas que supuestamente venían cobrando en la SEV sin trabajar, los cuales –según afirmó– fueron incorporados a la nómina de esa dependencia estatal entre los años 1992 y 1997, cuando el ex priista despachó como secretario general de Gobierno.

Sin embargo, tanto la secretaria de Educación, Xóchitl Osorio, como el Oficial Mayor de la SEV, Vicente Benítez, desconocieron oficialmente dicha nómina y aclararon que no salió de esa institución, ya que está impedida por la Ley de Protección de Datos Personales de dar a conocer los nombres de esos dos millares de “aviadores” que representaban para el erario estatal un gasto de 815.3 millones de pesos anuales.

Por su parte, el diputado local del PRI, Juan Nicolás Callejas Arroyo, líder del Equipo Político de la Sección 32 del SNTE y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura del estado, declaró este martes que filtrar irresponsablemente nombres de presuntos “aviadores” afecta a los trabajadores que sí cumplen, por lo que pidió cautela ya que en la primera lista dada a conocer por el dirigente de su partido se ha implicado injustamente a docentes con reconocida trayectoria magisterial.

Los tiempos, las circunstancias y, sobre todo, la beligerancia y astucia de sus rivales –opositores y correligionarios–, debieran obligar al grupo en el poder a conducirse y actuar con mucha más mesura y prudencia política si es que de veras quieren preservar la hegemonía priista en 2016, pues con la anulada elección de Colima acaban de recibir una preocupante señal de que difícilmente podrán ganar “haiga sido como haiga sido”.