El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Edel Álvarez Peña, afirmó que el Congreso local aprobó la creación de una asociación público privada para la construcción de 21 ciudades judiciales, y aun falta una por licitar.

A pesar de que el decreto que se aprobó en el Congreso local el 29 de septiembre del 2017 solo contemplaba la construcción de 17 ciudades en los municipios de Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca, el magistrado aseguró que la asignación de los contratos es conforme a derecho.

Según el Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV, empresa que ganó la concesión, firmó 12 contratos para la edificación de la infraestructura judicial, por 849 millones de pesos.

Álvarez Peña puntualizó que aun no se inicia la construcción de los inmuebles, pues aun se sigue en detalles en los predios donde se van a edificar, y en trámites administrativos de parte de la desarrolladora.

“Estamos en proceso de nivelación de terrenos, faltan algunos pequeños trámites administrativos para iniciar el proceso de construcción formalmente.

“Del programa de participación privada no se ha iniciado ninguna construcción, y ya están los contratos, se está viendo aspectos administrativos, técnicos que se tienen que resolver”, explicó.

El Magistrado Presidente del TSJE aclaró que es responsabilidad de la desarrolladora el construir las ciudades, apoyado por cuestiones financieras de la banca privada, “y nosotros la pagamos a 25 años, luego entonces, todo esta listo, ya se hizo un concurso de asignación y todo, pero hay trámites administrativos u financiero”.

Afirmó que están a la espera de la Auditoría que anunció el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), pues se va a validar que el trabajo de asignación -que supervisó una firma internacional- se dio con transparencia, “yo creo que estuvo bien, pero siempre es mejor estar más tranquilo”.

El expresidente Municipal de Coatzacoalcos minimizó que la desarrolladora, integrada por la familia Ruiz Anitúa, está ligada al Panamá Papers, pues consideró que cada uno tiene derecho a invertir su dinero en donde así lo prefieran.

“Eso de Panamá era un grupo de empresarios y de personas físicas de todo el país, que decidieron tener su dinero en un país como Panamá, como otros lo tienen en Estados Unidos o Inglaterra, cada uno tiene dinero lo tiene donde lo quiere tener, son situaciones financieras y fiscales y eso no podemos cuestionarles”.

“No hay castigo ni nada para una empresa que tiene su dinero en otro lado, siempre y cuando sea transparente y esté debidamente fiscalizado”, insistió

Isabel Ortega/Avc