En pleno intento de cambio. A unos días, de iniciar los nuevos gobiernos federal y estatal, los Ayuntamientos en Veracruz, cumplen un año en funciones.
Nada nuevo en los anacrónicos y desgastados actos tradicionales, del egocéntrico discurso y la suntuosa e intrascendente ceremonia, del mal llamado informe, en donde se resaltan algunos logros, más y mejores intenciones futuras, y un torrente de excusas y pretextos. Excepciones aparte. Todo para foto, y autopromoción.
Municipios cuestionados. Inseguridad creciente, que se siente. Urge poner la basura en su lugar. Sin saneamiento. Nada de que, “lo del agua al agua”. Aumenta inmovilidad y tráfico infernal. Costosa y lenta burocratización.
Inocultables, crecientes necesidades sociales innumerables problemas sin resolver, obligan a preguntar. ¿Y dónde está el cumplimiento de la obligación gubernamental de informar y hacer accesible toda la información pertinente, actualizada y pormenorizada? ¿Cuál fiscalización verdadera y aplicación real, de las leyes a ineficientes, corruptos y delincuentes municipales? ¿Y la participación y evaluación social, hasta hoy limitada y condicionada, simulada y manipulada?
Pocos servidores municipales, pasan la prueba del desempeño positivo. Demasiados son vivos ejemplos, beneficiarios de la opacidad y la burocratización. Incluso ignoran, menosprecian y desatienden otros deberes y obligaciones.
No me crea, consulte fuentes y portales informativos municipales y compruebe, si acaso se cumple, para empezar, con presentar, actualizar y difundir la información básica y fundamental. ¿Y el costoso e inútil IVAI? ¿Qué del caro Órgano de simulación superior (ORFIS), y de la encubridora Legislatura estatal?
Ni el fácil aplauso, ni el rechazo por ignorancia.
Imprescindible nunca olvidar, que en una Democracia responsable, es obligatorio evaluar el desempeño, para reconocer, consolidar y fortalecer lo bueno; y para también identificar y señalar lo malo. Preciso identificar logros y avances, si los hay; y al mismo tiempo, errores, pérdidas y pendientes, que abundan por evidentes.
Y hay que insistir y repetirlo. Para saber es indispensable contar con la información, y no solo con el discurso, informe o boletines de los presuntos responsables de gobernar.
Por eso los cuestionamientos son actuales y vigentes.
Para empezar por el principio, ¿cumplen y han cumplido gobernantes, funcionarios y servidores públicos municipales con su obligación permanente e ineludible de informar y transparentar sus actividades y resultados?, ¿lo hacen, cuando menos, como lo establece la ley?
Pocas veces, como en los llamados informes municipales, se tiene oportunidad de apreciar y comprobar, los alcances de la inercia, costumbre o forma sistemática de eludir las responsabilidades; de aceptar de hecho las omisiones o complicidades, al dejar hacer y dejar pasar.
O, lo que es peor, es altamente preocupante, simplemente ignorar los alcances de los daños ocasionados, no hacer nada o muy poco, respecto al sin número de oportunidades de mejoramiento y superación que pueden aprovecharse, en un cambio de gobierno de magnitud nacional y estatal. Mal se empieza, cuando no se aprovecha el impulso de la anunciada transformación.
Alerta, que ahora se sabe y trasciende, que una situación como la que se vive, presenta otras involuciones y debilitamientos institucionales, adicionales a la falta de disposición, al cumplimiento puntual del deber de todo gobernante y servidor público, de transparentar todas sus acciones, informar y garantizar su acceso público, actualizado y confiable.
Se ignora, no se sabe bien alcance y consecuencia, del desempeño de quienes son responsables o culpables de quebranto, daño, obstaculización, sabotaje, debilitamiento y destrucción institucional.
Opacidad evidente, para impedir, distorsionar o sabotear. Sobre todo, cuando en estos días de transición, predomina la manifiesta decisión e intención de los veracruzanos de cambiar, tanto para facilitar y hacer realidad la alternancia, como para transformar y consolidar estructuras, funciones y resultados que caractericen a un buen gobierno.
Por lo que no hay de otra, se debe insistir, exigir y preguntar, a todos los gobiernos municipales, que difundan: ¿Los resultados de la entrega recepción? ¿De qué tamaño fue el daño recibido y cuál es ya, el acumulado por el Ayuntamiento actual? ¿A cuánto asciende el total-total de la deuda pública municipal?
La población tiene derecho a saber; pero antes que todo, los que gobiernan tienen la ineludible obligación de informar.
En fin, mucho por hacer al respecto, en todos los ámbitos de gobierno. Probado está que opacidad y rapacidad gubernamental, facilita pérdidas y daños, limitaciones y sacrificios de la población que no está obligada a sostener ineptos y corruptos, simuladores y distractores.
Gasto público a debate
Solo como un adelanto. Ahora que presentan, discuten y aprueban los diversos presupuestos oficiales. Se debe resaltar, la importancia del tema presupuestal, su seguimiento y control, su fiscalización y evaluación, tanto a nivel federal, como estatal y municipal.
Se sabe porque se padece, que se comete el error y a pagar las consecuencias.
Diversos estudios apuntan hacia la atención urgente del tema. De entre ellos, vale la pena abordar en su momento, el realizado a petición de autoridades mexicanas, que el Banco Mundial preparó, conocido como: la Revisión del Gasto Público (Public Expenditure Review), 2016.
Versión que aunque todavía no incluye los devastadores efectos de la devaluación, las presiones inflacionarias y las consecuencias privatizadoras, da una idea de la magnitud y complejidad de la problemática, de antes del triunfo de la IV transformación como proyecto de nación, que también tendrá que incluirse.
Por ahora baste recordar que respecto a la administración de los escasos recursos públicos, no sólo se trata de exigir transparencia, rendición de cuentas, buenos resultados y eficiencia al gobierno; se trata también y al mismo tiempo, de llamar la atención acerca de la necesaria y permanente fiscalización y evaluación social.
En general, se debe exigir cumplimiento puntual de responsabilidades y obligaciones a todo servidor público, sin excepción.
Imprescindible sujetar a todos, al Estado de derecho; garantizar que gobernantes, funcionarios y empleados, se caractericen por su eficiencia y honestidad, en la administración de los recursos públicos, en el ejercicio de las atribuciones institucionales conferidas y, desde luego, en la optimización atención y previsión de las prioridades y necesidades de la población. Lo financiero es clave.
-Academico.IIESESUV @RafaelAriasH,Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasH
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