Tras una fallida administración en el actual gobierno, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) parece encaminarse irremediablemente a una disyuntiva: refundarse o refundirse.

En la estructura legal y operativa que se encuentre actualmente, les sirve a todos –a una burocracia burguesa, a pensionados millonarios, a un gobierno que interviene a su antojo y a líderes sindicales que han vivido generosamente de él- menos a los trabajadores y jubilados del gobierno estatal. Quienes verdaderamente sostienen al instituto no tienen siquiera la posibilidad de recurrir para solicitar un préstamo de muy poca monta.

El IPE es un enfermo al que todos han diagnosticado con un padecimiento crónico degenerativo –incluido el frívolo académico que actualmente lo dirige-, pero al que ninguno ha recetado un tratamiento que le permita sobrevivir siquiera a la siguiente generación. Al paso que va, se encamina a que los nuevos trabajadores no vuelvan a ver un centavo de sus aportaciones.

La crítica situación financiera del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) tiene varios orígenes, que van, desde el uso indiscriminado y discrecional de la reserva técnica –en muchos casos se supone corrupción-, hasta el hecho comprobable de que las aportaciones de los trabajadores activos no alcanza para pagar a los pensionados, y menos aun cuando se trata de emolumentos superiores a los cien mil pesos.

El déficit anual del IPE es de cerca de 3 mil millones de pesos (esto es, 250 millones al mes) y el Presupuesto de Egresos del 2018, apenas consideró 2 mil millones de pesos -tres veces más que el año anterior- como “subsidio” para ese organismo.

Este déficit se explica a partir de que el 80% de los recursos del IPE se destinan a pagar las pensiones de un 20% de los afiliados, entre los que se encuentran magistrados, funcionarios y académicos que se valieron del cargo para asegurarse una generosa vejez. En cambio, otros cientos de trabajadores en edad de jubilación se resisten a hacerlo porque no quieren sumarse al vía crucis que significa cobrar la vergonzante suma que reciben mensualmente por toda una vida de trabajo al servicio del estado.

El Artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado establece que “de darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por los patrones, en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales”. Pero al final del mismo artículo advierte: “El gobierno del Estado será responsable solidario del cumplimiento de esta obligación”.

La interpretación es casi la misma que se da a la Universidad Veracruzana: aunque el monto esté fijado en el Presupuesto, la condición de “responsable solidario” no obliga al gobierno a cubrir esa cantidad, so pretexto de que la interpretación depende de que las arcas estatales tengan los recursos disponibles, y eso sólo lo sabe el que manda.

Bueno pues ayer, los integrantes de la Coalición de Pensionistas del Estado entregaron en el Congreso local, la iniciativa popular que busca dar autonomía financiera al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), es decir, modificar toda su estructura legal y operativa, lo que se interpretaría como una refundación del organismo.

Según las crónicas periodísticas, los integrantes de la Coalición lograron reunir algo así como 14 mil firmas de ciudadanos –los cuáles no tienen  vela en el entierro del IPE pero que suponen el cumplimiento del requisito legislativo y presentar la iniciativa popular- para pedir que el hasta ahora organismo descentralizado deje de ser la caja chica del Gobierno y se les permita el manejo y resguardo de sus ahorros.

Los pensionados llegaron este jueves de varios puntos del estado y a pesar de que notificaron a los 50 diputados de su arribo, ninguno atendió su llamado, ni siquiera las representantes de Morena, quienes hasta ahora han sido las que se han mostrado más sensibles e interesadas en el tema. Pero cuanto intentaron entrar al recinto legislativo, personal de seguridad les pidió integrar una comitiva y sólo salió a recibirnos el Subdirector Jurídico, Víctor Alanís Guevara.

En realidad no hay interés de las autoridades del Instituto por resolver el grave problema que enfrenta. Como antaño, están supeditados a la voluntad unipersonal del gobernador, quien tiene la potestad política de decidir sobre sus recursos, como lo hicieron en el pasado el propio Fidel Herrera y Javier Duarte.

Así, el IPE se balancea entra las propuestas que intentan refundarlo y los intereses económicos que insisten en refundirlo.

Las del estribo…

  1. Que Cuitláhuac diga que la mayoría de los jóvenes desaparecidos -cuyos restos han ido apareciendo en fosas clandestinas- estaban involucrados con la delincuencia organizada es repetir la fórmula de acusarlos de ser responsables de su propia muerte. Tratando de justificar a los jóvenes, terminó criminalizándolos, como lo han hecho las autoridades. La ignorancia es osada.
  2. José Antonio Meade estará la primera semana de junio en Veracruz. Aún no se define el lugar, pero se espera que sea en algunos de los municipios del centro del estado, región que aún falta por visitar. Serán días claves para su campaña y la de Pepe Yunes, el candidato a Gobernador del Estado.