Pese a las enormes inversiones realizadas por el gobierno estatal en la mejora de la capacitación, equipamiento y parque vehicular de la policía estatal, y al lanzamiento de la denominada Fuerza Civil en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe el año pasado, la inseguridad campea en zonas urbanas y rurales del estado, lo que ha obligado a comunidades y colectivos a conformar pequeñas organizaciones de autodefensa.

La situación se ha recrudecido en la ciudad de Veracruz, en cuyas colonias populares de la zona norte se han protagonizado sin tregua asaltos a negocios, casas-habitación y transeúntes, además de asesinatos y robos de vehículos.

Sin embargo, no es privativo de esa zona, donde por cierto hace tres años que funciona un contingente nutrido de fuerzas federales y estatales que, por desgracia, se han dedicado exclusivamente a proteger la zona comercial y hotelera y las áreas residenciales.

En la zona conurbada que el Puerto de Veracruz comparte con Boca del Río y Medellín de Bravo se han reportado acciones delictivas como robos, asaltos, lesiones y homicidios, en números que parecen estar creciendo.

La desaparición en Medellín de Bravo del periodista Moisés Sánchez Cerezo, aparentemente a manos de la policía municipal, y quien podría haber perdido la vida, dadas las características que rodean la privación de su libertad (no se pidió rescate, como en el caso del periodista Goyo Jiménez en Coatzacoalcos), activa las alarmas sobre la intervención de autoridades municipales en actos delictivos, como todo indica que ocurrió en Coatepec con el homicidio del tesorero municipal Guillermo Pozos Rivera.

Omar Cruz Reyes, alcalde panista, estaría en el ojo del huracán pues antes de la desaparición del también activista, el edil le habría proferido serias amenazas por los contenidos divulgados tanto en internet como en La Unión, un pequeño periódico impreso que el periodista sufragaba con sus propios recursos.

Otro poco sucede en Xalapa, donde se han reportado infinidad de asesinatos con arma blanca, muchos de ellos realizados por bandas juveniles dedicadas a asaltar transeúntes, pero también homicidios con uso de armas de fuego, sin que la Secretaría de Seguridad Pública haya logrado contener la escalada de violencia.

También en Coatzacoalcos y los municipios aledaños están sufriendo estas crecidas en los actos delictivos, como sucede en Poza Rica, en los municipios colindantes con Tamaulipas y en Papantla, Martínez de la Torre y Córdoba.

Cuando se multiplican las noticias sobre hechos que afectan la vida y patrimonio de tantos veracruzanos, uno se pregunta para qué sirve tanta inyección de recursos al área de seguridad pública estatal que, junto con educación y salud, conforma la triada de las dependencias más favorecidas con los recursos del presupuesto en 2015.

En efecto, este año a la SSP le autorizaron un incremento del 15 por ciento respecto a lo que ejerció en 2014, lo que le permitirá gastar 5oo millones de pesos más y completar un techo de 3 mil 673 millones 500 mil pesos.

Pese a ello, desgraciadamente, no se nos ha cumplido la promesa de mejorar los estándares de seguridad de los que hasta en spots de radio y televisión nos estuvieron reiterando, únicos escenarios en que se observó actuar a la Fuerza Civil y a una población relajada y tranquila.

Veracruz, entre las entidades más violentas

Basta ver las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para corroborar que estamos viviendo en unos de los 10 estados más violentos del país, y en delitos como secuestro, entre los primeros tres lugares, lo que constituye un elemento que pone en entredicho las estrategias de combate a la violencia.

En efecto, en las estadísticas sobre incidencia delictiva del SNSP hasta el mes de noviembre de 2014, Veracruz se mantenía en el tercer lugar nacional en número de secuestros cometidos, con 138 (12 secuestros por mes, en promedio), solo superado por Tamaulipas (244) y el Estado de México (162).

A la terrible lista de estados asolados por bandas criminales orientadas a la privación ilegal de la libertad se unen Morelos (110 secuestros), Guerrero (104), Michoacán (102), Tabasco (93) y el Distrito Federal (56). En esos ocho estados se cometieron 1 mil 009 secuestros, que representan el 75 por ciento de los cometidos en el país.

En materia de delitos cometidos, Veracruz se ubica en el décimo lugar, con 45 mil 571 casos. En la lista le preceden Estado de México (223,022), Distrito Federal (165,892), Baja California (99,195), Guanajuato (86,349), Jalisco (84,653), Puebla (67,353), Tabasco (56,018), Chihuahua (54,113) y Coahuila (47,885). En estas diez entidades se cometió el 63 por ciento de los delitos registrados en el país.

En número de homicidios (932), Veracruz ocupa el lugar 13, mientras que en total de robos con violencia ostenta el séptimo sitio, con la comisión de 17 mil 270 robos contra casas-habitación, negocios, vehículos, transportistas y transeúntes.

En cuanto a la seguridad de nuestras carreteras, las cosas tampoco andan bien. Veracruz ocupa el séptimo lugar entre las entidades con mayor número de robos en carretera con violencia, con 97. Del primero al sexto lugares los ocupan Guerrero (398), Tlaxcala (291), Puebla (196), Oaxaca (191), Hidalgo (130) y Chiapas (112).

Aunque son delitos del fuero común, es cierto que en este último caso la Policía Federal no ha hecho mucho por evitar que las estadísticas se mantengan en esa tesitura. Si observamos con detenimiento, ya puede prefigurarse un área específica donde más se comete este delito, y son las carreteras que van del altiplano al Golfo de México y el sureste del país, pasando por Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El próximo mes contaremos con las estadísticas de todo 2014, en las que ya se observa para noviembre una disminución nacional en el número de delitos, que pasaron de 136 mil 932 en octubre a 120 mil 239 en el penúltimo mes del año.

El dato de hoy

En lugar de disminuir, las empresas denominadas partidos políticos, algunas de explotación familiar, se han multiplicado este año, haciendo mucho más onerosa nuestra ‘democracia’. Para comprobarlo, baste ver los números del presupuesto que ejercerá este año el Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección en junio de diputados federales, además de la celebración de comicios locales en 18 estados del país. De entrada, participarán 10 fuerzas políticas nacionales, tres de ellas registradas en 2014, lo que ha obligado a hacer más grande la bolsa de recursos destinados a la partidocracia. En efecto, este año se repartirán entre los 10 partidos un monto de 5 mil 355 millones 522 mil 828 pesos, cifra superior a los presupuestos aprobados a instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (4 mil 654 mdp), el Senado de la República (4 mmdp) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (3 mmdp). Se calcula que en la jornada electoral de este año estén en posibilidades de participar más de 80 millones de votantes.

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