María Asunción Díaz Flores, quien trabajaba para el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, fue detenida por presuntamente violar las leyes electorales federales de nuestro país. La nota fue cubierta por medios nacionales: la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a través del Ministerio Público Federal y con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, dio cumplimiento a la orden de aprehensión girada por un juez de distrito en Veracruz.

La mujer habría operado en las campañas políticas del año 2010 para favorecer al Partido Revolucionario Institucional en la zona de Boca del Río. Es un caso del llamado “turismo electoral”, que consiste en el traslado de personas de una entidad a otra para que participen en comicios. Son personas que, sin cambiar de residencia en la realidad, se inscriben en las listas nominales de otros estados, donde se desarrollarán votaciones.

En los años recientes, Veracruz ha estado en la mira de las autoridades por ese motivo; luego del proceso del año 2010, el Partido Acción Nacional denunció que desde 2009 se detectaron más de 45 mil nuevos electores en la entidad, mismos que procedían de entidades como Tamaulipas, Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Se dijo, incluso, que detectaron a 500 personas de Morelos y 2 mil de San Luis Potosí que votaron en el proceso veracruzano.

Hace 5 años, fue pública la amonestación del desaparecido Instituto Federal Electoral a 7 personas que incurrieron en dichas prácticas; sin embargo, otras 31 –originarias de San Luis Potosí– no corrieron con la misma suerte y les fueron liberadas órdenes de aprehensión.

Hace 5 meses, en marzo pasado, se reactivó el tema cuando el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, habló de un rezago de casi 4 mil 500 expedientes radicados, en su mayoría, en las entidades de Quintana Roo, Yucatán, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz.

Uno de esos casos fue el de María Asunción Díaz Flores, quien fue detenida por la mañana de este martes, debido a que en enero de 2010 convenció a 440 personas del estado de Morelos para que, a cambio de dinero (300 pesos), despensas y cobertores, se trasladaran a Veracruz para tramitar credenciales del IFE para que fueran inscritas en el Registro Federal de Electores como si vivieran en Boca del Río.

La mujer fue detenida 5 años después de esos hechos; así de rápida y expedita es la justicia.

Por cierto, quedará la duda sobre el resultado en la elección de 2010 en Boca del Río, donde el priísta Salvador Manzur Díaz venció al panista Humberto Morelli por menos de dos mil sufragios; ¿qué hubiera pasado en un proceso electoral limpio?

Tala ilegal en el Pico de Orizaba

La Comisión Nacional Forestal denunció, una vez más, los problemas de tala ilegal que se registran en el Pico de Orizaba.

Martín Castillo Calipa, gerente estatal de la Conafor, señaló que el tema ya fue reportado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; incluso, la dependencia que tiene su sede en Banderilla, Veracruz, solicitó apoyo de Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de frenar el saqueo de los recursos maderables de ese lugar.

No es un asunto menor, sobre todo por el impacto que ocasiona la reducción de la superficie de bosques y selvas en temas como el cambio climático.

Lamentablemente, la tala y el saqueo de los recursos maderables son problemas comunes en la entidad. La Profepa, por ejemplo, reconoce más de 100 áreas críticas forestales en el ámbito nacional; diez de ellas se encuentran en Veracruz, específicamente en las zonas de Los Tuxtlas, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, donde no se ha podido frenar el problema.

Cada año se anuncian esfuerzos y acciones de gobierno para enfrentar la tala clandestina; sin embargo, el problema continúa: sólo en 2013, la Profepa decomisó en nuestro país más de 24 mil metros cúbicos de madera; de esa cantidad, mil 700 metros cúbicos fueron extraídos ilegalmente de los bosques veracruzanos.

Lo peor es que esos recursos forestales saqueados servirían para frenar la erosión y, por consiguiente, el impacto de los fenómenos meteorológicos.

Por ello es importante la convocatoria que lanzó este martes la Conafor para reforestar cuatro bosques en Veracruz, Coatzacoalcos, Camerino Z. Mendoza y Altotonga.

Las cifras de Alto al secuestro

La organización no gubernamental que encabeza Isabel Miranda de Wallace, informó este martes en la Ciudad de México que sólo durante julio del presente año se registraron en territorio nacional 176 secuestros y 225 víctimas.

Dicha cifra representa una reducción de 1.1 por ciento en el número de casos, a comparación con el mes inmediato anterior, junio, pero un aumento de 4.1 por ciento en el número de víctimas.

Lo peor es que la tendencia indica que el número de secuestros contra menores va en aumento.

De acuerdo con la fuente, las entidades que registran el mayor número de casos son, en este orden, Estado de México, Tamaulipas, Distrito Federal, Veracruz y Tabasco.

En unos días, ya con informes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será posible cruzar esa información con los datos basados en las procuradurías de justicia de los estados de la República. Es un problema de dimensiones nacionales. El reporte oficial habla, de enero a junio del presente año, de 551 secuestros en todo el país. @luisromero85

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