Al terminar enero del presente año, los problemas para el actual diputado federal por el distrito de Cosamaloapan, Antonio Tarek Abadalá Saad, se intensificaron luego de que trascendiera que el también ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación era investigado por presuntos vínculos con un integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación, que habría apoyado la campaña política del hoy legislador en 2015.

A Tarek Abdalá le relacionaban, de acuerdo con la información que trascendió en medios nacionales, con Francisco Navarrete Serna, detenido por su probable participación en la desaparición de los cinco jóvenes de Playa Vicente que fueron levantados en Tierra Blanca el 11 de enero de este año.

El escenario del diputado federal comenzó a complicarse porque a esa supuesta relación con Navarrete Serna se sumaron las acusaciones que pesan sobre él con relación a las presuntas irregularidades detectadas por la Federación en la revisión a la Cuenta Pública 2013, cuando Abdalá Saad era uno de los responsables del manejo de recursos dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Luego de difundirse esa noticia por parte de Reforma, Tarek Abdalá negó cualquier vínculo con Navarrete e, incluso, dijo no conocerlo personalmente. Como sea, ese hecho fue el comienzo de una avalancha de problemas sobre el diputado federal por Cosamaloapan. Incluso, poco después de que esos señalamientos se ventilaran de forma pública hubo un pronunciamiento de senadores y diputados federales que exigieron el desafuero del diputado veracruzano.

El senador panista Fernando Herrera Ávila, por ejemplo, declaró que el desafuero de Abdalá Saad estaba justificado debido a que el ex tesorero de Javier Duarte era señalado por un probable desvío de mil 600 millones de pesos.

Nueve meses después de dicho escándalo, al comenzar noviembre, el caso de Tarek Abdalá volvió a ventilarse en los medios, luego de que la Contraloría General del Estado lo inhabilitara por diez años debido a conductas indebidas en el servicio público y a un presunto daño patrimonial durante su desempeño como tesorero en Sefiplan.

Sobre ese asunto, la investigación de la Contraloría determinó que Abdalá Saad no entregó los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

Poco después, el consejero nacional del Partido Revolucionario Institucional, Armando Barajas Ruiz, el mismo que inició el proceso para expulsar del tricolor al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, anunció el inicio de una acción similar para echar del PRI a Tarek Abdalá, por su presunta participación en la red de corrupción que encabezaba el ex mandatario veracruzano.

Finalmente, todo parece indicar que el diputado por Cosamaloapan estaría con un pie en el patíbulo; este lunes trascendió que la Procuraduría General de la República inició seis investigaciones contra el ex tesorero de Javier Duarte.

Las investigaciones iniciadas por la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales tendrían su punto de partida en las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación; por otro lado, a pesar de contar con fuero, Tarek Abdalá promovió, desde hace cinco meses, dos amparos ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo Penal.

El problema para Tarek no sólo se relaciona con las acusaciones por su actuación al frente de la Tesorería, sino con la falta de un grupo político que le respalde; el diputado por Cosamaloapan se encuentra solo porque su único apoyo visible, la ex presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Karime Macías de Duarte, hoy se encuentra en desgracia política, y el ex gobernador Javier Duarte, en condición de prófugo de la justicia. De esa manera, Abdala Saad tendría las horas contadas.

Hoy, todo parece estar alineado para que las autoridades federales de procuración de justicia procedan en éste como en otros casos de diputados federales veracruzanos, que llegaron a sus actuales cargos, en 2015, a punta de cañonazos de billetes en sus respectivos distritos; en esa misma lista ubican al menos a otros tres diputados federales: Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera y Alberto Silva Ramos; además del legislador local Vicente Benítez González, todos ellos, ex colaboradores cercanos del ex gobernador Javier Duarte.

Américo, papel protagónico

Encabezados por el xalapeño Américo Zúñiga Martínez, un grupo de munícipes se reunió en la sala de expresidentes de Palacio Municipal y luego se trasladó a la Secretaría de Finanzas y Planeación, para dialogar con la nueva titular de la dependencia, Clementina Guerrero García.

Américo llevó la batuta del grupo de alcaldes priistas que ha representado, 80 más o menos.

Por otra parte, los alcaldes de PAN y PRD que tenían tomadas las instalaciones de Palacio de Gobierno y Casa Veracruz fueron encabezados por el munícipe de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, y también acudieron a la cita con la nueva titular de Sefiplan.

Al salir del encuentro, el munícipe capitalino comentó que durante la reunión con la secretaria de Finanzas, los alcalde exigieron que se entreguen los adeudos pendientes con los municipios, que incluyen aportaciones y participaciones federares, como FISM, FORTASEG, PRODERE y el ISR Participable, y que se respete la programación de diciembre de los fondos anteriores, dado el principio de anualidad.

Derivado de ello, refirió, Clementina Guerrero ofreció hacer una revisión exhaustiva de los fondos y establecer una mesa de trabajo con diferentes presidentes municipales, a fin de reconocer los adeudos y tomar consideraciones al respecto. “Por ello le vamos a dar un voto de confianza”.

El alcalde de Xalapa asume un papel protagónico en la lucha de los presidentes municipales que reclaman la entrega de las participaciones federales a los ayuntamientos, convirtiéndose así en promotor de un municipalismo efectivo, que ya va dando resultados en este agitado río que es Veracruz. @luisromero85