La cancelación de la visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al municipio de Tempoal, en la Huasteca de Veracruz, cayó como balde de agua fría a los empresarios de esa región, que comprende cuatro entidades del país, en virtud de que ese foro sería aprovechado para exponer los problemas de inseguridad a los representantes de esa y otras tres instancias del gobierno federal, Marina, Defensa Nacional y Procuraduría General de la República.

En el marco de la visita del titular de la Segob a ese lugar, no sólo se llevaría a efecto la inauguración del Campo Militar de la Huasteca –donado por el gobierno del Estado–, sino, lo más importante, la reunión del Gabinete Nacional de Seguridad, a la que asistirían cuatro gobernadores: Edigio Torre Cantú, de Tamaulipas; José Francisco Olvera, de Hidalgo; Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí; y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; además de los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido; y de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo.

Por sus dimensiones, no se trata de un problema estatal que únicamente corresponda a Veracruz, sino un tema de carácter regional que involucra a cuatro estados que comparten límites territoriales; su atención es urgente debido a la enorme presión social.

Podríamos decir que la inseguridad en la Huasteca es un problema que amenaza con desbordarse.

No es un tema nuevo; de hecho,  desde hace al menos una década el asunto ha comenzado a salir de control; sin embargo, en los últimos meses ha crecido de forma exponencial la percepción de que esa región es tierra de nadie.

Desesperación empresarial

La carta que enviaron los empresarios tamaulipecos al presidente Enrique Peña Nieto revela una mezcla de hartazgo, indignación y exigencia de orden y justicia, que haga prevalecer el estado de derecho en un punto del país en que parece que la única ley vigente es la de la selva. En el documento, las cámaras empresariales sostienen que los niveles de inseguridad en la Huasteca son inaceptables; que los índices de secuestro y asesinato en la zona están 10 veces por encima de la media nacional; que la coordinación que existe entre las autoridades no es suficiente; y que es imprescindible la intervención del gobierno federal.

Hace casi dos semanas, en el municipio de Pueblo Viejo fueron hallados los cuerpos de los empresarios Juan Manuel Gómez Fernández y Juan Manuel Gómez Monteverde, originarios de Tamaulipas que fueron plagiados hace un mes, el 4 de septiembre; la familia pagó el rescate pero a pesar de ello fueron ultimados en territorio veracruzano.

Si bien esa fue la gota que derramó el vaso y provocó la reacción de las organizaciones patronales, comerciales y empresariales de Tampico, Ciudad Madero y Matamoros, no es el único crimen que ocurre en las semanas recientes y que afecta a gente de Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz.

En la entidad gobernada por Juan Manuel Carreras, la desesperación gubernamental y la necesidad de reacción ante los altos niveles de inseguridad en esos límites territoriales obligaron a la administración estatal prácticamente a militarizar las tareas de vigilancia y prevención del delito; con el nombramiento de Arturo Gutiérrez García en la Secretaría de Seguridad Pública, llegó un grupo de mandos militares, 85 en total, que partieron de Nuevo León, Distrito Federal, Estado de México y Coahuila para hacer frente a este problema en San Luis Potosí.

El norte veracruzano

Si las quejas por el problema de inseguridad aumentan cada día y suben de tono en cuanto a la exigencia de atención gubernamental por parte de los empresarios de Tamaulipas y San Luis Potosí, en el norte de Veracruz la situación también comienza a complicarse.

Lugares como Pueblo Viejo, Chiconamel, Tempoal, Platón Sánchez, El Higo, Tantoyuca, Ozuluama y, sobre todo, Pánuco, se han convertido en focos rojos en materia de inseguridad. El caso más extremo, probablemente, ocurre en la comunidad de El Moralillo, donde se ubica el puente que comunica a Veracruz con Tamaulipas; ahí, desde hace años hay quejas en el sentido de que el cruce entre ambas entidades es controlado por la delincuencia organizada, que cobraría cuotas por permitir el libre paso de particulares.

El caso de esa comunidad del norte veracruzano es tan grave que los transportistas prefieren evitar el paso por ese lugar, como lo declaró Jesús López Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Autotransportes Mexicanos, quien aseguró que todos los días hay reportes de robo en El Moralillo.

Evidentemente, los convenios de colaboración que signó el gobierno de Veracruz con sus pares de Tamaulipas e Hidalgo, así como el reforzamiento de la seguridad han sido insuficientes para frenar ese problema, que amenaza con desbordarse.

Por ello resulta importante, urgente, la intervención del gobierno federal en la región Huasteca; y por ello el lamento de los empresarios ante la cancelación de la reunión del Gabinete Nacional de Seguridad, que encabezaría el secretario Miguel Ángel Osorio Chong en Tempoal. @luisromero85