Enrique Pérez Rodríguez, secretario de Educación de Veracruz, se deslindó de la obligación de presentar denuncias públicas contra Adolfo Mota y Edgar Spinoso Carrera, ex funcionarios de dicha dependencia vinculados al daño patrimonial de la SEV.

En su comparecencia, aseguró que ellos entregaron toda la información a la Contraloría General del Estado, dependencia responsable de dar trámite a las querellas ante la Fiscalía General del estado de Veracruz (FGE).

En otros casos, aseguró fue la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF) la responsable de interponer las denuncias contra Adolfo Mota y Edgar Spinoso, pues algunas observaciones se atribuyen al manejo de recursos federales.

A diferencia de otros secretarios, que confirmaron que presentaron denuncias penales contra exfuncionarios duartistas, Rodríguez Pérez se limitó a informar que pasó los datos detectados a la Contraloría General, “no sabría decirle qué números de denuncias, pero están corriendo esas carpetas.

“Tengo conocimiento que la ASF es quien tomó el control de estos temas, porque muchos fueron por recursos federales, no era el Estado la instancia, ya la ASF –tengo entendido- presentó las denuncias correspondientes se están ventilando en el Poder Judicial, pero desconozco cuál es el estado que guardan las investigaciones”.

Evitó mencionar los nombres de los exfuncionarios, y ante la observación de que la Secretaría de Educación debería preguntar el estatus de las investigaciones, aclaró que no tienen curiosidad por saber qué está sucediendo, “porque está en manos de otras instancias y no conocemos”.

Aclaró que a él no le interesa dónde vive el Fiscal General, luego de que se denunció en un medio de comunicación que habitaba una casa del extitular de la SEV, Adolfo Mota Hernández, “Yo no vivo ahí, yo creo que los medios deben requerir al Fiscal, para saber qué hace con su vida o dónde vive”.

El funcionario estatal, reiteró en varias ocasiones que algunos medios de comunicación aplican la “pirotecnia mediática” al publicar notas que no tiene respaldo jurídico, sin embargo, evadió responder si la actual administración protege a exfuncionarios duartistas.

Isabel Ortega/Avc